Los nuevos desafíos del proceso de implementación de la televisión digital abierta en los países de América Latina, y sus efectos en la libertad de expresión en la región, fueron discutidos el pasado 5 de abril en el marco del 157 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia, “Derecho a la libertad de expresión y regulación de medios de comunicación audiovisual en América”, participaron las organizaciones no gubernamentales: Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).
Para ambas organizaciones, la transición de la televisión analógica a la televisión digital abierta puede impactar positivamente en el derecho a la libertad de expresión al combatir la concentración de medios de comunicación en los países latinoamericanos. Esta migración a lo digital, dijeron, haría posible el ingreso de más operadores al espacio radioeléctrico - caracterizado por ser limitado y escaso - al contribuir a la pluralidad de voces y a la diversidad de contenidos.
Gustavo Gómez, director general de Observacom, señaló que el proceso de la migración al formato digital tiene un impacto muy importante sobre un recurso “escaso y valioso que es patrimonio de la humanidad”, refiriéndose al espacio radioeléctrico. El ahorro que esta “compresión de señales” permite a los gobiernos, agregó, se convierte en un tema político central en la región.
Uno de los objetivos de la transición a la televisión digital que expuso Gómez durante la audiencia, debería ser el poder lograr un sistema de medios – con nuevos operadores de los sectores comunitario, público y comercial – más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas.
Sin embargo, los resultados de un estudio realizado por Observacom a principios de 2016 en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, para ver si esta transición a la televisión digital estaba siendo compatible con los estándares propuestos por la CIDH en un informe de 2014, arrojan que los beneficiados siguen siendo los actores ya existentes. Dicho estudio destaca sobre todo a Brasil y Venezuela, como países con modelos de medios “sumamente concentrados”.
Una de las conclusiones del análisis de Observacom es que el proceso de transición a la plataforma digital abierta en los países de América Latina sigue siendo muy desigual. El énfasis sigue siendo económico, dijo el organismo, sin considerar el tema de libertad de expresión respecto a diversidad y pluralidad de contenidos.
En cuanto a lo comercial, la mayoría de los Estados de la región, según Observacom, está cediendo el espacio liberado en el espectro radioeléctrico, que deja el pase a la televisión digital abierta, a la banda ancha móvil, quitándole espacio a la radiodifusión.
Gómez también resaltó que no ha habido un proceso de discusión abierto por parte de los Estados con la sociedad, sino solo con las empresas, lo cual definió como una falencia a considerar en el análisis. “En la mayoría de los Estados hay muy poca participación civil respecto de las políticas públicas y definiciones técnicas”, puntualizó.
También en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que refiere la organización, se pide a los gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegurar que en el proceso de “transición digital terrestre se garantice el respeto de la libertad de expresión, incluida la diversidad de medios en cuanto a su línea editorial o tipo de propiedad”.
Entre los estándares que plantea la Relatoría Especial en el mencionado documento, también se plantea la adecuación de las normativas jurídicas de los gobiernos para implementar esta migración a la plataforma digital, de modo que esta modificación de las políticas públicas genere pluralismo de contenidos y evite la concentración en la radiodifusión.
Por su parte, el director general de AIR, Juan Andrés Lerena, sostuvo que la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas y, agregó, en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.
Aunque lo deseable es que no haya monopolios ni oligopolios, subrayó Lerena, “los medios sí deben tener la posibilidad de ser [económicamente] fuertes para que puedan enfrentarse sin temor a cualquier centro de poder”. Al respecto, citó como ejemplos los casos Watergate, Fifagate, y Lava Jato, en Brasil.
Durante la audiencia, los representantes de AIR también expresaron ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, su preocupación por la fijación de plazos de caducidad de licencias de funcionamiento de los medios, y la existencia de mecanismos de renovación poco claros que existen en los países latinoamericanos.
Esto conlleva, según la organización, a un “manejo arbitrario e ilegítimo por parte de los gobiernos de turno”, presionando de esta manera a los medios de radiodifusión a modificar su línea editorial a favor del Estado.
“Hoy en Venezuela, centenares de radioemisoras con sus licencias vencidas esperan la renovación de su frecuencia. También ocurre en Ecuador y Bolivia”, dijo Lerena.
El otorgamiento de licencias por tiempo indeterminado, con opciones de preferencia para su renovación al radiodifusor que ha sido responsable durante su tenencia, “es la mejor garantía para el ejercicio de la libertad de expresión”, aseveró Edmundo Rébora de AIR, también presidente de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA.
Pero para Observacom, la renovación automática de las concesiones consolidan y perpetúan la concentración que ya existe en la región. La subasta económica, según dijeron, no puede ser uno de los pocos mecanismos de acceso a tener licencia, ya que “eso implica que solo los que tienen más dinero pueden acceder a manejar un medio”.
A su turno, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy de Observacom, dijo que la concentración en los medios de comunicación no puede ser manejada como cualquier mercado, porque está en juego la libertad de expresión. “El pluralismo no siempre se puede resolver con leyes de competencia económica”, recalcó.
Tras la exposición de ambas organizaciones, Lanza señaló que cualquier tipo de regulación a los medios de comunicación se vuelve un tema “complejo y sensible”, ya que estos son “los vehículos a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión, dan espacio al debate público y a la difusión colectiva”.
Ante el pedido de Observacom a la Relatoría Especial, de asistir a los países latinoamericanos que empiezan la implementación, o están en pleno proceso, de la televisión digital abierta, Lanza reiteró el compromiso de la Oficina a construir los mejores estándares que garanticen la continuidad de los sectores tradicionales de la radiodifusión, del sector comercial y de aquellos sectores que se han sentido excluidos. Se refirió con esto último a las radios y canales comunitarios.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
