La situación de seguridad para la prensa colombiana parece estar empeorando en medio de los procesos de paz que adelanta el Gobierno con grupos guerrilleros del país.
A la desaparición de la periodista colombo-española Salud Hernández-Mora dada a conocer el 23 de mayo, se sumó la denuncia de la retención de al menos cinco periodistas que habían llegado al lugar a averiguar sobre Hernández-Mora, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Tres periodistas fueron liberados, pero se sospecha que los otros dos reporteros están secuestrados por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Así lo dio a conocer RCN Televisión, medio para el que trabajan el periodista Diego D’Pablos y el camarógrafo Carlos Melo con quienes no se tiene comunicación desde la tarde del lunes 23 de mayo luego de que los comunicadores llegaran al municipio de El Tarra, zona del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.
El periodista Diego Veloza, corresponsal de Caracol TV y uno de los tres periodistas liberados, dijo a la emisora Blu Radio que él junto a un camarógrafo y una periodistas de la zona fueron retenidos por cuatro hombres que se identificaron como miembros del ELN, informó RCN.
A pesar de que nunca vieron a los otros periodistas, Veloza dijo que quienes los habían retenido les dijeron que también habían retenido al equipo de RCN, agregó este medio.
Para Catalina Botero, exrelatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación es muy grave teniendo en cuenta el importante rol que cumplen los periodistas en la zonas de conflicto y agregó que los ataques en su contra son una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“La función de los periodistas, sobre todo en zonas de conflicto, es fundamental. La prensa, sin duda, ayuda a disminuir la crueldad y el sufrimiento de poblaciones azotadas por la violencia al denunciar y alertar sobre lo sucedido”, dijo Botero en conversación con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Por la importancia de la labor que cumplen, el derecho internacional ordena proteger a los periodistas que cubren estas zonas. Son civiles protegidos y cualquier crimen contra ellos es una grave violación del DIH”.
Botero agregó que en este momento es de vital importancia además no responsabilizar a los periodistas por cumplir una labor en zonas consideradas peligrosas, sino responsabilizar a los grupos que los tienen retenidos, si es el caso.
“No puede nunca afirmarse que un periodista que intenta reportar desde esas zonas y acercar esas realidades al resto de la sociedad, está extralimitándose. Al contrario, está cumpliendo exactamente la función extraordinaria que tiene la prensa. Y cualquier ‘retención’ no es sino un secuestro que viola el DIH, los derechos del periodista y el derecho de toda la sociedad a estar informada. Es un crimen castigado no sólo por el derecho interno sino por el derecho internacional”, agregó.
En esa misma línea se pronunció la FLIP que exigió la “libertad inmediata y retorno de los periodistas al ejercicio de su oficio sin condiciones, velando por la vida e integridad de los reporteros”, e hizo un llamado para que se respeten las normas del DIH.
La desaparición de los periodistas se da en medio de un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande del país, y del anuncio de un proceso similar con el ELN el cual fue condicionado por el presidente del país a que el grupo dejara en libertad a sus secuestrados.
Frank Pearl, negociador del gobierno en el proceso con el ELN, le pidió al grupo liberar a los periodistas si los tiene en su poder.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
