Los periodistas y medios de comunicación de países que vivieron procesos electorales como México, Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia y El Salvador enfrentaron diversas situaciones de violencia y censura durante 2018. Así lo reportó el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ambiente hostil de esa coyuntura, de acuerdo con el informe, fue promovido por dirigentes políticos, simpatizantes de candidatos y entidades estatales, particularmente en México, donde decenas de personas fueron asesinadas durante el proceso electoral.
Sin embargo, la violencia y la estigmatización contra la prensa persisten en muchos países de la región, sobre todo debido a contextos políticos cada vez más polarizados, señaló el documento.
Según el análisis de la Relatoría Especial, al menos 31 periodistas y trabajadores de prensa fueron asesinados en el continente americano durante 2018 por motivos relacionados a su trabajo. En 2017 hubo 22 casos, indicó.
Los asesinatos se registraron en México, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Colombia y Nicaragua.
En el caso de Ecuador, la Relatoría Especial señaló que si bien hay una voluntad del gobierno actual por restituir las garantías de la libertad de expresión que el gobierno autoritario del expresidente Rafael Correa debilitó en el país, sigue siendo necesario que existe una colaboración entre países de la región para establecer estándares comunes que acaben con la impunidad respecto a agresiones y crímenes cometidos contra periodistas.
En ese sentido, la Comisión hizo referencia a los asesinatos de tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio que fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia, y posteriormente asesinados.
En cuanto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, se constataron agresiones promovidas por el Estado hacia periodistas, medios de comunicación y opositores, además de estigmatización de periodistas y medios independientes.
El informe documentó que en las Américas, muchos periodistas deciden no realizar investigaciones ni publicar información de interés público local para evitar represalias contra ellos y sus familias.
Entre los países cuyas altas autoridades continúan utilizando un discurso descalificador contra la labor periodística, medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos están Venezuela, Nicaragua y Cuba. Al respecto, lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y Brasil también preocupa a la Comisión.
El reporte señaló la tendencia del uso de figuras como la incitación al terrorismo por parte del Estado para perseguir a periodistas y opositores del gobierno, como viene ocurriendo especialmente en Nicaragua y Venezuela. Además, el organismo internacional vio con preocupación los proyectos de ley que se debaten actualmente en Brasil que buscarían criminalizar el derecho a la protesta y libertad de expresión.
Por otro lado, la Comisión destacó avances de países como Perú, Argentina, Canadá y Paraguay que han adoptado medidas para la incorporación de los estándares del sistema interamericano y el fortalecimiento del acceso a la información pública.
Entre las recomendaciones, la CIDH señaló que es imperativo la adopción de mecanismos de prevención de la violencia contra comunicadores, además de garantizar la seguridad de los periodistas y respetar su derecho a la reserva de sus fuentes de información.
También consideró importante el establecimiento de una guía de conducta o pautas para respetar el derecho a la libertad de expresión, así también como la capacitación de funcionarios públicos y agentes de las fuerzas del orden en ese respecto.
Respecto a los casos de violencia contra periodistas, el organismo recomienda realizar investigaciones efectivas y neutrales de los asesinatos, agresiones, actos de intimidación y amenazas contra periodistas y trabajadores de la prensa para dilucidar si estos fueron consecuencia de su labor profesional.
El reporte también trató el tema de los periodistas desplazados o exiliados a causa de su profesión. La CIDH exhortó a los Estados a buscar la manera de garantizar que esos periodistas puedan retornar de forma segura a sus hogares.
Además, pidió a las autoridades no utilizar un discurso que incentive la violencia contra periodistas, ni utilizar a los medios estatales para hacer campañas públicas de desprestigio contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Deben derogarse las leyes que criminalizan el derecho a la libertad de expresión con figuras jurídicas que permiten que los periodistas sigan siendo enjuiciados penalmente por difamación y calumnia como consecuencia de sus reportajes u opiniones periodísticas, señaló. En Chile, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela varios periodistas fueron querellados por este motivo durante el año pasado.
