Periodistas que trabajan para grandes medios y blogueros independientes en Brasil están enfrentando el mismo problema: el riesgo de ser demandados por su trabajo.
Carlos Santos, un periodista independiente y bloguero en Mossoró, en el estado de Rio Grande do Norte, fue sentenciado a pagar más de 3.600 dólares en multas y cuatro meses de prisión (la pena de cárcel fue posteriormente suspendida) luego de que publicara varias notas en su blog sobre el alcalde de la ciudad. (Vea esta nota del Centro Knight sobre el caso).
Santos enfrenta otras 27 demandas y 9 órdenes de arresto por entradas en su blog que “ofendieron” a políticos y funcionarios públicos locales. El periodista ha sido sentenciado a penas de cárcel en tres ocasiones por “insultos", condenas que fueron luego reemplazadas por multas. En otros tres casos, Santos fue absuelto por la justicia.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó los casos contra Santos como un tipo de censura. “El problema está sobre todo en la cantidad excesiva de demandas en respuesta a comentarios o artículos vistos como un ataque a la reputación de una autoridad pública. El asedio judicial es otra forma de censura”, dijo el organismo.
Otra víctima de este tipo de ataques es Lúcio Flávio Pinto, el editor de Jornal Pessoal, quien ha sido blanco de casi 30 demandas por su cobertura sobre temas medioambientales y tráfico de materias primas en la Amazonía. El mes pasado, un juez amenazó con arrestar al periodista e imponerle una multa de 120.000 dólares si publicaba cualquier nota sobre una investigación local for fraude al fisco.
El año pasado, Emilio Neto, bloguero y estudiante de periodismo en Fortaleza, Ceará, fue obligado a pagar más de 9.500 dóalres a la directora de una escuela luego de que ella se sintiera ofendida por un comentario anónimo en el blog de Neto.
Los grandes periódicos no se han salvado. En 2008, Folha de São Paulo y su reportera Elvira Lobato fueron demandados por miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios que presentaron en total más de 100 demandas individuales. Los feligreses estaban molestos con un artículo sobre los negocios de la iglesia. Asimismo, el diario O Estado de S. Paulo tiene prohibido desde 2009 publicar informaciones sobre un operativo de la policía federal que involucró a la familia del presidente del Senado brasileño, José Sarney.
“Imponer una condena de prisión por un delito de prensa es contrario a la Constitución de 1988, que garantiza la libertad de expresión en todas sus formas”, dijo RSF. “Un paso fundamental en la conquista de este derecho fue la revocación por parte del Supremo Tribunal Federal en mayo de 2009 de la Ley de Prensa de 1967, promulgada durante a ditadura militar. Es incomprensible que algunos jueces decreten penas de prisión en procesos de difamación o injuria e impongan censura previa a los medios”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
