Actualización (agosto 24 de 2015): Debido al “limbo jurídico” en el que aseguró encontrarse luego de que la justicia no le reactivara su visa revocada, la periodista brasileña Manuela Picq decidió abandonar Ecuador el pasado 21 de agosto, según lo anunció desde el aeropuerto internacional de Quito, informó el diario El Universo.
Picq había solicitado una acción de protección para resarcir sus derechos constitucionales luego de que fuera detenida en medio de manifestaciones públicas, el pasado 13 de agosto, y de que su visa fuera revocada. Sin embargo, la acción fue negada, razón por la periodista decidió abandonar el país y así precautelar su seguridad jurídica y su integridad física, reportó Fundamedios.
“Hasta ahora no me informa el Estado cuál crimen cometí […] escuché que mi crimen era actividad política, que yo sepa no hay delito de opinión en la Constitución ecuatoriana […] que yo sepa no hay delito emocional tampoco de amar a un líder político”, dijo Picq quien también aseguró intentará volver a Ecuador a través de la solicitud de una visa Mercosur desde Brasil, agregó Fundamedios.
Nota original (agosto 18 de 2015): La periodista brasileña Manuela Picq fue arrestada y su visa suspendida por el gobierno de Ecuador, después de asistir a una protesta en Quito, el viernes 14 de agosto, informó el portal G1. Según la periodista, las autoridades ecuatorianas no le informaron la razón por la que su visa su cancelada y la llevaron a un centro para personas extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular.
Después de su arresto, Manuela corrió el riesgo de ser deportada, pero en una audiencia celebrada el lunes 17 de agosto, el juez a cargo del caso encontró que las acusaciones presentadas por Ecuador no fueron suficientes para su expulsión, de acuerdo con el diario O Globo.
Manuela participaba en la marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que reunió a miles de personas en Quito y terminó en conflicto con la policía el pasado 13 de agosto. Picq fue detenida cuando, según informó a la prensa local, trató de ayudar a su esposo, Carlos Pérez Guartambel, líder de una organización indígena de oposición al gobierno y uno de los principales líderes de la protesta. La brasileña era residente de Ecuador y dictaba clases en la Universidad San Francisco de Quito.
“Me están inventando una situación criminal, una ilegal para criminalizarme y sacarme del país. Estoy secuestrada literalmente, todo es arbitrario e ilegal, es difícil predecir qué va a pasar en las próximas horas o en los próximos días. El proceso no es un proceso jurídico, es un un proceso político, de discriminación política”, fueron parte de las declaraciones de Picq en una entrevista con el periodista César Ricaurte, de RayuelaRadio.com.
La periodista escribe artículos para la red Al Jazeera y para otros periódicos independientes. Los medios de comunicación local consideran que su detención habría sido en represalia por su marido, quien en los últimos meses ha recibido amenazas de ir a prisión por parte del gobierno de Rafael Correa, según la BBC Brasil. La razón dada por las autoridades para la revocación de su visa fue que ella tenía un estatus de intercambio cultural y que no podía participar en actividades políticas.
La hostilidad hacia los periodistas, medios de comunicación y activistas se ha incrementado en Ecuador, y los ataques a la libertad de expresión son cada vez más frecuentes. La ONG Fundamedios en su informe ‘Víctimas del clima de hostilidad en Ecuador’ mostró un aumento en los ataques contra la prensa y activistas.
Durante una audiencia ante la CIDH el pasado marzo, César Ricaurte, de Fundamedios, aseguró que desde la última audiencia sobre este tema (en marzo de 2014) las agresiones y amenazas contra periodistas, medios y ciudadanos han aumentado de manera dramática: un 46 por ciento comparado con 2013. Aseguró que su organización registró 254 agresiones contra la prensa durante 2014. “Y la tendencia no se detiene. Solo entre enero y febrero de 2015 se han reportado 46 nuevas agresiones contra la prensa”, agregó.
En su asamblea de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó las sanciones excesivas de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), órgano de vigilancia establecido por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), esta última conocida por el periodismo local como “ley mordaza”.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rafael Correa es parte del grupo de presidentes latinoamericanos que tienden a “apuntar con el dedo a los medios de comunicación y [a] pisotear al periodismo durante las intervenciones públicas”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
