Con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, LatAm Journalism Review destaca cuatro casos emblemáticos de la región que permanecen en gran medida impunes.
Wendy Funes, periodista y directora del medio Reporteros de Investigación, está convencida de que los crímenes contra periodistas en Honduras solamente serán resueltos cuando el propio periodismo los investigue.
Por eso, cuando el 17 de marzo de 2019 el periodista Leonardo Gabriel Hernández fue asesinado ella y su equipo se dirigieron a Nacaome, departamento del Valle (sur del país) donde tuvo lugar el crimen. Hernández era el presentador del programa ‘El Pueblo Habla’, y Funes quería averiguar en qué trabajaba cuando fue asesinado.
“Encontramos que entre las críticas que hacía a políticos también había hecho solicitudes de información sobre una carretera que en aquel momento costaba 20 millones de lempiras – US 1 millón de dólares al cambio de esa época – y que aparecía finalizada en papeles, pero las obras físicas no habían avanzado”, le dijo Funes a LatAm Journalism Review (LJR). “Nuestra investigación apuntaba a que las investigaciones y los cuestionamientos a políticos de la zona que había hecho Gabriel habían generado incomodidad”.
Periodista hondureño Leonardo Gabriel Hernández en el estudio del canal Valle TV. (Foto: Tomada de Facebook)
Sin embargo, la línea de investigación que habría seguido el Ministerio Público de Honduras estuvo relacionada con drogas y pandillas, y no con su trabajo periodístico, explicó Funes. Y ni siquiera esta línea de investigación fue desarrollada, continúo Funes. Hasta el día de hoy, no hay información sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen.
Esta impunidad en el asesinato de Hernández es la norma en los crímenes contra periodistas en Honduras. De acuerdo con cifras de 2022 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el 90% de asesinatos de periodistas en ese país se encuentran en la impunidad.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) tiene registros de 37 asesinatos de trabajadores de la prensa ocurridos entre 1992 y 2023 en Honduras. Uno de ellos es el de Hernández el cual, de acuerdo con su clasificación, se encuentra en “completa impunidad”.
Aunque Honduras no se encuentra en el Índice Global de Impunidad 2023, para Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ, las cifras de Honduras en el caso de asesinatos son “realmente trágicas”.
“También la impunidad es muy alta”, le dijo a LJR. “El problema que tenemos en Honduras es la dificultad de investigar los casos. Es muy complicado”.
Un tema en el que concuerda Funes. “Las autoridades ni siquiera nos quieren dar acceso a la información”, aseguró la periodista sobre los obstáculos durante la investigación de este y otros crímenes contra comunicadores.
Después de casi cinco años del asesinato, no es claro qué ha pasado con la investigación que adelanta la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público.
“Se ordenaron varias diligencias investigativas como ser [sic] toma de declaraciones a familiares, vecinos del lugar de los hechos. Se ordenaron a su vez pericias, las cuales se está a la espera de sus resultados”, informó dicha Fiscalía a LJR.
Debido a que el crimen “está en proceso investigativo aún”, la Fiscalía no dio más detalles, como por ejemplo cuál es la situación de las tres personas que fueron arrestadas como presuntos autores materiales del asesinato. En su momento, se informó que estas personas eran miembros de la Mara Salvatrucha y que en su poder se había encontrado la motocicleta en la que se habrían movilizaron para cometer el crimen.
Selfie del periodista hondureño Leonardo Gabriel Hernández. (Foto: Tomada de Facebook)
“Nunca se supo nada. No se habló nada. Total silencio”, le dijo a LJR Leonel García, periodista de Nacaome y quien había trabajado con Hernández por 12 años. “¿Autores materiales? Ninguno. Aquí nadie está preso. Una impunidad galopante en este país y en este departamento. […] Los [autores] intelectuales ahí andan sueltos, campantes, que ya no les pasó nada, ya no averiguaron nada. Lo supieron hacer”.
Hernández y García compartían la misma visión de lo que debía ser el periodismo: ser voces del pueblo y exigir de las autoridades el cumplimiento de su deber. Iniciaron en el mismo programa de televisión creado por los dos: “Dígalo como quiera”. A partir de ahí, cada uno siguió con su propio programa – Hernández en televisión y García en radio – trabajando juntos para cubrir las noticias.
Sus investigaciones iban desde casos de corrupción, presuntos vínculos de funcionarios con el narcotráfico hasta problemas sobre la propiedad de la tierra. Hernández, por ejemplo, había reportado sobre el presunto robo de un vasto terreno a labriegos y pescadores por parte de funcionarios y diputados.
“Siempre sentíamos que las balas nos seguían por la forma de desarrollar el periodismo, [un periodismo] de pueblo, porque en este país si estás del lado del pueblo, es un delito”, dijo García.
Una de las principales críticas al Estado que hacen Funes y García fue la falta de protección a Hernández quien ante seguimientos y amenazas dio a conocer su situación al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas.
Aunque la Secretaría de Derechos Humanos no dio respuesta a LJR para este artículo, una declaración a este medio en 2020 del representante del Sistema General de Protección aseguró que el Mecanismo no recibió una solicitud de protección por parte de Hernández. Algo que desmienten tanto García como Funes.
“Para mí fue una puñalada muy fuerte en mis espaldas el asesinato de mi brazo derecho y mi hermano del alma”, dijo García quien después del homicidio de Hernández recibió medidas de protección. “La misma institución que a mí me da protección, el mismo Estado le dijo ‘no aplicás’. ¡Óigame cómo no va a aplicar si los dos estábamos en el filo de la navaja! Nos perseguían. Nos vigilaban para asesinarnos. Porque estábamos tocando temas trascendentales de saqueos”.
Funes dijo que cree que en los crímenes contra periodistas se suele dejar de lado su labor como un móvil del crimen.
“En el caso de periodistas, pareciera que las autoridades investigan estos crímenes desde el prejuicio”, aseguró Funes
Los periodistas hondureños Leonardo Gabriel Hernández y Leonel García. (Foto: Cortesía Leonel García)
Aunque García intenta seguir con el legado de Hernández, que según dijo fue una promesa que se hicieron, lo cierto es que ese asesinato provocó un silenciamiento en su ciudad.
“La repercusión que puede tener un crimen como este y la impunidad consecuente es que los periodistas informen desde el temor o que finalmente se autocensuren para no tener represalias de la autoridad local; que al ser autoridad cualquiera pensaría que es la encargada de la política pública para reducir la impunidad. Eso pasaría en un país decente, pero en Honduras muchas veces las autoridades también son quienes manejan las células de crimen organizado”, dijo Funes.
Para García, el avance en la investigación del crimen de Hernández se lograría a través de organismos internacionales y la presión que pudieran ejercer.
“Sólo le pido y le exijo a las organizaciones internacionales, porque aquí las nacionales no existe la investigación, que vengan a Honduras y que vayan a ver ese expediente de Gabriel Hernández: quién lo asesinó o quién está preso y todavía no es condenado”, aseguró. “Y le pido también a las organizaciones internacionales que vengan y revisen mis medidas en ese mecanismo. Yo me siento preocupado”.
