Un monitoreo realizado por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués) registró 119 casos de violencia de género contra periodistas en 2021 en Brasil. De estos, 58 contaron con la participación de autoridades estatales –el presidente de la República, Jair Bolsonaro, participó en ocho de estos ataques.
Estos datos forman parte del informe “Violencia de género contra periodistas”, publicado el 8 de marzo y disponible en portugués, español e inglés, con los resultados consolidados de un monitoreo realizado en el último año. Abraji recolectó casos utilizando un formulario disponible en el sitio del proyecto, alertas de Google y denuncias de organizaciones asociadas.
El informe destaca la especial vulnerabilidad de los periodistas dedicados a editar política, ya que el 60% de las agresiones estuvieron motivadas por la cobertura de este tema. Otro indicio es el hecho de que actores estatales participaron en el 52% de los ataques en los que se identificó a los agresores.
“Es posible identificar una asociación clara entre narrativas misóginas y tendencias autoritarias: la mayoría de las agresiones desencadenadas por una cobertura específica están relacionadas a pautas [fuentes] políticas y a intentos de impedir que el periodismo investigue y fiscalice el poder estatal”, señala el informe.
Investigadoras y periodistas durante el debate sobre el informe. (Captura de pantalla)
Entre los autores de la mayor cantidad de agresiones estuvieron el presidente, Jair Bolsonaro, y el diputado federal gobiernista Carlos Jordy, presentes en ocho ataques cada uno; Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y concejal de la ciudad de Río de Janeiro, y Tercio Arnaud Tomaz, asesor de la Presidencia, presentes en siete casos; y Eduardo Bolsonaro, también hijo del presidente y diputado federal, presente en cinco ataques.
En el 69% de las 42 agresiones en las que hubo más de un agresor, un actor estatal inició la agresión contra las periodistas, en la que fue acompañado por varios actores no estatales, quienes se sumaron a él para agredirlas. Según el informe, estos episodios muestran “la articulación entre tales autoridades públicas y grupos de agresores en la internet” y sugieren “la existencia de redes organizadas o semi-organizadas de agresores, cuyo objetivo es reverberar y amplificar la agresión online, creando un ambiente hostil para las periodistas”.
Las mujeres periodistas fueron blanco en el 91% de los episodios de violencia de género contra comunicadores registrados por Abraji. En el 7% (ocho casos) las víctimas fueron hombres y las agresiones fueron homofóbicas. El 2% restante fueron ataques contra medios de comunicación que informan sobre temas relacionados con género y feminismo, como fue el caso de Portal Catarinas, que en marzo de 2021 quedó fuera de línea tras una serie de ataques masivos.
Del total de 119 agresiones, el 75% fueron discursos estigmatizantes, que consisten en agresiones verbales o utilización de imágenes, videos, audios hechos públicos con el objetivo de difamar y desprestigiar a la víctima. Otro 11% correspondió a amenazas, intimidaciones y ciberamenazas; 5% agresiones físicas; 2,5% restricciones en internet; 2,5% procesos civiles y penales y 2,5% restricciones de acceso a la información.
La mayoría de los ataques registrados se dirigieron contra la reputación y la moral de las periodistas, incluidas narrativas sobre supuestas relaciones extramatrimoniales y sexualidad, así como ataques verbales con expresiones misóginas, con la intención de humillar a los profesionales. Términos como “vagabunda”, “puta”, “fea”, “mentirosa”, “chismosa”, “loca” fueron utilizados más de una vez en las agresiones, así como provocaciones de sesgo ideológico como “comunista”,“jornazista” [juego de palabras entre periodista y nazi] e “izquierdista”. Estas últimas fueron las palabras que más aparecieron en los ataques, que serían “producto de lo que indica un escenario político inflamado”, según el informe.
El medio digital fue el espacio en el que se originó el 68% de los ataques, mientras que el 29% no estuvo relacionado con entornos en línea y el 3% no se originó en internet, pero tuvo repercusiones allí.
El monitoreo también mostró que el 24,4% de las víctimas trabajaban para el Grupo Globo, el 11% para CNN Brasil, el 10,2% para el diario Folha de S.Paulo y el 5,5% para el portal UOL, mientras que el 3,9% eran periodistas independientes. “Esos datos son una importante señal para que esas empresas periodísticas inviertan en estructura para lidiar con los ataques” afirma el documento.
Abraji realizó dos webinars para lanzar el informe, los días 8 y 9 de marzo, con la participación de investigadoras en el tema y también de periodistas que ya han sido blanco de ataques de género motivados por su trabajo.
Una de ellas es Mariliz Pereira Jorge, periodista y columnista de Folha de S. Paulo, quien destacó su preocupación de que la violencia en línea contra los profesionales se convierta en violencia física, especialmente a la luz de las elecciones presidenciales que se realizarán en Brasil el próximo octubre.
“La violencia siempre ha existido, pero creo que ni siquiera hablamos de ‘ataques’. Solíamos decir ‘ah, me insultaron, alguien escribió algo sobre mí’, pero eso de la agresión, que los periodistas nos sintamos atacados, es algo que se hizo más evidente a partir de 2018”, dijo.
Jorge contó que ese año sufrió un ataque por primera vez. “Fue muy difícil. Estuve tres días prácticamente sin acceder a las redes sociales, sin hablar con la gente. Estaba muy asustada y sentí un impacto mental muy grande. Solo fue empeorando a partir de allí. Ya no me sorprende la virulencia de los ataques, pero es algo a lo que no nos acostumbramos”, aseguró.
Dijo que en marzo de 2021 sufrió “uno de los peores ataques” que ha vivido, y que en ese momento pudo contar con “todo el apoyo” de Folha, el diario para el que trabaja. La compañía le brindó asesoramiento legal y de seguridad, incluso le sugirieron que pasara tiempo fuera de casa y le ofrecieron apoyo financiero para que eso sucediera. Según ella, el apoyo de la organización periodística en la que se desempeña el profesional es “fundamental”.
“Me sentí mucho menos vulnerable en ese momento debido a ese apoyo. Y sé que no todos los periodistas cuentan con eso”, dijo Jorge.
Esta es una de las principales recomendaciones presentadas en el informe, que establece que “las organizaciones periodísticas deben proteger a sus profesionales, creando canales seguros de denuncia y proporcionando asistencia jurídica, además de invertir en la construcción de una cultura organizacional en la que la violencia sea tomada en serio”.
Además, el documento señala que es necesario que las organizaciones periodísticas “ofrezcan entrenamiento en seguridad digital, inviertan en la formación de equipos y adopten herramientas tecnológicas de monitoreo y protección” a sus profesionales.
Otra medida importante, según el informe, es la acción de las plataformas digitales. Deberían invertir más “en la moderación de contenidos, invirtiendo sobre todo en empleados con entrenamiento en igualdad de género y derechos humanos”; revisar continuamente “sus políticas, algoritmos y procesos de moderación para tratar con la naturaleza en constante evolución de la violencia online”; y “definir políticas y procedimientos más eficaces para detectar y penalizar a los infractores reincidentes e impedir que los mismos agresores asuman nuevas identidades online después de ser suspendidos”.
*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.
