En Bolivia, El Salvador y Perú, la difusión de desinformación en medio de conflictos sociopolíticos en los últimos años ha impactado de manera desproporcionada a las comunidades marginadas.
Pocas iniciativas han examinado las formas en que se difunde la desinformación en las comunidades locales fuera de las capitales, muchas de las cuales carecen de acceso a diversos medios de comunicación, conectividad confiable a internet o información en idiomas nativos.
Para abordar esta brecha, las organizaciones no gubernamentales locales de esos países llevaron a cabo investigaciones sobre el ecosistema de la información en 2023 para examinar cómo la desinformación está afectando a las comunidades que reciben una atención mínima por parte de los principales medios de comunicación. Las organizaciones estudiaron los ecosistemas de información locales, o las redes de interacciones entre las personas y sus entornos de información, mediante la realización de una combinación de grupos focales, entrevistas y encuestas.
Los investigadores preguntaron a estudiantes universitarios, defensores de derechos humanos, influenciadores, líderes sindicales, periodistas tradicionales y comunitarios, y muestras seleccionadas al azar de la población general sobre sus hábitos de consumo de medios, sus fuentes de información confiables y los actores que creen que difunden desinformación. Si bien las tendencias variaron en cada comunidad local, la investigación indicó una línea clave: la desinformación tendía a intensificarse durante los periodos de conflicto sociopolítico.
La desinformación en Bolivia se volvió particularmente notable durante los recientes periodos de crisis sociopolítica en torno al disputado proceso electoral de 2019 en el país y la pandemia de COVID-19. Estos eventos contribuyeron a generar un temor generalizado: residentes de Santa Cruz, por ejemplo, quemaron antenas 5G porque creían falsamente que las antenas propagaban el COVID-19. El aumento de las protestas tras las elecciones de 2019 también se ha traducido en violencia física, incluidos ataques contra periodistas. Esta tendencia ha llevado a que más periodistas practiquen la autocensura por temor a su seguridad, lo que a su vez limita la libertad de expresión.
En 2023, Chequea Bolivia realizó una investigación de ecosistemas de información en Villa Tunari, Montero y Yacapani, tres localidades en la frontera de Santa Cruz y Cochabamba. Los lugares fueron elegidos por el continuo conflicto de la zona, presencia del narcotráfico y autocensura entre miembros de la prensa. Surgió un vínculo entre este contexto y la desinformación: Chequea Bolivia encontró que el 41% de la muestra de la población seleccionada al azar que encuestó creía que la información fue manipulada durante tiempos de conflicto, mientras que el 36,2% pensó que promovía la confusión.
Enid López, responsable de Fact-Checkers de Chequea Bolivia, dice que la desinformación se intensificó en estas tres comunidades cuando estalló el conflicto electoral de 2019 debido a su papel clave como centros de partidos políticos que mantienen tensiones continuas. La zona se destaca por sus casos de violencia física e incluso mortalidades que se relacionan con la desinformación difundida en redes sociales.
En Montero, por ejemplo, la desinformación circuló rampantemente en WhatsApp en octubre de 2019 y estalló en un conflicto cuando un grupo progubernamental llegó a levantar el bloqueo impuesto a un puente por quienes exigían la anulación de las elecciones. La imagen de un cuerpo quemado se viralizó con falsas afirmaciones de que fue tomada minutos antes en Montero y pertenecía a un joven opositor agredido por partidarios del gobierno. El conflicto en Montero se volvió violento y resultó en dos muertes, lo que ejemplifica el impacto de la desinformación en momentos de malestar sociopolítico.
López dice que tanto los actores del gobierno local como nacional frecuentemente atacan a activistas de derechos humanos en Montero a través de desinformación; sin embargo, las campañas de desinformación del gobierno no se limitan a una tendencia ideológica particular.
“En las entrevistas en profundidad que hicimos nos comentaban que es un poco más el Gobierno el que desinforma sobre temas de derechos humanos y sobre el trabajo que hacen estos activistas de derechos humanos con el fin de desprestigiar el trabajo que ellos hacen”, dijo.
Finalmente, López dice que los participantes de la investigación en esta zona tendían a confiar mucho en la información que recibían de familiares y amigos. Sin embargo, esta confianza aumenta su probabilidad de difundir desinformación, particularmente a través de canales como WhatsApp, porque no creen que sus círculos cercanos compartan información dañina y, por lo tanto, rara vez consideran necesario verificar antes de compartirla.
Según Juan Carlos Uribe, coordinador de Chequea Bolivia, esta realidad resalta la necesidad de un mayor acceso a la educación en verificación de datos y en alfabetización digital, particularmente entre periodistas de medios hiperlocales.
Otra estrategia, dice Uribe, sería “hacer alianzas entre estos medios hiperlocales con tus medios que están en el eje central de Bolivia, en las ciudades importantes, para que la capacitación sea constante y no sea solo de un momento”.
En 2023, San Miguel, un departamento clave en el este de El Salvador, experimentó altos índices de desinformación luego de la medida del gobierno nacional de reducir los 262 municipios del país a 44, lo que afectó el voto y la representación política. El medio de comunicación Infodemia realizó una investigación del ecosistema de información en San Miguel para examinar esta tendencia y observó que el 68% de la población local entrevistada había experimentado impactos económicos, psicológicos y sociales relacionados con la desinformación.
La investigación de Infodemia identificó al poder ejecutivo del gobierno nacional y otros actores relacionados con el gobierno como fuentes clave de desinformación, particularmente relacionada con cuestiones políticas, durante el último año. Descubrieron que la censura de medios por parte del gobierno y los esfuerzos por difundir desinformación a través de la propaganda han contribuido a la difusión de rumores, cobertura sesgada y desiertos de información.
Angélica Cárcamo, directora de Infodemia, dice que este tipo de desinformación muchas veces rodea los temas que más preocupan a la ciudadanía en la vida diaria. Por ejemplo, dice que el gobierno nacional ha difundido narrativas que afirman que la actual crisis económica es producto de una crisis global generada por sequías o conflictos internacionales sin reconocer la falta de políticas internas integrales para garantizar la seguridad alimentaria o viviendas suficientes.
“A veces la policía o el Ministerio de Seguridad tiende a decir que en El Salvador ya no hay homicidios”, dijo Cárcamo. “Pero a veces hay enfrentamientos, cuando mueren esos pandilleros no lo contabilizan como parte de esa estadística”.
Al igual que en Bolivia, Cárcamo dice que la investigación del ecosistema de información de Infodemia identificó un vínculo claro entre desinformación y miedo generalizado. Ese miedo se centró en tres temas principales en San Miguel: pandemia de COVID-19, volcán activo Chaparrastique y “estado de excepción” a nivel nacional que el gobierno nacional impuso por primera vez en marzo de 2022.
El estado de excepción comenzó tras un aumento de las tasas de homicidio, pero el gobierno lo ha ampliado para restringir derechos humanos, incluidas las libertades de movimiento y expresión. Cárcamo dice que la desinformación ha jugado un papel clave en las narrativas que justifican el estado de excepción para cerrar gradualmente los espacios democráticos y difundir percepciones falsas sobre los motivos detrás de los arrestos de los detenidos.
“El Gobierno dice que se respeta los derechos de las personas, pero no habla de las detenciones abusivas que se están cometiendo en contra de adolescentes hombres, principalmente”, dijo Cárcamo.
Al igual que en Bolivia, Infodemia descubrió que la desinformación alimenta directamente el miedo de la comunidad al promover un marco alarmista y disuadir a los miembros de la comunidad de cuestionar el discurso oficial sobre temas como el estado de excepción o la pandemia.
En Perú, el impacto de la desinformación se ha centrado principalmente en cuestiones relacionadas con los procesos electorales, contribuyendo a una baja confianza en la prensa y una confianza mínima en las elecciones.
Para examinar las tendencias en la confianza en las noticias en el sur de Perú, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una investigación del ecosistema de información en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Moquegua, Puno y Tacna en el primer semestre de 2023. Su investigación encontró que el 78% de las personas encuestadas había leído noticias o recibido información que luego descubrió que era falsa.
Patricia Zárate, investigadora principal y Jefa del área de Estudios de Opinión del IEP, dice que las elecciones presidenciales de 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo desencadenaron un notable discurso de desinformación en los medios tradicionales. Las votaciones fueron reñidas entre los dos candidatos, lo que llevó a Fujimori a afirmar que los resultados, que indicaban su derrota, fueron fraudulentos.
Dados los vínculos de Fujimori con el establishment, Zárate dice que los principales medios de comunicación, muchos de los cuales están ubicados en Lima, también comenzaron a cuestionar la validez de las elecciones, a pesar de que las organizaciones internacionales que hicieron la observación de estas confirmaron que no hubo fraude. Medios como el canal de televisión Willax, con sede en Lima, compartieron publicaciones en redes sociales sugiriendo que se contabilizaban personas fallecidas entre los votos e insinuando la posibilidad de fraude electoral. Otros medios y periodistas individuales también compartieron contenido similar no verificado a través de sus cuentas personales de redes sociales.
“Invitaban a analistas que decían que podría haber fraude, ponían esto en medio de televisión, hacían entrevistas, por ejemplo, le daban espacio a estos grupos minúsculos que protestaban porque había fraude”, dijo Zárate, refiriéndose a tendencias que observó en los medios tradicionales.
Zárate dice que la desinformación difundida a través de los medios tradicionales tiende a producir un impacto más notable que la redes sociales o medios digitales, lo que contrasta con las tendencias de desinformación en Bolivia y El Salvador.
Según Zárate, la desinformación ha impactado particularmente la confianza en la zona sur del Perú en relación con las elecciones presidenciales de 2021 y las protestas sociopolíticas de 2022, que respondieron al intento de Pedro Castillo de disolver temporalmente el congreso para evitar el juicio político. Como el sur representa un área diversa donde muchos residentes no hablan español como lengua materna y viven en comunidades rurales, Zárate dice que muchos se sienten tergiversados por la cobertura de los medios nacionales.
De acuerdo con Zárate, las implicaciones de la desinformación se extienden más allá de las respuestas a los resultados electorales, contribuyendo a tendencias autoritarias y al colapso de la democracia a largo plazo al desacreditar a las instituciones.
“Tiene que haber un equilibrio de poderes y en general, creo que este tipo de noticias lo que hacen es decir, ‘todo está mal’”, dijo Zárate.
Para mitigar eficazmente estas tendencias de desinformación en Bolivia, El Salvador y Perú, investigadores de cada país destacaron la importancia del desarrollo de capacidades en alfabetización mediática para miembros de la sociedad civil, líderes comunitarios y periodistas por igual, para ayudarles a convertirse en consumidores de información más críticos.
Cárcamo dice que formar alianzas entre medios y universidades, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos es clave para mitigar eficazmente la desinformación a nivel de comunidad local, fortalecer el rigor de la prensa y comenzar a educar a la próxima generación de jóvenes.
“Es importante crear red de apoyos con otros colectivos o colectivas, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional para tener mayor incidencia”, dijo.
Finalmente, Cárcamo señaló que un enfoque local para investigar las tendencias de la información fuera de las capitales, en colaboración con las comunidades, es esencial para comprender a la población de un país de manera más inclusiva y luego equiparla con habilidades para responder a la desinformación y garantizar sus derechos.
“A mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que sean críticos y críticas de su entorno social podemos tener ciudadanos, ciudadanos, obviamente que pueda tomar mejores decisiones”, dijo Cárcamo.
*Julia Knoerr, con base en Washington, D.C., es Asociada Senior de Programas en el equipo de América del Sur de Internews. Su trabajo se centra en estudiar las tendencias de la desinformación y ampliar el acceso a la información, especialmente entre las comunidades marginadas de América Latina.
