Activistas están reportando que bandas criminales y grupos paramilitares en Colombia, uno de los países más peligrosos para periodistas en América Latina, han estado emitiendo amenazas de muerte a periodistas y defensores de derechos humanos durante los últimos dos meses. Los medios de comunicación y representantes del gobierno han pedido investigaciones para encontrar los responsables de dichas amenazas.
El Ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, anunció recientemente que se les daría protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos amenazados, y resaltó la importancia de averiguar quién está detrás de estas amenazas.
“No es aceptable que en Colombia todos los días estén apareciendo panfletos contra distintos dirigentes de la vida pública y necesitamos encontrar los responsables de estas actuaciones”, aseguró Cristo.
La nueva serie de amenazas empezó pasado diciembre y continuaron este nuevo año, señaló Fabiola León, representante para Colombia de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Tras una entrevista con León, Telesur reportó que “en el transcurso de aproximadamente 20 días, cinco amenazas escritas se han entregado dirigidas a 150 personas, que incluyen no sólo periodistas, sino también a activistas sociales y líderes de restitución de tierras”.
A principios de diciembre de 2014, RSF publicó que el grupo paramilitar Bloque Capital – Águilas Negras lanzó amenazas en contra de un portal de análisis de información, de estaciones de televisión y de un periodista.
La organización dijo que “condena el hecho de que los grupos criminales paramilitares de Colombia puedan seguir sembrando el terror con total impunidad. Su mantenimiento – como resultado del fracaso del proceso de desmovilización – es un lastro para la sociedad colombiana”.
Los periodistas amenazados se reunieron en Bogotá el 11 de diciembre para discutir sobre las amenazas. RSF informó que el grupo paramilitar le había dado a los medios de comunicación hasta el 1 de enero para abandonar sus ciudades luego de acusar a los periodistas de “terroristas guiados por las FARC y el ELN”. La organización criticó al Gobierno colombiano por no haberse pronunciado sobre la situación.
Cuando el Ministro del Interior habló sobre las amenazas señaló que éstas tenían por objetivo afectar el proceso de paz.
El Gobierno colombiano y las FARC comenzaron los diálogos de paz para terminar uno de los conflictos internos más largos de América Latina en octubre de 2012. Durante gran parte del siglo pasado, Colombia ha sido el hogar de combates entre las fuerzas de seguridad del Estado, guerrillas de izquierda, carteles de droga, bandas criminales y grupos paramilitares.
El Gobierno y las FARC acordaron tres puntos de la agenda de negociaciones, pero siguen negociando sobre los derechos de las víctimas, el desarme de miembros de las FARC y la implementación del plan de los diálogos de paz. Los combates han continuado durante las conversaciones y los críticos han cuestionado ciertos acuerdos y la efectividad del proceso.
En 2003, el Gobierno y una de las organizaciones paramilitares más grandes, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), firmaron un acuerdo de paz, y a partir de ahí miles se han desmovilizado. Sin embargo, muchos aseguran que algunos grupos continúan operando.
Esta no es la primera vez que grupos armados distribuyen amenazas de muerte a periodistas a través de panfletos. En mayo de 2013, los periodistas colombianos enfrentaron una ola de amenazas y ataques que activistas dijeron ser en respuesta a las denuncias de corrupción y a las negociaciones de paz.
El 22 de enero de 2015, la Defensoría del Pueblo, institución nacional que monitorea los derechos humanos en Colombia, denunció las recientes amenazas que habían aparecido a través de panfletos bajo el nombre del grupo criminal Autodefensas Gaitanistas del Atlántico y Magdalena y pidieorn una investigación para determinar los autores de los panfletos. La entidad también pidió a la Unidad Nacional de Protección que revisara los métodos de protección de aquellos amenazados.
Un reporte de 2013 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) explicó que los grupos criminales conocidos como bandas criminales o Bacrim fueron creadas por ex paramilitares. Estas bandas trafican drogas y extorsionan a empresas.
“Las bacrim a menudo trabajan en connivencia con políticos locales, y cuando los periodistas investigan temas como la corrupción gubernamental, a veces reciben amenazas de las bacrim”, según el reporte.
Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, dijo al Centro Knight que durante el 2014 la organización registró 131 agresiones a la prensa. Los agentes de la fuerza pública cometieron el 24 por ciento de dichos ataques, mientras que las Bacrim cometieron el 33 por ciento. Hubo un incremento entre 2013 y 2014 en el porcentaje de los ataques cometidos por las Bacrim.
Vaca dijo que el programa de protección del país para periodistas los provee de chalecos antibalas, apoyos de transporte y subsidios de reubicación temporal. En casos donde el riesgo es mayor, a los periodistas se les asignan escoltas y vehículos de protección.
Vaca señaló que el principal problema es que el esquema de protección sólo puede contener los riesgos, pero no los elimina.
“Para eso se requiere que avancen las investigaciones sobre el origen de las amenazas y lamentablemente esto no ocurre”, aseguró Vaca. “La capacidad de proteger se ha disminuido notablemente en los últimos meses debido a la carencia de recursos económicos para soportar el alto número de personas protegidas, esto genera la paradoja de que varios periodistas tienen esquemas de protección que no funcionan de manera adecuada”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
