El 26 de abril se celebra en Paraguay el Día del Periodista en conmemoración al día de fundación del primer periódico de ese país tras lograr su independencia, El Paraguayo Independiente, establecido en 1845.
En esa misma fecha pero en 1991, murió asesinado a manos del crimen organizado el periodista Santiago Leguizamón en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El comunicador fue atacado tras salir de la estación de radio que dirigía, Mburucuyá 980 AM, desde la cual denunciaba injusticias y delitos que ya desde entonces se cometían en esa ciudad.
Hasta la fecha no se sabe si el crimen contra Leguizamón tuvo lugar en el Día del Periodista como una coincidencia o como un mensaje claro del crimen organizado, el cual desde entonces ha seguido cobrando la vida de varios periodistas y mantiene bajo amenaza a otros tantos. Tras la muerte de Leguizamón se han registrado al menos 20 asesinatos de periodistas en Paraguay, en los cuales ha imperado una impunidad casi total.
Monumento en honor al periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991. (Foto: Hugo Diaz Lavigne vía Creative Commons)
No obstante, el Día del Periodista de este año marcará un hito importante: la presentación en el Congreso de Paraguay de un anteproyecto de ley de seguridad de periodistas en el que organizaciones de defensa de la libertad de expresión han venido trabajando por meses, tras varios intentos fallidos de crear una legislación para brindarle protección al gremio periodístico.
“Paraguay sigue sin contar con una Ley de Protección de Periodistas”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) el periodista Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) e hijo del periodista asesinado. “Se ha construido un proyecto con bastante consenso con la sociedad civil y con algunas instituciones del Estado. [...] La idea es presentarlo el 26 de abril, el Día del Periodista Paraguayo y aniversario del asesinato de Santiago Leguizamón”.
El impulso a dicho proyecto es parte de las medidas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la condena que emitió en diciembre de 2022, en la que responsabilizó al Estado Paraguayo por la violación de derechos humanos en el caso del asesinato de Leguizamón.
Para la Codehupy, la condena representa un fallo histórico que podría significar un avance importante en la lucha para hacer que las autoridades garanticen protección a los periodistas.
“Con relación a la sentencia, hay resolutivos clave”, dijo Leguizamón. “Vemos que la sentencia abre una puerta muy importante de negociación y de exigencia, sobre todo al Estado, de medidas para la protección de periodistas y para la lucha contra la impunidad en los casos de periodistas”.
El fallo de la Corte IDH establece además que el Estado paraguayo deberá adoptar medidas para fortalecer el trabajo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay y crear con ésta un fondo destinado “a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia a periodistas víctimas de violencia”.
La Mesa para la Seguridad de Periodistas es un organismo constituido por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, como la Codehupy, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, que se formó en 2016 tras el exhorto de la Unesco a adoptar estrategias y políticas para la atención de la violencia contra los periodistas.
Pese a que su creación fue un avance importante y ha servido para brindar cierta protección a periodistas bajo amenaza, la Mesa de Seguridad funciona con deficiencias y su operación depende de la voluntad de los organismos involucrados.
“El funcionamiento de la Mesa de Seguridad es todavía muy artesanal. Funciona a partir de la presión que nosotros podamos generar y a partir de la buena voluntad de las personas que están allí. No hay una legislación o una reglamentación que obligue al buen funcionamiento de ese espacio”, dijo a LJR Santiago Ortiz, Secretario General Adjunto del SSP.
La Mesa de Seguridad recibe las denuncias de amenazas o ataques contra periodistas de todo el país y coordina acciones con autoridades como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional para que tomen medidas de protección que, sin embargo, no necesariamente se cumplen a cabalidad, dijo Leguizamón. Además, no cuenta con un presupuesto propio que le permita implementar acciones como el traslado de un periodista en peligro o la compra de equipo de protección.
“Muchas veces el pedido [de la Mesa de Protección a las autoridades] es de una protección completa y se decide el acompañamiento aleatorio [al reportero] o la verificación de los perímetros [alrededor del domicilio del periodista]. Y ahí hay como un ‘ida y vuelta’ con la Policía Nacional”, dijo Leguizamón. “Es una Mesa que no tiene presupuesto independiente. O sea, depende de la voluntad y de la acción de las instituciones”.
Además de ordenar medidas para fortalecer la Mesa de Seguridad y para impulsar la aprobación de la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Corte IDH ordenó también la reparación del daño a la familia Leguizamón, así como la creación de un grupo de trabajo para determinar las circunstancias del homicidio del periodista.
“Así como el asesinato de Santiago fue un momento muy duro y tuvo un impacto muy significativo en la libertad de expresión, queremos que la sentencia también tenga ese impacto en la protección de periodistas, en la lucha contra la impunidad”, dijo Leguizamón. “Una sentencia de un órgano internacional es básicamente una herramienta política para seguir disputando políticas públicas en la lucha por los derechos humanos y por la protección, en este caso, de este grupo específico que son los periodistas”.
El anteproyecto de ley que la Codehupy y otras organizaciones trabajan en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Paraguay prevé, entre otras medidas, la instalación de un mecanismo de protección a periodistas donde haya participación directa de los organismos de seguridad del Estado, adelantó Leguizamón.
Dicho mecanismo contaría con tres enfoques: el de protección individual para periodistas bajo amenaza, el de protección colectiva, que incluya la creación de una red de apoyo y alarma para comunicadores, y el de protección social y psicosocial que ayude a mitigar el impacto de las medidas de seguridad en la vida y el trabajo de los periodistas bajo el mecanismo.
“Eso también iría de la mano de un presupuesto, que tendríamos que lograr que sea un presupuesto flexible y que tenga suficiente dinero para implementar las medidas”, dijo el periodista. “No sirve de nada una institución muy bien hecha o muy sólida, cuando no podamos implementar efectivamente medidas de seguridad”.
De los 21 asesinatos de periodistas que se han registrado en Paraguay desde la caída de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, en 1989, ocho han ocurrido en el departamento de Amambay, la mayoría de ellos en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El caso más reciente fue el de Alexander Álvarez, productor de un noticiario matutino en la emisora local Radio Urundey, quien fue atacado a balazos el 14 de febrero de este año mientras se encontraba en su automóvil esperando la luz verde de un semáforo, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Los otros periodistas que han sido asesinados en Amambay son Humberto Coronel, en 2022; Leo Vera, en 2020; Gerardo Servían, en 2015; Fausto Gabriel Alcaraz, en 2014; Carlos Manuel Artaza, en 2013; Samuel Román, en 2004; Marcelino Vázquez, en 2003; y el propio Santiago Leguizamón, en 1991.
#ALERTA #PARAGUAY | El periodista, Alex Álvarez locutor de @r_urundey conducía su vehículo esta tarde en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando fue acribillado por dos sujetos. Llegó sin signos vitales al hospital, pero murió en el quirófano. pic.twitter.com/RGmcc89T27
— Voces del Sur (@VDSorg) February 14, 2023
Amambay se ubica al norte de Paraguay, en la frontera seca con Brasil. Su capital, Pedro Juan Caballero, limita con la ciudad brasileña de Ponta Porã, estado Mato Grosso do Sul.
“Es la zona de mayor influencia del crimen organizado y es la zona donde los niveles de homicidios son los más altos del país. Estamos hablando de que entre [la capital paraguaya] Asunción y [el departamento adyacente] Central, por cada 100 mil habitantes hay seis homicidios. En Amambay, esa cifra podría llegar a 60”, dijo Leguizamón. “Hay evidencia muy importante de que es una zona sumamente compleja, una zona que tiene un altísimo nivel de violencia y de asesinatos”.
Las autoridades locales y federales han hecho poco en las últimas tres décadas para brindar seguridad a la población. Los casos de asesinatos de periodistas en Amambay gozan de total impunidad, al grado que este y otros departamentos fronterizos de Paraguay fueron designados en 2017 como “zonas silenciadas” para el ejercicio periodístico por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La situación en Amambay tiene que ver con el avance del crimen organizado, el cual ha cooptado a las instituciones del Estado, incluida la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso al Poder Ejecutivo, explicó Leguizamón. El presidente Andrés Rodríguez, autor del golpe de Estado contra el régimen de Stroessner, fue vinculado a casos de narcotráfico y Horacio Carter, quien gobernó Paraguay de 2013 a 2018, fue señalado en 2022 por Estados Unidos por corrupción y vínculos con el crimen internacional.
“Eso da una muestra de la fortaleza del crimen organizado en nuestro país, que hace que el ejercicio de la libertad de expresión esté bastante condicionado por esos niveles de impunidad de violencia y de falta de protección específica”, dijo Leguizamón.
Algunos de los asesinatos de periodistas en Pedro Juan Caballero son incluso predecibles, pero ante el poder que tiene el crimen organizado en la región, las medidas de protección que ofrecen las instituciones no son suficientes.
“Yo te podría decir, con mucho pesar, pero sin temor a equivocarme, que en los próximos tres años probablemente maten a más periodistas en Pedro Juan Caballero”, dijo Leguizamón. “El trabajo que venimos realizando la Codehupy y el Sindicato de Periodistas en la Mesa de Seguridad nos dice que hay en este momento al menos dos periodistas amenazados de muerte en la zona y sobre los cuales hay alguna medida de seguridad, que claramente han sido insuficientes históricamente”.
Algunos periodistas, incluso, eligen rechazar la protección por desconfianza hacia las autoridades. Tal fue el caso de Humberto Coronel, quien previo a ser asesinado había denunciado amenazas de muerte. Coronel, quien conducía un programa de noticias en la cadena Radio Amambay e investigaba casos de corrupción y crimen organizado, rechazó la custodia policial que le fue asignada.
Para el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la violencia hacia los periodistas en esa zona tiene que ver con el modelo económico y político del país, que se caracteriza por la concentración de riqueza en pocas manos.
“Es un modelo muy excluyente basado en la acumulación fraudulenta de riqueza”, dijo Ortiz. “Cuando uno denuncia eso o denuncia los privilegios de ciertos sectores, termina estando bajo amenaza de estos sectores que son muy poderosos, principalmente el crimen organizado. Y en algunas zonas eso es más evidente, como es el caso de Pedro Juan Caballero y Amambay”.
Dante Leguizamón, hijo de Santiago Leguizamón, es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). (Foto: Twitter)
En el caso de Alexander Álvarez, la Policía dijo que la evidencia apuntaba a que el ataque que le quitó la vida al periodista iba dirigido a su hermano, quien presuntamente estaría involucrado en hechos ilícitos y descartó desde un inicio que el crimen estuviera relacionado con la labor periodística.
“Ese es el principal problema cuando hablamos de impunidad. El Estado no investiga y dice que los asesinatos tienen que ver con otras cosas”, dijo Leguizamón. “Esa es siempre la ‘respuesta’ que se maneja para desvirtuar, por más que exista un instructivo de la Fiscalía General del Estado que dice que el principal punto de hipótesis debe ser el relacionado al trabajo. La principal hipótesis tiene que ser esa, y eso [las investigaciones] no necesariamente se traduce en ese sentido”.
En muchos de los casos, además de negligencia y posible complicidad, existe desconocimiento por parte de jueces y procuradores de justicia en materia de delitos contra la libertad de expresión, agregó Ortiz. Sobre el asesinato de Coronel, la fiscal a cargo responsabilizó del crimen al propio periodista, por negarse a recibir custodia policial. La fiscal dijo que Coronel debió “tener más cuidado” tras haber recibido amenazas y que “una persona amenazada debe resguardarse”, “tratar de arreglar las cosas” y no “regalarse” al crimen.
“La Fiscalía tiene un instructivo para su funcionarios en cuanto a cómo actuar cuando hay un crimen contra un periodista, que dice que entre las líneas de investigación, la que se debe agotar en primera instancia es la que está vinculada a su trabajo periodístico”, dijo Ortiz. “La señora [fiscal del caso Coronel] no tenía en cuenta eso y da declaraciones desafortunadas e inapropiadas. Esa falta de capacidad también es un motivo real de la impunidad”.
