Seis años después de que las ‘chuzadas’, o interceptaciones ilegales, a periodistas en Colombia escandalizara al país, su fantasma vuelve a aparecer. En las últimas semanas se ha conocido información sobre presuntos hechos de corrupción y abuso al interior de la Policía Nacional, que incluyen el seguimiento y la interceptación ilegal de comunicaciones de varios periodistas.
A raíz del escándalo que ha producido la información, este 9 de diciembre el presidente del país, Juan Manuel Santos, anunció la creación de una Comisión Especial para que investigue lo que está sucediendo en la Policía, informó la revista Semana.
“No nos temblará la mano para actuar contra cualquier caso comprobado de corrupción o abuso que encontremos en la Policía Nacional o en cualquier otra entidad pública. Aquí no perseguimos a nuestros críticos ni a nuestros opositores. No chuzamos ni perseguimos periodistas. Y, si alguien lo está haciendo, es sin conocimiento ni autorización del gobierno y tendrá que enfrentar todo el peso de la ley”, dijo Santos al anunciar la Comisión, según el diario El Espectador.
El informe de la Comisión deberá ser entregado en un plazo no mayor a 90 días.
Este nuevo episodio se dio a conocer cuando hacia finales de noviembre las periodistas Claudia Morales y Vicky Dávila recibieron correos electrónicos con información detallada que demostraban un seguimiento e interceptaciones a sus comunicaciones, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Dichos monitoreos no solo incluían su trabajo periodístico, sino su vida personal.
De acuerdo con la información que llegó a las periodistas, este seguimiento era realizado por un grupo de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) “para proteger a su director, el general Rodolfo Palomino”, publicó El Espectador.
Los correos enviados a Dávila señalaban que estas órdenes tenían como causa sus investigaciones periodísticas relacionadas con “la comunidad del anillo”, una red de prostitución al interior de la Policía y por medio de la cual habían manipulado a congresistas, políticos, militares y periodistas, agregó el diario.
Durante el intercambio de correos electrónicos con su informante, Dávila conoció que otros periodistas también estaban en la lista de los controlados. Nombres como Jairo Lozano, Slobodan Wilches, Daniel Coronell y Gustavo Álvarez Gardeazábal aparecieron en dicha lista.
El 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de la investigación “con la hipótesis de que las amenazas, interceptaciones y seguimientos ilegales de las cuales ha sido víctima la periodista Vicky Dávila pueden guardar relación con una serie de notas y denuncias periodísticas que involucran presuntas irregularidades dentro de la Policía Nacional de la República de Colombia”, según el comunicado de prensa.
“En el evento en que se llegara a comprobar que existe relación entre los hechos denunciados por la periodista en los medios de comunicación y los seguimientos e interceptaciones de los cuales presuntamente han sido víctimas ella, su familia y su equipo periodístico, considero que estaríamos frente a un hecho que constituye un gravísimo atentado contra la democracia colombiana y la libertad de prensa”, agregó el comunicado.
Hacia finales de octubre, la FLIP ya había denunciado un bloqueo policial a las páginas de la FM y de Caracol Radio, medios en los que trabajan Dávila y Morales respectivamente.
“Sorprende que las actividades de espionaje en lugar de parar se agudicen sin que se esclarezcan responsabilidades”, afirmó la FLIP, al tiempo que les exigió a las autoridades cesar con estas prácticas que no solo son inconstitucionales, sino que “violan la libertad de prensa, el derecho a la intimidad y el fuero de reserva a fuentes periodísticas”.
Y es que este nuevo escándalo recordó el caso de las ‘chuzadas’ que estalló en 2009 y que terminó en la liquidación del entonces organismo de inteligencia del país: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Por este caso, varios miembros del DAS han sido vinculados a investigaciones y algunos han recibido sentencias condenatorias. Los más significativos se dieron el pasado 27 de febrero cuando la Corte Suprema halló culpables a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al ex secretario general de la Presidencia en el mandato de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno Villegas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
