Durante casi tres años, Brasil ha estado discutiendo un proyecto de ley para regular las plataformas de redes sociales, conocido como PL das Fake News [Proyecto de Ley de Noticias Falsas] (PL 2630/2020).
Teniendo como principales objetivos, según su texto, “el fortalecimiento del proceso democrático y la promoción de la diversidad de la información en Brasil” y “la defensa de la libertad de expresión y la prevención de la censura en el entorno en línea”, el proyecto también incluye un artículo sobre la remuneración de las plataformas digitales a los medios periodísticos.
En su forma actual, el Artículo 38 del proyecto de ley prevé que las plataformas paguen directamente a las organizaciones periodísticas por el uso de su contenido. La propuesta pretende compensar a los medios de comunicación por las pérdidas ocasionadas por la irrupción de las grandes plataformas digitales.
La forma en que está redactada la ley actualmente generó insatisfacción. En una carta abierta publicada el 30 de marzo, el directorio de la Asociación de Periodismo Digital (Ajor, por su acrónimo en portugués), una sociedad civil que representa a más de 100 iniciativas brasileñas de periodismo digital, propone cambios al texto, afirmando que, en su redacción actual, sólo las grandes empresas de medios se beneficiarán.
“La negociación directa entre empresas de medios y plataformas digitales, sin transparencia sobre valores y criterios, concentra el poder en las propias big techs y termina beneficiando a los grandes conglomerados de la comunicación. Los medios medianos y pequeños muchas veces no pueden sentarse a la mesa; cuando tienen éxito, tienen mucho menos poder de negociación y negocian en la oscuridad”, dice la carta.
Natalia Viana, presidenta de Ajor, habló por videoconferencia con LatAm Journalism Review (LJR) para analizar el debate, explicar la perspectiva de la asociación que preside y explicar por qué considera necesarios los cambios.
Natalia Viana, presidenta de Ajor. (Foto: Cortesía)
Al día siguiente de la publicación de la carta de Ajor, el gobierno federal presentó su propuesta de cambios al proyecto de ley, sugiriendo que la remuneración de las plataformas también incluya iniciativas culturales fuera del ámbito del periodismo, complicando aún más el debate.
La conversación es abierta. A los profesionales de la prensa y sus investigadores, hay una invitación hecha por Viana al final de la entrevista: “a los periodistas les toca ayudar a discutir y ayudar a pensar soluciones para la sostenibilidad del periodismo”.
Esta entrevista fue editada por motivos de extensión y para mayor claridad.
LJR: ¿Cuál es exactamente la propuesta de Ajor respecto al Proyecto de Ley de Noticias Falsas?
Natalia Viana: Hemos estado hablando sobre el Proyecto de Ley de Noticias Falsas desde el año pasado, y decidimos que debemos cerrar el tema y actuar específicamente sobre el artículo 38, ya que es el artículo con mayor potencial para afectar el futuro y la sostenibilidad del periodismo – precisamente, nuestro principal foco de acción. Evaluando el PL, decidimos que lo apoyamos y debe ser aprobado. Y también que, dentro del PL, el artículo 38 no debe ser aprobado tal como está, sino como una obligación de pagar el periodismo.
Están, por un lado, cuestiones económicas relacionadas con los anuncios, algo de lo que se quejan los medios tradicionales. En este sentido, tenemos una visión un poco diferente: las organizaciones que forman parte de Ajor no existirían sin las redes sociales, son fundamentales para nuestra fundación, para mantener y llegar a nuevas audiencias.
Pero vemos que las plataformas ayudaron a crear un ambiente para el debate público contaminado por la desinformación. Como son un oligopolio y median en la relación de todo el periodismo con el público, necesitan participar en la solución del problema que crearon.
Entonces, si hablamos de combatir las fake news y remediar el problema de la desinformación, deben ayudar a combatir la desinformación, mejorar el entorno de información que existe en Brasil.
Esto sólo se puede hacer de dos maneras. O luchas contra las fake news y haces fact-checking, o tienes mejor y más periodismo. Creemos que se debe aprobar la ley, pero con una disposición para el pago de plataformas para el periodismo.
¿Cuáles son los desacuerdos con el texto?
Que este pago se haga directamente desde las plataformas a las empresas, como en Australia. Se crea así un mecanismo que privatiza un problema público. El problema de la desinformación y el problema de la escasez financiera, la falta de sostenibilidad del periodismo, es un problema social, es un problema generacional que hay que solucionar. En todo el mundo, varios países están comenzando a desarrollar políticas públicas, incluidos fondos, para apoyar iniciativas periodísticas, y algo similar debería suceder en Brasil.
Si simplemente estableces que debe haber pagos, sin establecer criterios ni mecanismos de transparencia, simplemente estás favoreciendo una negociación de empresa a empresa.
Ese es el punto. Y el otro punto es que, si hablamos de fortalecer el periodismo brasileño, tendremos que enfrentar el problema histórico de la concentración de medios. Si tienes un nuevo ecosistema de medios digitales, que está muy bien representado en Ajor, con una variedad de medios muy diversos, tendrás que apoyar ese ecosistema y, además, ampliar la posibilidad de fundar medios donde no los hay. Tenemos desiertos de noticias en la mitad de las ciudades brasileñas.
Entonces, creemos que este mecanismo de transferencia debe hacerse públicamente, con gobernabilidad y transparencia. Por eso defendemos que lo haga un fondo público sectorial. Te preguntarás, “ah, pero ¿cómo sería, cómo funcionará?”. Y yo respondo: no tenemos esa respuesta, y no queremos tener esa respuesta. Este no es el momento de tenerlo, porque estamos orientando, trayendo al debate la posibilidad de que este problema, que es un problema público de la sociedad, sea enfrentado desde un fondo y una política pública. Queremos traer a todos los actores a este debate. Hasta ahora, quienes pagaban las plataformas eran los diarios más tradicionales. Globo, por ejemplo, está actuando mucho y defiende el modelo privado, el modelo de pago directo. No creemos que este sea el camino a seguir. Creemos que debe haber financiamiento del gobierno para pagar el periodismo, y el modelo de fondos debe dejarse para una regulación posterior. El tema debe ser objeto de una gran conversación pública, todos deben participar en el debate. Periodistas tradicionales, medios digitales, fotógrafos, todos los actores.
¿Puede explicar cómo se ve el proyecto en su forma actual? ¿Quién se beneficia de ello?
El lenguaje del último proyecto, de finales del año pasado, dice que las redes sociales deberían pagar a las empresas. Determina un pago directo, lo que se denomina internacionalmente un mecanismo de negociación. En Brasil, Google y Facebook, previendo que habría una regulación, ya han establecido varios acuerdos comerciales, con varios medios, a través de proyectos específicos, como Google Destaques, en los que pagan anualmente para que estos medios usen sus contenidos en lugares específicos. Esta es una forma de preestablecer una relación comercial con las empresas. Entonces, si queremos saber cómo funcionaría si fuera un mecanismo de negociación adoptado, este es un gran ejemplo: nadie sabe cómo funciona. Todas las empresas que celebran este acuerdo con Facebook deben firmar un NDA [acuerdo de confidencialidad, por sus siglas en inglés] y ni siquiera pueden decir cuánto dinero reciben. Nadie sabe cuánto dinero reciben, o dónde se gasta el dinero, o si está ayudando a fortalecer y financiar el periodismo, o si va a otra parte. Tanto Google como Facebook seleccionaron empresas que se vinieron a su mente sin ningún criterio público. Nadie conoce los criterios y no existe un mecanismo de transparencia; ninguna empresa está obligada a decir: “Estoy recibiendo tanto de Google, esto se está yendo a este lugar”.
¿Y qué pasaría si este mecanismo de negociación se institucionalizara y se convirtiera en ley?
En la situación actual, es como un mercado voluntario. Es posible que si una ley forzara el trato, estos tratos seguirían ocurriendo. Además, sabemos que existe una discrepancia de pago entre los grandes jugadores, que tienen un gran poder económico, y los medios locales y regionales, que terminan ganando mucho menos. Y para eso, nuevamente, el criterio depende absolutamente de las plataformas. Si vas a salir de una negociación de regateo, el criterio estará en manos de las plataformas, y los únicos que tendrán posibilidades de negociar en igualdad de condiciones, con más fuerza, serán los grandes grupos de comunicación, que tienen una muchos abogados. ¿Cómo una organización más pequeña, que tiene, digamos, 10 personas, podrá sentarse a la mesa con un grupo de abogados de estas plataformas para negociar? No lo hará. [La ley] simplemente reforzará la concentración que ya existe en los medios brasileños.
En contraposición a esto, ¿considera que los recursos deben ir a qué actores? ¿Algún perfil en particular?
No creo que los recursos deban ir a ningún tipo específico de actor; no estoy abogando por que los recursos vayan a un tipo de periodismo u otro. Es necesario entender cuáles son las necesidades de la sociedad. Entonces, si miras el fondo en Canadá, que creó el Canada Media Fund, tienen, por ejemplo, una línea de financiamiento para empresas emergentes. También tienen una línea de financiamiento para personas que hablan idiomas que no son los dominantes, así, por ejemplo, los medios de comunicación en lengua indígena en Brasil podrían verse favorecidos. O bien, por ejemplo, puede haber una fila para medios que trabajan con Derechos Humanos. Todo esto hay que estudiarlo.
¿Hay ejemplos en Brasil que puedan servir de ejemplo para la gestión de este fondo para los medios?
Sí, en Brasil ya hay fondos que funcionan muy bien y son buenos ejemplos. Un ejemplo muy positivo es el fondo del sector audiovisual. El fondo de la industria audiovisual ha apoyado y alentado a nuestro cine en este auge durante los últimos 20 años, con varias producciones excelentes, entre ellas varias que casi llegan a los premios Oscar. Esto sucedió debido a la política pública. Cuando tienes un mercado que está desregulado, como es el caso del mercado de medios en Brasil, que empeora con las plataformas y crea distorsiones, necesitas una política pública para revertir esas distorsiones. Entonces, si te preguntas si los medios tradicionales deberían entrar. Por supuesto que sí, y por supuesto que los medios locales también. Tiene que entrar todo el mundo.
¿Y cómo se llevaría a cabo la gobernanza?
De nuevo, podemos mirar los antecedentes del sector audiovisual. Debe haber un consejo que establezca criterios claros que se apliquen a todo Brasil, teniendo en cuenta algunas cuestiones regionales. Este consejo debe estar formado por diversas asociaciones de medios, televisión, radio, medios digitales, legacy media, medios impresos. Profesionales también, sindicatos y asociaciones, por ejemplo. También debe incluir a la sociedad civil y al gobierno. Con todos, formas un mecanismo de gobernanza; cuantos más sectores estén representados, mejor. Cuáles son los sectores que necesitan estar representados allí, también necesita ser discutido; obviamente, el sector público, pero el Poder Judicial también puede estar presente. Necesitas tener un órgano que sea representativo del sector y de la sociedad, que es quien se beneficia del periodismo.
En su último gobierno, Brasil vio un gran despojo de los mecanismos de participación social, como en el área ambiental. El fondo sectorial audiovisual también sufrió recortes de recursos con el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cómo proteger la gestión de este consejo de un aparato que canalice los recursos hacia medios amigables o dóciles con los gobiernos, que hacen propaganda haciéndose pasar por periodismo? ¿Cómo generar mecanismos de seguridad para impedir su uso político?
La preocupación es absolutamente legítima y, francamente, yo también la tengo. Pero no es un buen argumento para privatizar el uso de los fondos. Es necesario crear mejores mecanismos. En el fondo sectorial audiovisual no hubo favorecimiento de grupos de amigos, solo se agotaron los recursos, y ahora se retomará el fondo. Si volvemos a elegir a un presidente autoritario como Bolsonaro, corremos ese riesgo. Sería muy bueno no elegir otro presidente de estas características. Pero es necesario establecer mecanismos que al menos puedan frenar estos intentos. Creo que, a pesar de que los fondos se han agotado, el fondo del sector audiovisual es resistente, tanto que ya está volviendo, de forma positiva y con la supervisión de la sociedad. Y, de nuevo, en los mecanismos de gobernanza y transparencia, cuanta más participación social haya, mejor. Tanto es así que la política de Bolsonaro fue precisamente acabar con estos consejos. Él acabó con los consejos para luego destruir las políticas públicas. Ahora bien, acabar con los consejos es mucho trabajo, ¿no? Ni el fondo ni ninguna de las soluciones están libres de problemas. Solo pienso, y creo firmemente en ello, que mientras más transparencia, mayor gobernanza y mayor participación pública haya en los programas públicos, menos posibilidades tienen de ser sesgados.
El último día de marzo, el gobierno presentó sus aportes al proyecto de ley de noticias falsas. La propuesta prevé que las plataformas remuneren los contenidos protegidos por derechos de autor, incluidos los textos periodísticos, las producciones musicales y cinematográficas. ¿Cómo ve estas propuestas con respecto al artículo 38 y la sostenibilidad del periodismo?
La propuesta del gobierno es completamente diferente a todo lo que se está discutiendo. El artículo anterior decía que podía haber un pago por copyright, es decir, por derechos de autor. Entonces el gobierno, muy empujado por el Ministerio de Cultura, puso otras producciones culturales, como música, fotografía y otras cosas que no son periodísticas. Esto trae una enorme confusión al debate. Es decir, el gobierno se ha propuesto no sólo quedarse con los pagos vía derechos de autor, sino con los bienes culturales que no son periodísticos. Esto nos preocupa mucho, principalmente porque quitas la primacía del periodismo de este debate. Nuevamente, si el PL se trata de noticias falsas, de regular la conversación que se lleva a cabo en la sociedad para defender la democracia, el periodismo debe ser la pieza central de ese debate. Me preocupa que esta propuesta de gobierno le quite la centralidad al periodismo.
¿Y cómo van sus articulaciones políticas?
Ajor ahora tiene un representante en Brasilia, y hemos estado hablando tanto con representantes de la prensa tradicional, como con políticos, así como otras organizaciones de la sociedad civil como Fenaj (Federación Nacional de Periodistas), así como otros actores de la sociedad civil que hablan de derechos digitales, como es el caso de CDR (Coalición Derechos en la Red). Hemos hablado con muchos actores, y puedo decir que ya hay un consenso, o prácticamente un consenso, entre los actores más relevantes en los debates sobre derechos digitales y libertad de expresión, sobre la importancia de que el PL traiga la obligación de pagar periodismo. Cómo se hará esto debe discutirse más adelante y en una fecha posterior.
¿Y cómo ha sido la relación con parlamentarios y representantes del Ejecutivo?
Hemos tenido relación, sí, principalmente con los involucrados en el tema. Pero también nos hemos encontrado, y he aquí una alerta, a mucha gente que no está al tanto de la discusión, sobre todo la parte del tema del pago al periodismo, que es algo importante para cualquier parlamentario, para cualquier miembro de la sociedad. Más que no tener acceso con los parlamentarios, vemos muchos parlamentarios que no están siguiendo [el tema]. Precisamente estamos tratando de sensibilizar a muchos parlamentarios de que esta discusión es fundamental para la sostenibilidad del periodismo en el futuro cercano.
¿Qué indica el hecho de que el gobierno le quitó la exclusividad de canalizar recursos al periodismo?
Creo que ya respondí. Pero, en corto, la preocupación es empezar a hablar de algo mucho más amplio, y no centrarnos en la necesidad de defender el periodismo. Hay que recordar que si hoy tenemos una democracia es porque muchos periodistas, incluso muchos periodistas de la prensa independiente, han estado en primera línea todo este tiempo. ¿Cómo sería Brasil hoy si no fuera por los verificadores de datos? ¿Qué sería de Brasil si no fuera por Vaza Jato [filtración de conversaciones entre un exjuez y un exfiscal que demostrarían coordinación para desviar investigaciones en el caso Lava Jato]? ¿Qué sería sin el periodismo, que proporcionó información sobre COVID cuando se necesitaba? ¿O de periodistas locales que recolectaron alimentos para sus comunidades en la pandemia? Los periodistas han trabajado duro para que podamos mantener nuestra democracia.
¿Qué importancia puede tener para el periodismo brasileño una ley bien diseñada?
Nada por sí solo salvará al periodismo. Este es un problema de nuestra generación. Necesitamos crear mecanismos para impulsar el sector, y esos mecanismos existen para todos los sectores de la economía. Mi madre quiere abrir un restaurante y ha recibido apoyo y capacitación. Si alguien quiere abrir una oficina, un negocio, una industria, tiene apoyo público y orientación. En el caso de los medios, eso no existe, Brasil no tiene una política [de apoyo al periodismo]. En Ajor creamos nuestros medios y los conducimos sin asistencia. No hay una entidad de gobierno donde yo pueda ir y decir: “Estoy escribiendo un reportaje sobre derechos humanos en un área que nadie cubre, ¿qué puedo hacer?”. En otras palabras, solo queremos una política para este sector económico que emplea, informa y que es un servicio, como existe para varios otros sectores.
En cuanto a ejemplos internacionales, ¿cuáles considera positivos y cuáles negativos?
Australia y Francia realizaron pagos directos a empresas. Eran modelos que no funcionaban muy bien, precisamente porque ayudaban a concentrarse en los [medioss] grandes. Esto está dentro del modelo regulatorio. Pero en cuanto al uso de los fondos, hay muchas iniciativas interesantes. En Austria, Suecia, Dinamarca. Italia también creó un fondo para apoyar el periodismo en 2016. Cada país tiene sus características nacionales y sigue su propio modelo. Por ejemplo, en Italia hay fomento para medios tradicionales e impresos, pero también para medios digitales específicos. En Holanda lanzaron un acelerador que es muy chévere. Proporcionan no solo financiamiento, sino también capacitación, tanto para nuevas empresas de periodismo como para medios tradicionales que desean convertirse a digitales o lanzar nuevas plataformas digitales.
¿Hay algo más que quiera agregar?
Lo más importante es algo que he estado escribiendo desde el año pasado: los periodistas son tradicionalmente alienados y son felices confinados en sus trabajos. Pero el periodismo ha cambiado, y depende de los periodistas ayudar a discutir y pensar en soluciones para su sostenibilidad. Es un tema generacional, y si ni siquiera los periodistas se interesan en participar en esta discusión, no podemos esperar que la sociedad lo haga. Estamos en un momento de crisis en la industria, pero es un servicio fundamental para defender la democracia. Lo que más me frustra es la limitada participación de periodistas en la discusión.
*Esta entrevista fue hecha originalmente en portugués y fue traducida a español por Silvia Higuera.
