Los asesinatos de al menos 33 los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el continente americano durante 2016 dan cuenta de un incremento de la censura y la corrupción en los países de las Américas, determinó el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte anual documenta tendencias y situaciones críticas, incluyendo tanto avances como restricciones y violencias contra la libertad de expresión en las Américas. En el 2016, “un año crítico para la democracia en la región”, se registró violencia contra periodistas, protestas sociales, uso de leyes penales para restringir la libertad de expresión, discursos estigmatizantes contra periodistas y se trataron asuntos de libertad de expresión en internet.
México, Brasil, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Venezuela son los países de los periodistas asesinados en 2016. La mayoría de los periodistas asesinados investigaba sobre hechos de corrupción política o eran líderes en sus comunidades locales. En consecuencia, un gran índice de impunidad sigue afectando a muchos países de la región, según el estudio.
Por cuarto año consecutivo, la Relatoría registró un aumento en el número de periodistas y comunicadores asesinados. Según la organización, se registraron 27 asesinatos de periodistas en 2015, 25 en 2014, y 18 en 2013.
Aún cuando parezca evidente que estos asesinatos a periodistas tienen relación directa con el ejercicio de su profesión, es difícil confirmar ese nexo en todos los casos, debido al alto nivel de impunidad existente en el castigo de estos crímenes, señaló la organización.
El informe – el decimonoveno de la CIDH desde 1997 – posee tres grandes capítulos sobre temas actuales: Estándares para una internet libre, abierta e incluyente; Zonas Silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión; y Jurisprudencia Nacional en materia de libertad de expresión.
En el documento, la Relatoría Especial también subrayó como obstáculo de la libertad de expresión, la aplicación de leyes penales para enjuiciar a quienes hayan publicado alguna información que ofenda a funcionarios públicos.
La Relatoría Especial siguió dando seguimiento en el actual informe a las numerosas sanciones a medios de comunicación en Ecuador por parte del Gobierno. Esto, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, una ley incompatible con los estándares internacionales en cuanto al derecho a la libertad de expresión, señaló el organismo.
Otros obstáculos a la libertad de expresión señalados por el informe de la CIDH serían el uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios por parte de las autoridades estatales, y el empleo de mecanismos de censura directa e indirecta para condicionar el libre flujo de la información.
En ese sentido, el documento resalta en el capítulo de zonas silenciadas tres casos emblemáticos en la región: el de Tamaulipas (México), Mazatenango (Guatemala) y la frontera paraguaya.
Los lugares mencionados se caracterizan por tener un incremento sostenido de la violencia contra periodistas, tanto a nivel de organizaciones criminales como por parte de entidades y funcionarios del gobierno, y un alto nivel de impunidad.
Respecto a México, a pesar de la implementación de medidas y mecanismos federales para proteger a periodistas, el país sigue siendo el más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Algunas regiones periféricas del país son las que enfrentan riesgos más serios.
Por ejemplo, el informe señala a Tamaulipas como el lugar donde se originó la violencia contra periodistas en México. Desde la década del 2000, los carteles de narcotráfico ya arremetían contra los medios de comunicación y los periodistas. Esto ha generado una situación de violencia estructural, de impunidad y de autocensura en la prensa de dicho estado.
Pese a esto, el gobierno de Tamaulipas no cuenta con agencias especializadas en materia de delitos contra la libertad de expresión, informó el reporte de la Relatoría.
Otros obstáculos para ejercer el derecho a la libertad de expresión en muchos países de la región son las restricciones estatales impuestas al ejercicio de este derecho. También el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante las protestas sociales es una afrenta a este derecho.
Desde la Relatoría, la CIDH recomendó en el informe a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que diseñen marcos regulatorios que protejan y permitan el ejercicio de la protesta social. También propuso que adopten medidas especiales para proteger a los periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad social, para que no sean detenidos, agredidos ni sean vulnerados sus derechos.
La Relatoría Especial anotó en su informe múltiples casos de intimidación y agresión física a periodistas en Venezuela durante el desempeño de su trabajo. Algunas de estas agresiones a comunicadores han sido causadas por agencias de seguridad estatales como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Todo esto en el marco de una severa polarización entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Maduro inició el 28 de abril el proceso de retiro de Venezuela de la OEA, en el contexto de una profunda crisis política, económica y social, que ya va cobrando la vida de 29 venezolanos.
El estudio también señaló con preocupación la existente concentración de medios de comunicación, y el déficit de pluralismo en los sistemas de medios de varios países de la región. Esto reduce el debate público y hace menos posible que todos puedan expresarse, determinó el análisis.
Los medios de comunicación e internet son vehículos para que la sociedad acceda y difunda información y opiniones sobre temas de indudable relevancia social y política, principalmente, expuso el informe.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
