Desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de excepción en marzo de 2022, periodistas locales y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el hecho de que el mandatario haya extendido repetidamente el estado de excepción, en un supuesto intento de silenciar sistemáticamente la disidencia y desmantelar la libertad de prensa. La Asociación Salvadoreña de Periodistas (APES) documentó 311 agresiones -incluidos acoso, doxxing, amenazas y criminalización- contra periodistas en 2023; en los nueve primeros meses de 2024, registró 165 agresiones más.
Paralelamente, en una misión de investigación realizada en el país en septiembre para conocer el estado de deterioro del periodismo independiente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constataron que los periodistas en El Salvador están siendo objeto de demandas y auditorías, y al menos uno ha sido detenido, mientras que las familias de otros han sido blanco de ataques. También constataron que algunos periodistas están sometidos a vigilancia y que el gobierno restringe el acceso a la información.
Periodistas y medios de comunicación enfrentan constantes ataques en redes sociales, incluso por parte de propio Bukele, y las mujeres periodistas son especialmente vulnerables a amenazas de muerte y violencia sexual de sus partidarios. Además, la autocensura se está extendiendo entre la prensa, y muchos periodistas optan por ocultar su nombre en sus artículos o abandonar la profesión por miedo a represalias contra ellos o sus familias. Al menos cuatro periodistas han huido del país debido al acoso constante, informaron las organizaciones.
