¿Puede un político que ocupa un cargo público importante bloquear a un periodista en redes sociales? Este es un debate urgente para la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués). En una encuesta reciente, el grupo identificó al menos 174 casos de periodistas bloqueados por las autoridades brasileñas en Twitter entre 2014 y 2021.
La restricción de acceso a perfiles de políticos con cargos públicos, como el presidente, ministros, diputados y senadores, afecta a 88 periodistas en el país (una misma persona puede ser bloqueada por varias autoridades). Entre los casos evaluados, el presidente Jair Bolsonaro es el campeón del bloqueo: hay 50 casos.
Presidente brasileño Jair Bolsonaro. (Foto: Marcos Brandão/Senado Federal)
Abraji comenzó a monitorear casos en septiembre de 2020, con financiamiento de Open Society Foundations. El proyecto continúa hasta agosto de 2021, pero Abraji planea buscar nuevos recursos para continuar el trabajo.
En general, los casos registrados corresponden a relatos personales de las autoridades, pero Abraji identificó un bloqueo contra la periodista Cecilia Olliveira realizado por el perfil oficial de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. Olliveira es también la directora ejecutiva del Instituto Fogo Cruzado, que recopila datos sobre violencia armada.
“Después de cuestionar el motivo a través de la Ley de Acceso a la Información, [la periodista] fue desbloqueada”, dijo Mirella Cordeiro, a cargo del monitoreo de Abraji, a LatAm Journalism Review (LJR).
Olliveira se encuentra actualmente bloqueada por siete autoridades, incluido el presidente Bolsonaro y sus hijos, el concejal Carlos Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro, además de ministros y secretarios. Para eludir esta prohibición, la periodista debe abrir otras cuentas de Twitter para acceder al contenido publicado por estos perfiles.
“La transparencia pública debe ser la norma, pero no es así. Los perfiles públicos de las autoridades, donde informan de las actividades que realizan en sus cargos, son como un podio, una rueda de prensa. Impedir el acceso es impedir la actividad profesional del periodista. E impedir el trabajo periodístico es incompatible con la democracia”, dijo Olliveira a LJR.
Según la asesora legal de Abraji, Letícia Kleim, los bloqueos a periodistas son parte de un contexto más amplio de restricciones al acceso a la información y la transparencia en el país y son “otra de varias amenazas y violaciones a estos derechos”.
“Se trata de prácticas que contribuyen a un espacio cívico menos transparente y menos participativo, y por tanto menos democrático. Por un lado, el acceso a la información debe extenderse al entorno digital y las redes sociales, especialmente en el caso de las cuentas que publican información oficial en sus sitios web. Y, por otro lado, es necesaria la máxima accesibilidad y transparencia, tanto para que el periodismo ejerza su función de informar, como para la población en su conjunto, para el control y seguimiento de las medidas que toman los gobernantes”, dijo a LJR.
Los bloqueos en Twitter se pueden eludir en la vida cotidiana: los periodistas pueden ver la información publicada si acceden a los perfiles sin iniciar sesión en la plataforma, por ejemplo, pero esto evita cualquier interacción. A pesar de ser fácilmente eludibles, estos bloqueos contribuyen a este contexto de violaciones, dijo Kleim.
“Incluso en las redes sociales existen formas más graves de persecuciones, amenazas y hostigamientos que obstaculizan el ejercicio de la labor periodística. Los bloqueos en Twitter y otras redes sociales contribuyen a diagnosticar un cuadro general de restricciones en internet, con medidas para prevenir o limitar la libertad de expresión y de prensa en la red”, dijo.
Kleim sostuvo que existe una discusión legal sobre el tema en Brasil y otros países. En Estados Unidos, el Poder Judicial prohibió al entonces presidente Donald Trump bloquear a los seguidores en la plataforma en 2019. La práctica se consideró inconstitucional.
En Brasil, actualmente no existe una ley que regule este aspecto y, por ello, Abraji defiende la adopción de una norma legislativa que sirva de parámetro para estos casos.
“Así como el político utiliza sus redes sociales con fines profesionales, y no personales, para dar a conocer las acciones que realiza con motivo de su cargo público, la información que allí se transmita debe estar bajo el escrutinio de la población. En este sentido, por la seguridad de los periodistas, para que no se les impida ejercer su derecho a la información, consideramos positivas las iniciativas legislativas que buscan establecer esta obligación o prohibición de los políticos”, dijo Kleim.
Uno de los objetivos del seguimiento de Abraji incluye intentar influir en los parlamentarios para discutir la legislación sobre el tema. El Proyecto de Ley 2630/2020, conocido como el proyecto de ley de noticias falsas, aún pendiente en el Congreso, considera de interés público los perfiles de varias autoridades ejecutivas y legislativas, lo que evitaría bloqueos. Pero el proyecto de ley tiene varios puntos controvertidos. Por esta razón, 47 organizaciones, incluida Abraji, presentaron una carta conjunta pidiendo que se posponga la votación sobre el proyecto.
En la última encuesta publicada sobre los bloqueos, la asociación enumeró algunas de las medidas que los periodistas pueden tomar si son víctimas de estas restricciones, como las acciones legales y administrativas y el uso de la Ley de Acceso a la Información.
