En respuesta a las denuncias de 23 periodistas agredidos durante la represión policial de las recientes protestas sociales en Paraguay, el gobierno de este país anunció la adopción, en los próximos días, de un protocolo de seguridad para periodistas en situación de riesgo.
Esta información se dio en el marco del 162 Periodo de Audiencias Públicas de la CIDH, que tuvieron lugar del 22 al 26 de mayo en Buenos Aires, Argentina.
Ariel Martínez, Viceministro de asuntos políticos del Ministerio del Interior, quien informó sobre la medida, dijo que el Gobierno rechaza toda agresión contra la prensa. “El Estado paraguayo tiene un compromiso de garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión se desarrolle dentro de los límites constitucionales y legales. Queremos determinar si en realidad estas acciones, totalmente inaceptables, fueron dirigidas a la prensa para obstaculizar su trabajo. Eso está en investigación”, declaró.
Entre el 31 de marzo y el 1 de abril, los paraguayos salieron a las calles a protestar por una enmienda constitucional presentada por el gobierno del Presidente Horacio Cartes, que le permitiría poder ser reelegido a la presidencia. Las protestas sufrieron una fuerte represión policial que dejó en consecuencia un muerto, decenas de heridos y 23 periodistas agredidos.
En la audiencia, Marta Escurra, presidenta del Foro de Periodistas de Paraguay (Fopep), dijo que los 23 periodistas heridos fueron agredidos “adrede y de forma indiscriminada” por la Policía Nacional, y que sus equipos de trabajos fueron destruidos.
Según Escurra, la policía siguió órdenes superiores de evitar cualquier registro de la represión policial contra los manifestantes, que protestaban contra el entonces proyecto de enmienda constitucional que le daría al Presidente Horacio Cartes la posibilidad de reelegirse.
Escurra citó entre las víctimas los casos de agresión a José Bogado, reportero gráfico del diario Última Hora, quien recibió 18 impactos de balines de goma, uno cerca de la columna vertebral; Christian Nuñez, reportero gráfico de HispanTV, quien sufrió graves contusiones, una de ellas casi lo hace perder el ojo derecho; y Óscar Lovera, periodista de UniCanal, que recibió impactos de balines de goma en el torso, entre otros.
Respecto a Lovera, Escurra dijo que el periodista tenía temor de reportar su caso debido a que “su medio forma parte del conglomerado de medios de comunicación propiedad de la familia Cartes. Él pidió al Fopep que no sea publicado su caso, por temor a las consecuencias”.
Escurra, quien acudió a la audiencia también en representación de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, denunció también que el 65% de los medios de comunicación paraguayos son propiedad de la familia del presidente Cartes. Los representantes del gobierno en la audiencia desconocieron esa información.
“Desde el (año) 1989, que fue la apertura democrática, hasta hoy, nunca hemos tenido un incidente tan monumental en términos de agresión e impunidad con respecto a los periodistas. Lo positivo es que gracias a la Mesa (Interinstitucional) pudimos hacer una denuncia conjunta. La libertad de expresión es un principio fundamental en una democracia, y si ese principio no se respeta estamos en un Estado fallido”, dijo Escurra.
Marcelo Scappini – director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, también presente en la audiencia – dijo en defensa del Estado que luego de los incidentes del 31 de marzo y 1 de abril, el Presidente destituyó al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía, para evitar excesos en el uso de la fuerza pública.
“El Estado se encuentra abocado a la investigación total de los sucesos, de acuerdo a la normativa vigente en el país”, señaló Scappini, reiterando el compromiso del Estado a esclarecer quiénes fueron los responsables de la violencia contra periodistas y los responsables de la violencia contra patrimonio del Estado durante las manifestaciones.
En su intervención, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo haber tratado con el Ministro del Interior de Paraguay, en una visita reciente al país, el tema de la falta de protocolo policial y de herramientas de la fuerza policial para abordar las manifestaciones sociales.
“En democracia, los periodistas y los manifestantes no pueden ser vistos como enemigos, subversivos, por el hecho de expresarse. La manifestación es un vehículo legítimo”, subrayó el Relator.
Al mismo tiempo, saludó la decisión del Estado de promover una política interinstitucional de prevención y protección a periodistas, por parecerle una medida fundamental por el rol que cumple la prensa en una democracia.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
