Por Maira Magro
La disputa entre Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, y el gobierno federal por Papel Prensa, el mayor fabricante de papel de periódico del país, se intensificó en los últimos días, con denuncias cruzadas de amenazas de muerte y acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-1983).
El presidente y director ejecutivo de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, denunció en una reunión en el diario Clarín la semana pasada que una de sus hijas recibió amenazas de muerte en dos ocasiones y que en medio de la serie de presiones oficiales que enfrenta, podría ir preso.
Magnetto también rechazó acusaciones de lavado de dinero y otras irregularidades en la compra de Papel Prensa, así como que los propietarios de Clarín hayan adoptado hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, publicó Quilmes Presente.
El gobierno contraatacó a través del canciller Héctor Timerman, quien afirmó que la compra de la empresa papelera fue un caso de apropiación de una empresa por parte de militares en sociedad con los civiles que involucró “violaciones a los derechos humanos”.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibirá la próxima semana un informe sobre la transferencia de acciones de la compañía a los diarios Clarín y La Nación durante la dictadura militar reportó la agencia de noticias estatal Télam.
Papel Prensa opera como una sociedad con participaciones del Estado y los periódicos previamente mencionados, que la adquirieron en 1976. Representantes del gobierno acusan a Clarín y La Nación de haber pactado con los militares para no denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y a cambio recibir beneficios como la propiedad de la empresa papelera, publicó el periódico Perfil.
Las acusaciones están basadas en parte en el testimonio de Lidia Papaleo, viuda del fallecido ex dueño de Papel Prensa, quien afirma que sufrió “extorsión, intimidación y amenazas” para traspasar la propiedad de la empresa.
Ella acusa a Magnetto, de haberla amenazado para que transfiriera las acciones de la compañía. “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”, le habría dicho el empresario en una reunión en 1976.
En una muestra de las tensas relaciones entre el gobierno y los periódicos Clarín y La Nación, el secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, llevó guantes de boxeo la semana pasada a una asamblea de Papel Prensa en la que los accionistas privados querían sacar a uno de los representantes estatales de la comisión fiscalizadora de la empresa, un órgano de control donde el Estado tiene mayoría.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
