Este es el primer artículo de una serie sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina.*
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
Dado que la violencia contra los periodistas ha aumentado en América Latina, varios países han creado mecanismos de protección diseñados para implementar medidas de seguridad para los periodistas que denuncian ataques o amenazas en su contra. Esta tendencia se intensificó después de 2012, cuando las Naciones Unidas lanzaron su Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas basado en las “tres P”: prevención, protección y enjuiciamiento [prosecution, en inglés].
Después de discutir los aspectos de prevención en la primera parte de esta serie, ahora pasamos a las experiencias de implementación de mecanismos de protección en varios países. (Si bien estos mecanismos generalmente se aplican a periodistas y defensores de derechos humanos, las medidas son las mismas independientemente de la persona a la que se dirigen).
Más que la prevención (donde las medidas involucran a los periodistas) o la consecución de justicia (que depende de la acción gubernamental), los mecanismos de protección son herramientas que requieren una estrecha colaboración entre periodistas, medios y autoridades. Por eso, existe un gran potencial de fracaso si no existe una asociación adecuada entre las partes interesadas.
Nos centraremos en tres países donde se están realizando esfuerzos para establecer sus propios mecanismos, en lugar de evaluar cómo funcionan los programas existentes en países que los adoptaron hace años. Esto permite una mirada a los obstáculos que se interponen en el camino de formar un mecanismo efectivo que proteja a un periodista en riesgo e investigue las amenazas o ataques con el objetivo de prevenir futuros daños.
Guatemala, Bolivia y El Salvador son los tres países que examinaremos, observando cómo comenzaron las iniciativas para lanzar mecanismos de protección, cómo progresaron y dónde se encuentran ahora. La génesis de las iniciativas es diversa en cada caso: en Guatemala fue propuesta por una comisión internacional; en Bolivia, los periodistas se movilizaron para exigir que se establezca un mecanismo después de un incidente particular de violencia; y en El Salvador, la demanda creció a medida que aumentaban los ataques contra periodistas.
Colombia fue pionera en establecer un mecanismo de protección en el año 2000, con una importante reforma en 2011 que creó una Unidad Nacional de Protección, encargada de coordinar la respuesta del gobierno para salvaguardar a una persona en riesgo. En 2012, México creó su mecanismo, diseñado como una herramienta de respuesta rápida para aplicar de inmediato medidas cautelares a un periodista amenazado o atacado. En los años siguientes, Honduras, Paraguay, Ecuador y Brasil siguieron con programas similares.
Al ser los primeros mecanismos diseñados específicamente para proteger a los periodistas, los programas de Colombia y México han sido el modelo para otros países. Son reactivos en lugar de preventivos y dependen de una rápida coordinación entre las agencias gubernamentales (policía, investigadores y fiscales) para lograr un resultado exitoso en cada caso que se les presenta. Sin embargo, también dependen de presupuestos gubernamentales que, en el caso de México, han sido recortados.
La organización Reporteros Sin Fronteras acaba de concluir una revisión de los mecanismos de protección en Brasil, México, Colombia y Honduras, y si bien reconoce los beneficios que han traído al señalar la atención de las autoridades hacia el problema de las violencias contra periodistas, también revela importantes fallas.
“A pesar de que gozan de un marco legal y normativo adaptado a ellos (excepto en Brasil), los mecanismos de protección adolecen de fallos estructurales importantes, que evitan su correcta aplicación. Todos ellos dependen de instituciones ineficaces (policía, ejército, justicia); las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística; las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde; los recursos humanos y financieros son insuficientes, etc.”, señala el informe.
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
En Guatemala, un mecanismo de protección fue propuesto por primera vez por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) formada por las Naciones Unidas en 2006 para investigar y juzgar delitos graves cometidos por las autoridades. Si bien el mandato de la CICIG fue amplio, se ocupó de algunos casos de ataques contra periodistas. El llamado a crear un mecanismo de protección creció tras el asesinato de dos periodistas en la ciudad de Mazatenango en 2015. En 2019 se creó una fiscalía especial para delitos contra la prensa, pero aún están pendientes los instrumentos para las medidas de protección.
En El Salvador, la creciente violencia contra los periodistas ha impulsado un movimiento para exigir la acción del gobierno para evitar más ataques. Se propuso una ley en 2017, pero se ve lejana su aprobación.
Bolivia es el caso más reciente. El clamor por un mecanismo de protección comenzó a fines de 2021 cuando siete periodistas que cubrían un conflicto por tierras en Santa Cruz fueron secuestrados y torturados. A pesar de que la tensión había estado hirviendo desde al menos 2019 cuando las protestas forzaron la destitución del presidente Evo Morales, el secuestro fue el caso de violencia más extremo experimentado por periodistas bolivianos en la historia reciente. Lo suficientemente extremo como para formar un movimiento para exigir la acción del gobierno.
En estos tres casos, las iniciativas para construir los programas o mecanismos de protección requirieron conversaciones entre periodistas y funcionarios de gobierno. Pero la alianza requiere confianza y la falta de confianza ha sido el principal obstáculo, como veremos en la serie sobre las tres experiencias nacionales.
Un informe de 2019 sobre diferentes experiencias con programas nacionales para la protección de periodistas de International Media Support (IMS) advierte que “si bien una coalición puede ser un buen instrumento para implementar un Plan de Acción nacional, existen desafíos importantes involucrados tanto en su construcción como en su mantenimiento, así como en hacerlos impactantes”.
Los temas de discusión son amplios y complejos. Deben considerar factores como la rapidez de respuesta para las medidas de protección, la metodología para la evaluación de riesgos, la coordinación con las fuerzas del orden y las agencias de investigación para perseguir al agresor, la necesidad de incorporar una perspectiva de género y mucho más.
El informe de RSF citado anteriormente, por ejemplo, encuentra que todos los mecanismos de protección que revisó mostraron una falta de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales y que ninguno de ellos tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas,
Sumado a esto, según una investigación realizada por IMS, “el compromiso del sector de los medios de comunicación en la defensa de la seguridad de los periodistas, la implementación de mejores prácticas de seguridad y la mejora de las condiciones de trabajo son componentes esenciales para desarrollar un enfoque nacional de la seguridad”. Esto significa que las medidas institucionales promulgadas por ley para crear agencias gubernamentales encargadas de proteger a la prensa deben ir acompañadas de iniciativas de periodistas y organizaciones de noticias para implementar mejores prácticas para su seguridad.
Fuera de América Latina, varias iniciativas han brindado buenas lecciones sobre cómo construir una coalición de instituciones gubernamentales, organizaciones de noticias y grupos de periodistas. Uno de los más recientes es el Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas de Filipinas lanzado en 2019. Reúne no solo a periodistas y agencias gubernamentales, sino también a organizaciones de derechos humanos y a académicos. Y las instituciones gubernamentales incluidas no se limitan a la aplicación de la ley, sino que incluyen los departamentos de Educación y Trabajo, así como las agencias que se ocupan de los problemas de la mujer. El enfoque va más allá de la seguridad física o digital, a cuestiones de género e impunidad, además de promover la alfabetización mediática y las buenas prácticas.
Este es un enfoque que no existe en los mecanismos pioneros latinoamericanos de Colombia y México, pero que puede ser de ayuda para diseñar futuros programas nacionales de seguridad de los periodistas o romper el atasco en aquellos que, como veremos, ya están en marcha.
*Este es el séptimo artículo de un proyecto sobre seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
Lee otros artículos del proyecto en este enlace.
