La salida de dos periodistas de Ecuador tras recibir amenazas de muerte por sus reportajes es la evidencia más reciente del aumento de la inseguridad que enfrentan profesionales de la prensa para realizar su trabajo en el país. Karol Noroña, del medio digital GK, es una de ellas. En entrevista con LatAm Journalism Review (LJR), habló sobre el contexto, que ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil, del fortalecimiento del crimen organizado y la inacción de las instituciones estatales que deben proteger a periodistas y a toda la ciudadanía.
“Cada vez se ha vuelto mucho más hostil hacer periodismo ahora que todo el Estado ecuatoriano está permeado por el crimen organizado”, aseguró Noroña, quien durante años se ha dedicado a cubrir el crimen organizado y el sistema penitenciario del país. Ella salió de Ecuador el 24 de marzo, poco después de enterarse por sus fuentes de que había planes para un atentado “inminente” contra su vida.
La periodista ecuatoriana Karol Noroña. (Foto: Karen Toro)
“Sabemos, por experiencias de otros países, que cuando el crimen organizado está asentado, tiene permeado no sólo a funcionarios del gobierno, sino a la Fiscalía, a la Policía Nacional, y eso hace que nosotros [periodistas] estemos en un estado de completa indefensión”, dijo.
Un mes después de la salida de Noroña, la organización Periodistas Sin Cadenas, dedicada a la defensa del periodismo de investigación y la libertad de expresión, anunció que otra persona periodista ecuatoriana había salido del país por amenazas de muerte y falta de protección estatal.
Según la organización, esta persona, cuya identidad no fue divulgada, “ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, desde hace ocho meses”.
“Sin embargo, ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso en todo este tiempo con la relevancia que merece. Como consecuencia, debemos lamentar su salida permanente del país”, señaló Periodistas Sin Cadenas.
En un comunicado divulgado el 24 de abril, las organizaciones Periodistas Sin Cadenas, Fundamedios, Voces del Sur, Red Leal e IFEX-ALC señalan que “la desprotección estatal ha generado un ambiente hostil donde el crimen organizado y la delincuencia apuntan directamente al periodismo ecuatoriano”. Los dos recientes casos de exilio de periodistas “son ejemplos de que el Estado no ha sido eficiente en proteger y garantizar un ejercicio periodístico libre y seguro”, escribieron las organizaciones.
Además del exilio de al menos dos periodistas amenazados de muerte, Ecuador registró este año un nuevo tipo de ataque a trabajadores de prensa: pendrives explosivos. El 20 de marzo, al menos cinco periodistas de diferentes medios – televisión y radio – recibieron pendrives enviados a sus redacciones en sobres, y al menos uno de ellos también contenía una nota con amenazas escritas. Los dispositivos contenían explosivos y uno detonó cuando se insertó en una computadora, pero nadie resultó herido.
Según informó el diario español El País a fines de marzo, las primeras investigaciones de la policía revelaron que el remitente de las cinco memorias USB explosivas era el mismo hombre que había enviado los sobres a las redacciones ubicadas en Quito y Guayaquil desde la ciudad de Quinsaloma, una provincia costera de Los Ríos. Sin embargo, hasta ese momento, el sospechoso no había sido capturado.
Fundamedios registró 79 ataques contra la libertad de expresión en el país en el primer trimestre de 2023 – en el mismo periodo de 2020 hubo 16 registros y en 2022 fueron 57. “El aumento de los ataques cometidos contra la prensa no sólo se queda en las cifras, sino también en el tipo de agresiones, que se ha ido agravando”, señaló la organización en su más reciente informe trimestral titulado “La violencia y el crimen organizado acallan al periodismo en Ecuador”.
Entre los casos registrados por Fundamedios se encuentran el caso del periodista independiente Julio César Ramos, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, quien el 7 de marzo despertó en medio de la madrugada y vio a dos hombres prendiendo fuego a su automóvil; el medio Vinces TV, en Huaquilas, provincia de El Oro, que anunció a su audiencia que dejaría de cubrir temas policiales y delictivos tras recibir mensajes amenazantes de grupos criminales; y la periodista Karen Minda, de la página La Voz del Pueblo, quien recibió amenazas de muerte contra ella y su familia por su cobertura de uno de los líderes de un grupo criminal en El Triunfo, en la provincia de Guayas.
También en marzo se cumplieron cinco años de los asesinatos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, del diario El Comercio, y la impunidad de estos crímenes. Los tres profesionales fueron secuestrados y asesinados en la provincia de Esmeraldas, en la frontera entre Ecuador y Colombia, por disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mientras cubrían la violencia en la región. Desde entonces, familiares y defensores de derechos humanos y libertad de prensa se han unido en la campaña “Nos Faltan 3” para pedir a los Estados de Ecuador y Colombia responsabilizar a los involucrados en los crímenes y desclasifiquen información sobre el caso.
“La impunidad en Nos Faltan 3 alimenta el contexto de nuevas amenazas y ataques a periodistas”, escribió Periodistas Sin Cadenas. Fundamedios, por su parte, afirmó que fue un “doble atentado contra la libertad de expresión” la falta de respuestas por parte de los Estados ecuatoriano y colombiano. “Las recurrentes violaciones a los derechos humanos de los familiares es indignante”, declaró la organización.
Desde el exilio, Karol Noroña le dijo a LJR que trabajó en El Comercio en 2018 y fue colega de Ortega, Rivas y Segarra cuando fueron secuestrados y asesinados. “Yo tuve que salir en el quinto aniversario de la muerte de los chicos con una impunidad total, sin respuestas”, dijo Noroña, quien realizó una investigación sobre el caso en 2021, junto con la periodista Mayra Prado, que se publicó en el sitio de Periodistas Sin Cadenas.
“Puedo decir a viva voz que este caso ha sido cubierto por la impunidad por mucho encubrimiento e intereses, no sólo de autoridades ecuatorianas, sino de Colombia también. Ha habido otros casos también, pero el caso de los chicos fue el más emblemático, y al haber impunidad eso abre camino para que lo que nos pasa ahora quede también en la nada”, agregó Noroña.
Hasta el 29 de abril, más de un mes después de que Noroña saliera de Ecuador, ninguna autoridad se había pronunciado públicamente sobre su caso. Sin embargo, según ella, el Ministerio Público le envió un correo electrónico cuando se hizo público su exilio. La dependencia le ofreció dos opciones, dijo Noroña: que denunciara formalmente la amenaza que recibió y de ahí se iniciara una investigación, o que el Ministerio Público iniciara una investigación por su cuenta, con su colaboración.
Noroña dijo que respondió al email negándose a presentar una denuncia o colaborar con la investigación. Guiada por su abogado, ella incluyó en su respuesta la afirmación de que, según la Constitución y el Código Penal de Ecuador, el Ministerio Público tiene el deber de investigar por cuenta propia al conocer casos como el suyo, sin necesidad de una denuncia previa o colaboración de la víctima.
“¿Cómo es que yo puedo confiar en poner una denuncia, si es que a un compañero o una compañera que sí lo hizo durante ocho meses tuvo que salir igual de exiliado en condiciones terribles?”, se preguntó refiriéndose al caso de la otra persona periodista que salió del país después de ella.
“Cuando vi la noticia de mi colega, yo más que nunca, pese el costo personal de esto, supe que lo único que podía yo hacer era salir del país, porque, ¿qué hacía? Yo investigo a la policía, entonces ¿iba a aceptar que lo único que hagan es que me pongan dos policías de vigilancia, que ni siquiera cumplen con ese trabajo? Porque la Fiscalía ecuatoriana tiene un sistema de testigos protegidos que no tiene presupuesto y que tampoco nos asegura. ¿Cómo yo voy a investigar a la policía con policías vigilándome?”, continuó con sus preguntas.
Tres semanas después de que se anunciara el exilio de Noroña, una misión del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y representantes de Fundamedios se reunieron con representantes del gobierno ecuatoriano y del Ministerio Público “con el objetivo de buscar la manera de mejorar las condiciones del ejercicio profesional” del periodismo en el país, escribió Fundamedios.
La titular del Ministerio Público de Ecuador, Diana Salazar, dijo que “la institución que dirige tiene competencias limitadas, ya que la seguridad depende de la Policía, y que para proceder a una investigación es necesario que se presente la denuncia”, informó Fundamedios. Salazar también afirmó que el programa de Protección a Víctimas y Testigos sufre de “la falta de recursos económicos que permitan su operatividad, por lo que ha solicitado que se le declare en emergencia, pero su pedido no ha sido atendido por el Gobierno”.
Ella sugirió establecer “una especie de apoyo con organizaciones de la sociedad civil”, para que sean ellas las que alerten sobre las denuncias de las personas que se sienten profesionalmente amenazadas pero no quieren denunciar directamente al Ministerio Público, informó Fundamedios.
Sebastián Corral, secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso, dijo a representantes de Fundamedios y el CPJ que “todo el país vive una crisis de inseguridad sin precedentes, de la que no sólo son víctimas los periodistas, sino también fiscales, policías y ciudadanía en general”. Las organizaciones manifestaron que Corral se comprometió a trabajar para que se reglamente la Ley de Comunicación y que se incluyan en el reglamento los recursos para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas, previstos en la ley.
Noroña dijo que nunca imaginó tener que recurrir al exilio para proteger su vida. “Esa palabra para mí, yo que he seguido el periodismo de muchos colegas a nivel internacional, es algo que yo nunca imaginé que me iba a pasar en este momento de mi vida. Todavía estaba comenzando”, dijo la joven de 28 años, ocho de ellos en el periodismo.
Ella cree que la situación que vive Ecuador hoy, con el fortalecimiento del crimen organizado, necesita ser contada desde una “mirada regional”, ya que es algo que ocurre de manera transnacional e involucra a varios países de la región.
“Mucho de lo que pasa en Ecuador, evidentemente, tiene que ver con una reconfiguración y una potenciación de las organizaciones criminales a todo nivel”, aseguró. Ella también subrayó que “el crimen organizado no existe sin Estado”.
“Sí, los carteles y las economías ilícitas están ahí, pero eso no pasa sin complicidad del Estado, sin complicidad directa de los funcionarios públicos a todo nivel. [...] Hay que hablar de la corrupción, porque eso es lo que a nosotros nos impide como periodistas, al menos, y a la gente también, denunciar esto con las autoridades, porque sabemos que están corrompidas. Si no son todas, la gran mayoría”, aseguró Noroña.
Para ella, el panorama es “desolador”, pero es importante no dejarse llevar por el pesimismo. “Para poder seguir haciendo periodismo, hay que articularnos y hay que articularnos no sólo los periodistas en Ecuador sino en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en México, hacer una red internacional para que todo esto sea más visible, porque no puede ser que estemos condenados a silenciarnos por esto. [...] Contar historias de un contexto de muerte es justamente luchar por seguir contando la vida. Al menos esa ha sido nuestra intención en Ecuador: hacer mucha memoria, para que las personas que están muriendo, que son adolescentes, niños, colegas, no se pierdan, y nombrar esas vidas”, aseguró.
(Banner: Quito, capital de Ecuador. Foto: Kiyoshi/Unsplash)
