Una revista chilena se enfrenta a una demanda por el delito de injurias y calumnias interpuesta por el más alto funcionario del Gobierno.
La presidenta Michelle Bachelet está demandando al semanario Qué Pasa por el delito de injurias y calumnias en respuesta a un artículo de la publicación. La querella fue confirmada el 31 de mayo por el portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, quien dijo desde La Moneda, sede de las oficinas presidenciales, que Bachelet presentó la queja como ciudadana, de acuerdo con El Mostrador.
El 26 de mayo, la revista Qué Pasa publicó algunas transcripciones de conversaciones telefónicas de quien sería el gestor inmobiliario Juan Díaz, las cuales habían sido ordenadas por el juez del caso Caval.
El caso Caval incluye cargos por presunto tráfico de influencia en contra de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, quien es copropietaria de la empresa Caval. Qué Pasa fue el primer medio en publicar la historia en febrero de 2015, según la agencia EFE.
En las conversaciones telefónicas, el hombre habría mencionado a la presidenta Bachelet.
Poco después de publicar las transcripciones, la dirección de Qué Pasa publicó una nota diciendo que habían editado el artículo y eliminado “fragmentos donde se hacían acusaciones graves contra terceras personas”, y ofreció disculpas a las personas afectadas y a sus lectores.
“Aunque desde un principio se explicitó que esta es sólo la transcripción de las conversaciones telefónicas de un imputado en el caso Caval, registro que está en manos del fiscal de la causa, y que su veracidad no estaba en ningún caso acreditaba, la dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio”.
Tras la publicación de la actualización, el 27 de mayo, el Colegio de Periodistas de Chile emitió un comunicado sobre el caso en el que aseguró que ratifica su compromiso con que los “periodistas difundirán, con rigurosidad y responsabilidad, sólo informaciones fundamentadas”.
En respuesta a la noticia de la demanda, Qué Pasa publicó su propia declaración en la que dijo que la acción “intenta coartar la libertad de expresión”.
“Todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La Presidenta de la República no está exenta de este control”, escribió la revista.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue preguntado por el caso en una entrevista con CNN Chile durante una visita oficial, por invitación del Estado chileno, para hablar sobre la libertad de expresión en el país.
Lanza dijo que no podía hablar sobre un caso específico, pero señaló que existen estándares internacionales que maneja la Relatoría Especial y la Comisión en casos como estos.
Según Lanza, estos estándares incluyen que en una democracia los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y de la prensa; el no uso del derecho penal sino el civil en caso de presuntas injurias especialmente en temas de interés público; y el llamado reportaje neutral el cual establece que cuando un periodista publica información de interés público dada por un tercero, no asume responsabilidad por ser intermediario de la información.
Dijo que la acción “tiene un efecto inhibitorio, no solo [por] el problema que hoy enfrenta el medio y el periodista, sino el efecto inhibitorio para el resto de los medios y para el resto de los periodistas”.
Bachelet hizo una declaración el 1 de junio, desde la sede en París de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que defendió y explicó su decisión de demandar al semanario, según La Tercera.
“Una democracia fuerte y madura necesita de un periodismo serio y riguroso, y yo siempre apoyaré la libertad de expresión y siempre apoyaré que éste sea hecho de manera seria, rigurosa, y verificando la información que efectivamente se coloca. Por eso es que me ha parecido que como persona mi honra ha sido afectada y por eso hemos presentado la querella por injurias y calumnias”, aseguró Bachelet según La Tercera.
En Chile, la difamación se castiga bajo el Código Penal y puede conllevar multas y tiempo en prisión.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.