* Por Laís Martins y Giovana Fleck, publicado originalmente en el sitio de la Revista AzMina
Advertencia: el siguiente reportaje muestra fragmentos explícitos de contenido misógino y racista. Optamos por no censurarlos porque creemos que es importante ejemplificar cómo el debate en las redes es violento, cómo se propaga la violencia contra las mujeres periodistas, qué términos se utilizan con frecuencia y cómo podemos identificarla.
El acoso en línea a periodistas en Brasil se ha intensificado en los últimos años debido al potencial de exposición creado por las redes sociales y la institucionalización de estos ataques. A través de un número cada vez mayor de ataques verbales, el discurso de odio contra los profesionales de los medios silencia, intimida y castiga, especialmente a las mujeres. Por un lado, los ataques del presidente Jair Bolsonaro contra periodistas han naturalizado este tipo de violencia en las plataformas; por otro lado, quienes deberían apoyar a estos profesionales carecen de rendición de cuentas. Así lo revela un estudio sobre violencia contra periodistas en redes sociales.
El estudio – “¿Cómo se utilizan las operaciones de influencia entre plataformas para atacar a periodistas y debilitar las democracias?” – muestra que la misoginia y el racismo están presentes en las estrategias de ataque a profesionales de la prensa. El trabajo fue realizado en colaboración por InternetLab, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital (INCT.DD), Laboratorio de Investigación Digital Forense del Consejo Atlántico (DFRLab), Instituto Vero, Revista AzMina y Volt Data Lab.
Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019, los indicadores que miden la situación del periodismo en el país han empeorado. Entre 2019 y 2020, la ONG Artigo 19 denunció una fuerte caída de la libertad de expresión, revisando la clasificación del ambiente periodístico brasileño de “Abierto” a “Restringido”.
En 2020, la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) registró 428 episodios de violencia contra profesionales de los medios, mientras que la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) totalizó 580 agresiones en el país. En 2021, por primera vez en 20 años, RSF puso a Brasil en la zona roja de su clasificación sobre libertad de expresión. Desde el inicio de la administración Bolsonaro, el país ya ha perdido 10 posiciones.
En los últimos años también ha crecido el número de agresiones a periodistas por parte de autoridades públicas, incluido el Presidente de la República. Y a menudo estos ataques tienen un objetivo: las mujeres. El monitoreo de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) sobre la violencia contra las mujeres periodistas identificó que el 52% de los ataques provenían de las autoridades, encabezadas por Bolsonaro.
Es importante recordar que el hecho de que estos ataques provengan de autoridades públicas puede alentar a la ciudadanía común a atacar a periodistas por su cuenta.
“Una vez que hay una señal del funcionario público, esto es casi como un mensaje codificado para que los simpatizantes ataquen, abusen y ofendan a periodistas y a cualquiera que se oponga o critique lo que hacen estas personas en el poder”, dijo Carlos Gaio, gerente jurídico sénior de Media Defense, que brinda asistencia legal a periodistas de todo el mundo.
El entorno virtual es especialmente violento para periodistas. En Twitter, por ejemplo, las mujeres periodistas reciben más del doble de insultos que sus homólogos masculinos. En el análisis textual de los ataques fue evidente el sesgo de género. Pero también hay una presencia significativa del racismo: “Hay diferencias entre periodistas hombres blancos y periodistas mujeres blancas, pero la disparidad es aún mayor si lo comparamos con periodistas no blancos”, dice Pedro Borges, cofundador y editor en jefe de Alma Preta, una agencia de periodismo especializada en temas raciales.
En 2020, Borges fue bloqueado en Twitter por el entonces presidente de la Fundación Cultural Palmares (FCP), Sérgio Camargo, quien también usó su perfil de Twitter para afirmar que la agencia “defiende a los bandidos”. En otra publicación, dos años después, calificó al medio de “victimista”.
Borges no fue el único, ya que Camargo también atacó a otros periodistas, como Flávia Oliveira, comentarista de GloboNews y presentadora del podcast Angu de Grilo. “Me dijeron que los comentarios sobre su publicación eran aún peores”, afirma Borges. “Eso fue lo único de lo que me salvé, de leer los comentarios”, completa el periodista.
“Nunca hicimos ninguna historia hablando de la vida personal de Camargo. Tiene todo el derecho de criticar un reportaje, de señalar cuando algo está errado, pero siempre opta por atacar [a periodistas] en el terreno personal”, destaca Borges.
El editor en jefe interpuso una demanda contra el expresidente de la FCP en dos acciones. La primera solicita que Camargo lo desbloquee en Twitter para garantizar el derecho a ejercer la profesión de periodista. La segunda pide la reparación del daño moral como consecuencia de las agresiones y ofensas sufridas. Según Borges, las acciones continúan tramitándose sin una decisión judicial hasta el momento. Dice que recibir ataques es una constante en su práctica, antes y después del episodio que vivió por culpa de Camargo.
En el estudio – ¿Cómo se utilizan las operaciones de influencia entre plataformas para atacar a periodistas y debilitar las democracias? – se observó que el lenguaje es diferente en los ataques contra periodistas de determinado género y etnia. Las mujeres negras y asiáticas, por ejemplo, están más asociadas con los términos “tendenciosa”, “parcial” y “ridícula”. Las mujeres blancas, en cambio, están más cerca de términos que las asocian con el comunismo, no simplemente como una posición política, sino como una forma de atacarlas, siendo llamadas también “terroristas” o “jornazis [perionazis]”.
En Twitter, las palabras clave que centralizan los ataques fueron identificadas como pertenecientes a seis grandes grupos: grupos minoritarios (negro, mujer, indígena, racismo, violación), términos sexuales (puta, maricón, chupador, culo), términos que critican posiciones políticas más a la izquierda (comunista, izquierda, Cuba, Venezuela, corrupto, bandido), competencia profesional (parcial, disfrazado de periodista, manipulador, partidista), supuesta falta de capacidad intelectual (analfabeto, analfabeto funcional, ignorante, tonto, demencia) y otra variedad que implica la suposición de falta de capacidad intelectual (imbécil, ridículo, jornazi, idiota, retardado).
En YouTube, el estudio observó una serie de insultos dirigidos especialmente a los medios de comunicación. El canal de televisión Band y el diario Folha de São Paulo están asociados con las palabras “podrido”, “mentiroso”, “militante”, “parcial”, además de expresiones más específicas como “hueco”, utilizadas con connotaciones sexuales para atacar mujeres periodistas. “Basura” y “cloaca” se asocian a otros canales como Globo, UOL, CNN, junto con “quiebra”, “desinformación” y otras palabras que indican una supuesta falta de credibilidad o mentiras. Cuando los insultos se dirigen a periodistas se utilizan expresiones como “vagabundo”, “comunista”, “sinvergüenza”, “puta”, entre otras.
Según Fernanda K. Martins, directora de InternetLab y una de las coordinadoras de la investigación, “observar el vocabulario utilizado para atacar a periodistas, nos hace darnos cuenta de que las ofensas cargan un vocabulario que concentra varias ofensas implícita o explícitamente sexuales, que marcan los ataques realizados por conservadores radicales en Brasil”.
A juicio de Carlos Gaio, quien trabajó durante diez años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta institucional a las agresiones contra periodistas ha sido insuficiente.
Del lado ejecutivo, el Programa de Protección a Defensores, que puede incluir comunicadores, tiene fallas y es uno de los pocos mecanismos de este tipo que podría proteger periodistas de ataques.
El poder judicial, incluida la Corte Suprema, también ha fallado en frenar las demandas contra periodistas, dijo Gaio. Incluso existe un conflicto de intereses, pues una de las formas de agresiones contra periodistas es el acoso judicial.
Este es el caso del reportero Rubens Valente, que ha ganado repercusión nacional e internacional en las últimas semanas. Con experiencia en la cobertura de derechos humanos y particularmente de cuestiones indígenas y territoriales, temas de riesgo para los periodistas, Valente vio el acoso y ataque contra su figura profesional desde un ámbito mucho más institucionalizado: la Corte Suprema.
El periodista fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia (STJ), en una sentencia luego confirmada por la Corte Suprema, a pagar más de R $300.000 [cerca de US U$70.000] al magistrado Gilmar Mendes por “daño moral” por la publicación del libro “Operação Banqueiro”. En él, Valente investiga al banquero Daniel Dantas, detenido en 2008 en un operativo de la Policía Federal.
La sentencia también determina que “incluya en una eventual reedición del libro, como derecho de réplica, la sentencia, acompañada de la transcripción íntegra y fiel de la petición inicial presentada por Gilmar Mendes”, según un reportaje de Agência Pública, que arrojó luz sobre el caso de hostigamiento judicial sufrido por el periodista.
Valente dijo que desde 2014, cuando el magistrado Gilmar Mendes interpuso una demanda en su contra, su labor como periodista se vio impactada de dos formas. Primero, porque se abstuvo voluntariamente de cubrir al magistrado Gilmar Mendes a pesar de las pistas que recibió de fuentes. “Me declaré impedido éticamente”, dijo Valente en una conversación por video Segundo, el periodista señala el tiempo perdido en construir su defensa y los ataques que sufrió a raíz de la acción de Mendes.
Si bien el acoso judicial contra Valente no se ha convertido en ataques en redes sociales, lo que preocupa al periodista es la persistencia de las falsedades propagadas en su contra. “Uno de los objetivos de la campaña de desprestigio es crear esta nube, esta sombra, para que se logre el objetivo”, dijo el periodista, expresando su preocupación por cómo se ve su imagen ante los organismos internacionales, que eventualmente pueden juzgar su caso.
El caso de Rubens Valente fue presentado por Abraji, en asociación con Media Defense y Robert F. Kennedy Human Rights, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El balance es que la decisión contra el reportero representa un precedente peligroso para la libertad de prensa en Brasil.
La sociedad civil se ha quedado con la misión de posicionarse y ayudar a los periodistas a protegerse de los ataques. Esto es cierto tanto en los casos en que los periodistas publican de forma independiente, como cuando faltan respuestas y reacciones más incisivas por parte de las instituciones gubernamentales y las salas de redacción.
El Instituto Vladimir Herzog coordina desde 2018 la Red Nacional de Protección a Periodistas y Comunicadores, un espacio para articular la lucha contra la violencia.
En 2021, Abraji lanzó el Programa de Protección Legal para Periodistas, financiado por Media Defense en alianza con el Instituto TornaVoz. El programa ha recibido hasta ahora cuatro casos, entre ellos dos periodistas que son objeto de una demanda presentada por Luciano Hang [un empresario e importante aliado del presidente Jair Bolsonaro.
Según Gaio, la reacción de la red es importante para dar visibilidad a los crecientes abusos. Pero esta respuesta no exime a ninguna de las otras partes (medios de comunicación, plataformas de redes sociales e instituciones gubernamentales) de asumir la responsabilidad y tomar medidas para detener la agresión contra los profesionales de los medios.
Twitter, la plataforma más popular entre periodistas, tiene políticas claras sobre el comportamiento abusivo y la difusión de discurso de odio en la plataforma, pero no supervisa, identifica ni elimina los delitos. “Las plataformas dicen que están haciendo un gran esfuerzo, pero la brecha aún es muy grande en cuanto al volumen de ataques, el funcionamiento de bots y trolls que atacan a periodistas. Por otro lado, parece que se apresuran a silenciar o bloquear cuentas por delitos que no se acercan a la violencia de estos ataques, por lo que parece haber un doble rasero", dijo Gaio, de Media Defense.
Como mostró un análisis previo realizado por AzMina con el apoyo de Núcleo Jornalismo, los profesionales que cubren política están más expuestos a ataques masivos en redes sociales, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas, especialmente en años electorales. En el caso de ataques contra mujeres periodistas negras o indígenas, la investigación encontró que solo dos de cada 10 ofensas en Twitter fueron eliminadas por la plataforma.
Los profesionales deben pensar de forma preventiva a la hora de compartir información personal y sensible en las redes sociales que pueda generar posibles ataques. Con este fin, es crucial que las salas de redacción y las organizaciones de medios, como los sindicatos y asociaciones de periodistas, eduquen y capaciten a sus periodistas en ciberseguridad. Y en el caso de una agresión conflagrada, las redacciones deben brindar apoyo.
“Después o durante un ataque, también es importante documentar este tipo de situaciones y tener alguien de confianza en la redacción que pueda acompañar al periodista”, dijo Gaio.
