En Brasil en 2017 hubo al menos 27 violaciones graves contra comunicadores, según un informe publicado el 3 de mayo por el capítulo brasileño de la organización internacional Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión. Las informaciones recogidas por la ONG anualmente desde 2012 apuntan tendencias que se mantienen en el país: los políticos son los principales sospechosos de encargar o realizar las violaciones; ciudades pequeñas, con hasta 100 mil habitantes, son el principal escenario de los casos; y radialistas y blogueros son las principales víctimas de los ataques.
La organización registró el año pasado 27 violaciones graves contra comunicadores en Brasil: 21 amenazas de muerte, cuatro intentos de asesinato y dos homicidios. Hubo una leve caída con respecto a 2016, cuando la organización registró 31 violaciones. En los seis años de seguimiento, se han registrado 177 violaciones, consistentes en 115 amenazas de muerte, 34 intentos de asesinato, 24 homicidios y cuatro secuestros – esta última modalidad de violencia no fue registrada en 2017.
Artículo 19 explica en el informe que “considera como comunicadores a aquellas personas que ejerzan la comunicación como actividad regular, incluso de manera no formalizada”. La idea es reconocer el ejercicio de la comunicación como “un derecho humano que supera la certificación de categorías profesionales”.
Los comunicadores más afectados en 2017 fueron radialistas (10 casos), blogueros (9) y periodistas (8). De todos los casos, el 73% de ellos ya habían sufrido alguna violación anteriormente relacionada con el ejercicio de la comunicación, dice el informe.
La organización cruzó los datos sobre las violaciones con la encuesta realizada por Atlas da Notícia, proyecto que en 2017 mapeó los medios periodísticos locales en Brasil e identificó “desiertos de noticias”, regiones que no poseen ningún periódico impreso o en línea. De los 19 casos de violaciones graves contra radialistas y blogueros, 10 ocurrieron en ciudades ubicadas en regiones de “desierto de noticias” y dos en ciudades que poseen sólo un medio impreso cada uno y ninguno en línea.
“En muchas ciudades donde no hay periódicos, los blogueros y radialistas acaban justamente ocupando ese vacío informativo”, afirma Artículo 19. “Las graves violaciones que sufren, por lo tanto, representan tanto amenazas a la libertad de expresión y a la vida de esos individuos, como la posibilidad del silenciamiento completo de los medios locales”.
Así como en 2016, los políticos son sospechosos de encargar o realizar los ataques a comunicadores en la mayoría de los casos registrados el año pasado. En 17 casos – cuatro intentos de asesinato y 13 amenazas de muerte – los sospechosos son políticos.
Funcionarios públicos (tres casos) y un empresario (un caso) también fueron identificados como sospechosos de violaciones graves a comunicadores en 2017, así como el crimen organizado, que sería responsable de los dos homicidios registrados por Artículo 19. Se trata de los blogueros Luís Gustavo de Silva y Francisco José Rodrigues (Franzé), ambos asesinados en Ceará, el estado con el mayor número de violaciones (siete).
Los dos homicidios están relacionados con la denuncia hecha por los blogueros de actividades criminales en sus regiones. La denuncia de irregularidades en la administración pública es otro de los principales motivos de los agresores y se relacionan con los cuatro intentos de asesinatos registrados por la ONG – dos en Ceará, una en Goiás y una en São Paulo.
Más de la mitad de las violaciones registradas por la ONG ocurrieron en la región Nordeste del país (56%), seguida por las regiones Sudeste (22%), Centro-Oeste (15%) y Sur (4%). Las ciudades pequeñas, con menos de 100 mil habitantes, fueron escenario del 69% de las violaciones; ciudades medias, que poseen entre 100 mil y 500 mil habitantes, el 23%. En las grandes ciudades, con más de 500 mil habitantes, ocurrieron el 8% de los casos registrados por Artículo 19.
El informe también identificó un escenario de impunidad: en el 22% de los casos, la investigación no avanzó, y en el 19% las víctimas ni siquiera buscaban a las autoridades por desconfiar de la independencia o de la voluntad de la policía para investigar. Una de las víctimas llegó a recurrir directamente al Ministerio Público por no confiar en la policía.
“Esto demuestra la necesidad no sólo de afrontar los problemas relativos a la investigación policial, sino paralelamente de abrir otros canales confiables que estén preparados para recibir esos casos y proceder de manera independiente y eficaz”, afirma Artículo 19.
Una de las principales consecuencias de la violencia contra comunicadores y su impunidad es la autocensura, señala el informe. Siete comunicadores víctimas de violaciones en 2017 dijeron a Artículo 19 que pasaron a autocensurarse. Dos de ellos dijeron haber dejado completamente la comunicación y otros tres afirmaron cambiar el tema de su cobertura, dejando de informar sobre temas políticos y sensibles que cubrían anteriormente.
En un comunicado en su sitio, la organización criticó al Estado brasileño “que no ha tomado ninguna medida para atacar el problema, ni siquiera las más puntuales, a pesar de las diversas alertas y recomendaciones presentadas por la sociedad civil en los últimos años”, según Artículo 19.
La ONG subrayó que “la preocupación actual es aún mayor por el hecho de que 2018 es un año electoral, cuando, históricamente, el número de violaciones contra comunicadores aumenta”. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por sus siglas en portugués) registró 56 agresiones a comunicadores en contextos políticos, de partidos y electorales en el país.
Congreso y Consejo de Derechos Humanos debate violencia contra comunicadores
El Consejo de Comunicación Social (CCS) del Congreso Nacional debatió el 7 de mayo la violencia contra comunicadores en el país. La audiencia pública, realizada en el Senado Federal en Brasilia, tuvo participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj) y la Federación Nacional de las Empresas de Radio y Televisión (Fenaert).
La audiencia abordó los casos de violencia contra comunicadores ocurridos en 2017 y también los casos recientes de agresiones e intimidación a periodistas en el contexto de la cobertura del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Al menos 19 periodistas fueron agredidos por manifestantes entre los días 5 y 7 de abril en varias ciudades del país mientras cubrían las protestas contra el arresto del exmandatario.
“Las personas sin capacidad para verificar la opinión contraria o aceptar la diversidad de opinión han generado incomprensión del papel de los medios de comunicación en la sociedad, que es traer información con responsabilidad”, dijo Paulo Tonet, de Abert, según reportó Agência Brasil.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también celebró una reunión sobre el tema en Brasilia. El 8 de mayo, la audiencia pública “Estrategias de enfrentamiento a la violencia contra comunicadores/as en Brasil” reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones como el Ministerio de Derechos Humanos (MDH), Ministerio Público Federal (MPF), Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) y Ministerio de Justicia (MJ). Participaron también representante de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y comunicadores que han sido víctimas de violencia.
Según el CNDH, el objetivo de la audiencia fue fortalecer la agenda de enfrentamiento a la violencia contra comunicadores y pensar acciones conjuntas para la prevención y protección del trabajo de estos profesionales.
La organización Reporteros Sin Fronteras afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico, que el tema fue trabajado por el Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los Profesionales de la Comunicación en Brasil”, creado en octubre de 2012 por el entonces Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) integrado por representantes de diversos órganos del Estado y por organizaciones de la sociedad civil. Los trabajos del grupo resultaron en un informe con recomendaciones al poder público, pero RSF afirmó que la Comisión evalúa que, desde el 2014, cuando el documento fue publicado, pocas medidas avanzaron, “lo que resultó en un escenario de poco avance en las medidas de prevención y morosidad en las investigaciones de los crímenes contra este grupo”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
