El paquete de recomendaciones para cambiar el sistema interamericano de derechos humanos acogido por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el miércoles 25 de enero podría limitar y neutralizar la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre todo el trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Calificado como “golpe”, “zarpazo” y “estocada” a la libre expresión, el conjunto de recomendaciones es también un triunfo del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el principal promotor de estas reformas y quien repetidamente ha intentado desprestigiar la labor de la relatoría y de la CIDH, porque considera que interfieren en asuntos internos.
“Se trata de recomendaciones que hablan de 'fortalecer' el sistema interamericano, pero en realidad son contrarias a la protección de un derecho fundamental. Puede limitar seriamente la capacidad de investigación y de denuncia [de la relatoría]", dijo al Centro Knight para el Periodismo en las Américas Carlos Lauría, coordinador senior para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). “La emprenden contra los organismos de control intergubernamental".
Por ahora, las recomendaciones en cuestión tienen carácter no vinculante. Su eventual aprobación definitiva depende de lo que al respecto decidan los 34 países miembros en la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en junio en Bolivia.
Aunque las propuestas apuntan, en teoría, a fortalecer la transparencia y el rigor jurídico del sistema interamericano de derechos humanos, más de 60 ONG y representantes de la sociedad civil han planteado que los cambios redundarían negativamente en la efectividad y autonomía de la relatoría. Las reformas —promovidas por un grupo de trabajo creado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela— tienen que ver básicamente con el presupuesto y la capacidad de acción de las relatorías de OEA.
Por un lado se pide igualar el financiamiento de todas las relatorías de la CIDH, pero actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión recibe más del triple de los recursos que todas las otras. Como también se le prohibiría buscar fondos externos, la relatoría vería su presupuesto muy mermado. Asimismo, se plantea que siga un código de conducta que podría impedir que publique sus tradicionales comunicados —muchos de ellos criticando las acciones de Ecuador y Venezuela contra la libre expresión— y se sugiere que el informe anual de la relatoría sea breve y referido a toda la región, no separado por país.
Tal tipo de arremetida contra la relatoría que dirige la abogada colombiana Catalina Botero no es nueva en el gobierno ecuatoriano, que considera improcedentes las críticas y recomendaciones sobre libertad de expresión que ha recibido en los últimos meses. (Del mismo tenor son las respuestas que ha dado ante las numerosas cartas e informes de organizaciones internacionales preocupadas por las libertades de prensa y opinión.) El presidente Correa también ha intentado desprestigiar a la propia Botero.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), además de entidades de defensa de la libertad de prensa, como Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, sin embargo, han salido en defensa de Botero y el organismo que encabeza. A la fecha, ni Botero ni el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se han pronunciado sobre las posibles reformas.
Creada en 1997, la relatoría ha realizado un importante trabajo en la región de defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información; de protección de periodistas; a favor de la despenalización de la opinión y el desacato; en contra de la impunidad en los crímenes contra reporteros, y de promoción del pluralismo informativo. “Esto ha sido un trabajo de más de 10 años, pero se busca neutralizar su trabajo y limitar su influencia”, dijo Carlos Lauría, del CPJ.
La preocupación no es menor, si se toma en cuenta que en los últimos años diversos índices dan cuenta de crecientes obstáculos a la libertad de expresión en el continente y por ende, a la democracia. “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser”, dijeron en un comunicado conjunto Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Como explicara Carlos Lauría, del CPJ: “esto es un reflejo del deterioro de las instituciones de la democracia a nivel regional. […] Ecuador, con el apoyo de sus socios del ALBA buscan avasallar las instituciones que les hacen señalamientos que le resultan incómodos”, como los recibidos por el gobierno ecuatoriano por sus ataques a la prensa. Es precisamente por esto que es “importante reforzar los mecanismos como la relatoría”, dijo Lauría.
Aunque hay preocupación, Lauría destacó que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA no hubo un apoyo unánime a las recomendaciones de Ecuador sobre la relatoría y que, al contrario, países como Uruguay, Costa Rica y Panamá apoyaron fuertemente el actual trabajo de la CIDH y sus órganos.
Otros líderes regionales como México y Colombia, sin embargo, tuvieron una reacción calificada de ambigua. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, por ejemplo, criticó que el representante del gobierno colombiano denominara a las posibles reformas de “positivas” y no defendiera explícitamente el papel jugado por la relatoría en la garantía de la libertad de expresión en el continente.
El gobierno ecuatoriano viene siendo cuestionado hace años por sus acciones contra la libertad de expresión y mantiene una relación muy hostil con la prensa, a la que ha llamado “mediocre”, “mentirosa”, “corrupta” y “poder fáctico”.
Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y Reporteros Sin Fronteras han pedido al presidente Correa que ponga fin a sus ataques a periodistas y medios, los que incluyen demandas sin precedentes (como la que afecta al diario El Universo). Medios como el New York Times, el Washington Post, El País de España, El Espectador de Colombia y La Nación de Argentina también han cuestionado las acciones de Correa y hasta ex presidentes del país le han pedido mayor respeto por la libertad de expresión.
El mandatario ha asegurado que en su país se vive “una total libertad de expresión”, insiste que sólo busca un ejercicio responsable del periodismo y niega que haya una persecución a los medios en su país, pese a la existencia de una campaña gubernamental que acusaba a la prensa, radio y televisión de “tergiversar la verdad”. En sus años en el gobierno, Correa también ha consolidado una importante y creciente red de medios públicos como respuesta a “los sicarios de la tinta” que dominan la prensa privada.
Como explicara José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Human Rights Watch: “Pareciera ser que para el presidente Correa el único ejercicio posible de la libertad de expresión es aquel que se verifica en aplausos y alabanzas al gobierno actual".
