Son ya 15 los periodistas asesinados en lo que va de 2022 en México. Agosto ha sido un mes particularmente violento contra los medios de comunicación en ese país, con el asesinato de tres periodistas y cuatro empleados de una radiodifusora.
El asesinato más reciente es el del periodista Fredid Román, la tarde del lunes 22 de agosto en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Román era fundador y director del semanario La Realidad y escribía columnas para medios locales, entre ellas “La Realidad Escrita”, en Vértice Diario.
Román, de 58 años, salió de sus oficinas alrededor de las cuatro de la tarde y abordó su vehículo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en su contra. El periodista recibió al menos cuatro impactos de bala que le quitaron la vida, de acuerdo con el periódico La Jornada.
Fredid Román recibió al menos cuatro impactos de bala afuera de su oficina en Chilpancingo, Guerrero. (Foto: Captura de pantalla de Facebook Live)
Apenas unos minutos antes, Román había publicado en su perfil de Facebook la que sería su última columna, en la que criticó las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación sobre el sonado caso de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa, en ese mismo estado.
La Fiscalía de Guerrero informó en un comunicado que una de las primeras líneas de investigación sobre el crimen estaba relacionada con el asesinato de Bladimir Román, hijo del periodista, quien fue acribillado a balazos el 1 de julio de este año.
Este martes 23 de agosto, Juan Esteban Román, uno de los cinco hijos que le sobreviven al periodista, informó a través de Facebook que su padre sería velado hoy y sepultado un día después en la comunidad de Buenavista de la Salud.
Mientras la violencia contra miembros de los medios de comunicación no da tregua y organizaciones nacionales e internacionales claman justicia y exigen medidas para proteger a los periodistas, el Gobierno mexicano insiste en negar la realidad violenta que vive la prensa en el país e incluso se perfila como el principal origen de las agresiones.
En su informe semestral, publicado el 18 de agosto, la organización Artículo 19 señaló que es preocupante que el presidente López Obrador califique las cifras de violencia contra periodistas como un intento de golpear su gestión y desvíe la responsabilidad del Estado sobre el ambiente de violencia contra la prensa.
“Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente”, indicó Artículo 19 en su informe.
Otra forma en la que la administración de López Obrador niega la realidad violenta contra la prensa, según la organización, es desestimar el vínculo de los crímenes con la labor informativa de las víctimas, a quienes además en ocasiones se ha culpabilizado de sus propios asesinatos.
Tal es el caso del periodista Roberto Toledo, de Monitor Michoacán, asesinado el 31 de enero. Tras el crimen, autoridades locales, estatales y municipales negaron que el asesinato estuviera relacionado con el trabajo periodístico de Toledo. El Gobernador de Michoacán dijo incluso que todo apuntaba a que el homicidio tenía que ver con el trabajo de Toledo como colaborador en un despacho jurídico.
Sin embargo, apenas unas semanas después, el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, también fue asesinado. Las autoridades responsabilizaron al periodista por no aceptar las medidas de protección que se le ofrecieron tras la muerte de su colega Toledo.
Artículo 19 subrayó que si bien existen posibles vínculos de los asesinatos de periodistas con el crimen organizado, el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República indica que, además investigar a todos los posibles autores intelectuales y materiales de los crímenes, se debe tener en cuenta el móvil de la libertad de expresión y la labor periodística de las víctimas como ejes principales de las indagaciones.
“Las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas están marcadas por la desestimación de su labor con los crímenes, por la revictimización de las víctimas, y sobre todo por la negación de las autoridades en la obligación que tienen tanto de proteger como de investigar todos los homicidios, estén o no vinculados con el crimen organizado”, se lee en el informe.
Dicha negación y revictimización de las autoridades se puede ver claramente en las conferencias de prensa matutinas del presidente de México, particularmente en las secciones “Cero Impunidad” y “Quién es quién en las mentiras”. En la primera, el Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, presenta cada jueves los avances en las investigaciones sobre casos de agresiones a periodistas.
Sin embargo, de acuerdo con Artículo 19, dicha sección ha desvinculado en repetidas ocasiones la labor periodística como línea de investigación de los homicidios, revictimizado a las víctimas y difundido información discrepante con la de autoridades locales.
“El espacio ‘Cero Impunidad’ pretende equiparar órdenes de aprehensión, imputados o vinculados a proceso con justicia; dando por hecho que tales avances por sí mismos son muestra de abatimiento de la impunidad”, dice el informe. “El gobierno informa sobre los asesinatos perpetrados en 2022, sin que rinda cuentas de los cometidos durante el resto del sexenio y gobiernos anteriores”.
Por su parte, “Quién es quién en las mentiras” es un apartado en el que Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, desmiente supuestas noticias falsas sobre el Gobierno de López Obrador. Sin embargo, para Artículo 19, la sección es un espacio de estigmatización y desinformación en el que se ataca y descalifica a medios y periodistas.
En ese sentido, en febrero de este año, el Relator Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, exhortó al Gobierno de López Obrador a cancelar la sección “Quién es quién en las mentiras” por señalar y exponer a periodistas que son críticos del gobierno y porque envía mensajes confusos sobre la intención de las autoridades de garantizar la libertad de prensa.
En la primera mitad del cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa un incremento de 51.83 por ciento en comparación al mismo periodo del anterior presidente, Enrique Peña Nieto. Eso significa que, en promedio, cada 14 horas se registra un ataque contra representantes de la prensa en México, según el informe.
“En un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor, el estigma y la descalificación sólo agravan el contexto hostil bajo el cual la prensa ejerce su labor, contraviniendo la pluralidad del debate y la tolerancia a la crítica y a la diversidad, ambas esenciales para la democracia”, indicó Artículo 19. “Las 331 agresiones contra la prensa registradas a lo largo de seis meses reflejan claramente las acciones y omisiones de las autoridades en agravio de la prensa. En este contexto, las autoridades niegan la violencia contra la prensa, al mismo tiempo que directamente perpetran agresiones contra periodistas y medios. En este sentido, pese a ser uno de los momentos más críticos para la prensa en México, se vislumbran pocas acciones para el combate a la impunidad”.
Antes del asesinato de Fredid Román, organismos internacionales ya habían condenado el repunte de violencia contra la prensa mexicana en las últimas semanas, marcado por los asesinatos de seis trabajadores de la comunicación en dos semanas.
El 9 de agosto de 2022, el periodista Juan Arjón López, originario de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, fue visto por última vez. Colegas de la prensa de ese estado, ciudadanos y organizaciones sociales salieron en su búsqueda por varios días sin dar con su rastro. Fue tal el eco de la desaparición en redes sociales que la Fiscalía de Sonora inició una investigación pese a que no existía una denuncia formal.
Juan Arjón fue hallado sin vida y con traumatismo craneoencefálico, según la Fiscalía de Sonora. (Foto: Facebook de Juanito Arjón Informa)
El martes 16 de agosto, las autoridades anunciaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Arjón López, de 62 años, cerca de una carretera. El periodista presentaba traumatismo craneoencefálico, según la Fiscalía, lo que indicó que pudo haber sido asesinado a golpes.
Arjón López se convirtió así en el miembro de la prensa número 14 en ser asesinado en México en lo que va de 2022. Apenas unos días antes, el 11 de agosto, cuatro empleados de una radiodifusora habían sido asesinados en medio de balaceras del crimen organizado en Ciudad Juárez, en el estado vecino de Chihuahua. Y en el mismo mes, en Guanajuato, el periodista Ernesto Méndez, director del portal Periódico Tu Voz, también fue ultimado a balazos.
Luego de la muerte de Arjón López, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió esclarecer el asesinato y llamó a que no se descarte la labor como comunicador de la víctima como línea de investigación.
“El número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”, dijo en un comunicado Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México. “Una de las medidas más eficientes contra la reiteración de los homicidios y agresiones es la lucha contra la impunidad, es decir, llevar a los autores tanto materiales como intelectuales ante la justicia”.
El organismo destacó el hecho de que Arjón López cubría temas relacionados con denuncias ciudadanas y asuntos policiacos en San Luis Río Colorado para el medio nativo de Facebook A Qué le Temes. Apenas unos días antes de su muerte, el 2 agosto, el periodista había publicado los que serían sus dos últimos artículos, sobre el arresto de unos sospechosos de robo en su ciudad.
“Lograr la sanción, respetando las garantías del debido proceso, contra quienes son responsables de estos asesinatos es fundamental para las y los periodistas víctimas y sus seres queridos, así como para el conjunto de periodistas y trabajadores de medios, quienes a través de su labor fortalecen la democracia y el Estado de derecho”, agregó el relator.
Al llamado se sumó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La organización llamó a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación seria sobre la muerte de Arjón López, llevar a los responsables ante la justicia y determinar si los hechos estuvieron relacionados con su labor informativa.
“La trágica muerte de Juan Arjón López es la más reciente muerte de un comunicador en un año que se ha convertido en uno de los más violentos de la historia de la prensa mexicana”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, de acuerdo con un comunicado. “[…] El actual clima de impunidad continúa alimentando estos ataques. Las autoridades mexicanas deben realizar una investigación pronta y exhaustiva sobre el homicidio de Arjón”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre los asesinatos de Allan González, locutor del grupo MegaRadio, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus compañeros Armando Guerrero, Lino Flores y Alejandro Arriaga. La organización dijo que estos crímenes ponen en evidencia el estado de terror que se vive en México y que afecta particularmente a la prensa mexicana.
“Ya es hora de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador establezca de forma urgente medidas concretas para frenar la violencia, la impunidad de esos crímenes y garantizar la protección de los periodistas durante el ejercicio del oficio”, se lee en un comunicado de la SIP del 15 de agosto, firmado por su presidente general, Jorge Canahuati; y por su presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet.
