La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) y la ONG Transparencia Brasil lanzaron el proyecto Achados e Pedidos (Resultados y Pedidos) que pretende ser la mayor plataforma del país de solicitudes y respuestas de la Ley de Acceso a la Información (LAI), y servir como una herramienta para monitorear el cumplimiento de la legislación.
La ley, que entró en vigencia en 2012, creó mecanismos para que cualquier ciudadano pueda exigir información a organismos públicos, sin tener que proporcionar un motivo de la solicitud.
La plataforma, lanzada el 10 de marzo, reúne pedidos y respuestas de la LAI por parte de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las esferas municipal, estatal y federal. Por lo tanto, el sitio le permitirá al usuario hacer una sola búsqueda en bases de datos que de otro modo estarían dispersos. Si un periodista quiere, por ejemplo, información sobre un político o funcionario en diferentes órganos, podrá buscar el nombre de la persona en la plataforma. Los resultados de búsqueda pueden ser sobre salarios recibidos, procesos judiciales, entre otros.
Actualmente, hay pocas agencias que publican las solicitudes y respuestas de la LAI para consulta, según los creadores del proyecto. Así que hay una enorme cantidad de información pública que es accesible sólo a las personas que presentaron la solicitud a través de la LAI.
“En la plataforma, cualquier persona va a poder buscar los datos que fueron obtenidos sin necesidad de hacer la misma petición de nuevo”, explicó la directora ejecutiva de Abraji, Marina Atoji, durante el evento de lanzamiento del proyecto. Esto también facilita el trabajo de los funcionarios públicos, que no necesitan enviar varias veces la misma respuesta. “Un periodista también puede aprovechar un pedido que ya pasó y presentarlo a una institución diferente de otra ciudad o estado”, dijo Atoji.
Otra ventaja de la plataforma es que presenta los datos de una forma más accesible que en muchos sitios públicos. La coordinadora de la investigación de Transparencia Brasil, Juliana Sakai, destacó que en Achados e Pedidos es posible hacer búsquedas detalladas del contenido de la petición y de la respuesta, incluyendo los documentos anexos – que también puede descargarse del sitio.
Para construir la base de datos inicial, lanzada con más de 23.000 pedidos, Abraji y Transparencia Brasil se asociaron con agencias gubernamentales como directores ejecutivos federales, estatales y municipales de São Paulo o el Ayuntamiento de Río de Janeiro, entre otros. También se pidió la participación a empresas, organizaciones de periodistas y ONG como Ação Educativa, Aos Fatos, Lupa, Artigo 19, Fiquem Sabendo, Instituto Sou da Paz, por mencionar algunas.
Durante todo el proyecto, se deben realizar más asociaciones con administraciones públicas, pero la base de datos también debe crecer con la colaboración de los usuarios. La plataforma permite que cualquiera pueda publicar un pedido hecho a través de la LAI o la respuesta que ha obtenido de parte de una agencia pública. Para evitar el fraude, es necesario registrarse e incluir algunos datos personales, tales como el número de identificación personal (CPF en portugués).
Transparencia Brasil será el encargado de moderar el material, evitando que solicitudes falsas sean publicadas. La plataforma también da la posibilidad de denunciar errores y manipulaciones en el contenido de las solicitudes. “Si la información está errada, nosotros estamos llamados a verificar, vamos a comprobar con la entidad pública y prohibir al usuario del sitio”, dijo Sakai.
Otro mecanismo de control es la identificación de la persona o entidad que publicó la solicitud como el Tribunal de Cuentas de la Unión o Artigo 19, por ejemplo. Los perfiles también pueden ser evaluados con estrellas por otros usuarios, de acuerdo con la credibilidad y la calidad del material insertado en el sitio.
Monitoreo de la ley
Uno de los principales objetivos de Achados e Pedidos es crear una base de datos amplia y suficiente para servir como herramienta de monitoreo de la LAI. Al introducir un pedido, el usuario indica el tiempo que se tardó en recibir la información, en caso de que haya tenido alguna respuesta. También señala si esta fue satisfactoria o si ha tenido que recurrir a apelaciones, por ejemplo.
“Con los datos, podemos generar estadísticas y análisis. Podemos ver, por ejemplo, cuál entidad no responde los pedidos o cuál se demora en responder. Vamos a poder hacer una muy amplia encuesta de cumplimiento de la ley de acceso, que hasta ahora no era posible porque está muy segmentado: cada entidad y cada estado tiene su propia base de datos”, explicó Atoji.
“Vamos a hacer un análisis cualitativo de los datos y a publicar contenido en el sitio. Y la plataforma también va a poder generar informes automáticos”, dijo Sakai. De acuerdo con los organizadores del proyecto, las autoridades a menudo consideran que están cumpliendo a una solicitud solo con responderla, incluso si no envían la información solicitada.
“El uso de la plataforma y su posterior análisis creará una nueva comparación de datos. El estado proporciona las bases de los pedidos y dice que gran parte de estos son respondidos. Vamos a ver si realmente se cumplen o si hay discrepancias en estos valores”, dijo Sakai.
El proyecto, que también incluye cursos gratuitos para periodistas sobre la LAI, es financiado por la Fundación Ford.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
