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Asedio y ataques a la prensa en Jalisco encienden focos rojos entre defensores de libertad de prensa

El gobierno del estado mexicano de Jalisco ha causado alerta entre las organizaciones de defensa de libertad de expresión en los últimos días debido a recientes hechos de asedio y ataque a periodistas y medios de comunicación en la entidad.

Solo en el mes de diciembre, la organización Artículo 19 emitió tres alertas por casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en el estado, dos de ellos relacionados directamente con el Gobernador Enrique Alfaro.

El 8 de diciembre, la periodista Rocío López Fonseca del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara fue interrumpida por el Gobernador Alfaro mientras intentaba entrevistar al secretario de salud local sobre la escasez de insumos en las instituciones de salud. Alfaro intervino y ordenó detener las entrevistas de quienes, dijo, acuden a “reventar” (boicotear) los eventos públicos.

Según Artículo 19, la reportera había intentado previamente cuestionar al Gobernador sobre la falta de insumos médicos, a lo que este se había negado. En un comunicado, la organización calificó las expresiones del mandatario como intentos de estigmatizar y criminalizar la labor periodística.

Dos artículos de Ravelo provocaron la reacción del Gobernador de Jalisco. (Foto: Captura de pantalla)

Dos artículos de Ravelo provocaron la reacción del Gobernador de Jalisco. (Foto: Captura de pantalla)

El 27 del mismo mes, el Gobernador anunció que había iniciado una demanda por daño moral y había solicitado medidas cautelares contra el periodista Ricardo Ravelo Galo, quien días antes había publicado un par de artículos de una investigación sobre el crimen organizado en Jalisco.

En la investigación, Ravelo habla de la supuesta protección de la administración de Alfaro a un grupo delincuencial y exhibe la presunta participación de personas cercanas al gobernador en una organización criminal.

Un día después, Artículo 19 se pronunció en contra de las amenazas del gobernador de emprender acción legal contra Ravelo y dijo que esto atenta contra la libertad de expresión y busca limitar la crítica hacia las autoridades.

“Sí es un tema que el gobernador de Jalisco ha recurrido a este tipo de acciones y de amedrentamiento, de amenaza, inclusive, y utilizando a las instituciones. Creemos que sí es un signo de alerta el hecho de que quiera censurar a la prensa utilizando incluso a las propias instituciones”, dijo a LatAm Journalism Review Edgardo Calderón, coordinador de defensa de Artículo 19.

En julio de 2018, antes de asumir como gobernador, Alfaro logró que la autoridad electoral del estado de Jalisco ordenara al portal Aristegui Noticias suspender la difusión de una artículo de la periodista Anabel Hernández en el que se mencionaba que el entonces gobernador electo estaba bajo investigación en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

La medida cautelar fue desechada cinco meses después, sin embargo la nota ya había dejado de circular.

“Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las ‘medidas cautelares’ para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo”, dijo Artículo 19 en su posicionamiento del 28 de diciembre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció protección a Ravelo y pidió al subsecretario de Gobernación que se pusiera en contacto con él. El periodista dijo posteriormente, en entrevista con el periodista Julio Astillero, que había iniciado una queja por las acciones de Alfaro ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y que ya estaba operando sobre él el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, dijo que no descartaba salir del país ante las amenazas de Alfaro. A través de sus redes sociales, el periodista responsabilizó al gobernador de lo que le pudiera pasar y dijo tener pruebas del sustento de su trabajo periodístico para responder a la supuesta demanda, de la cual no ha sido notificado.

“Era época de vacaciones en los tribunales en materia civil. Se desconoce si hay esa demanda, porque solo hay juzgados para casos urgentes”, explicó Calderón a LJR. Dijo que Artículo 19 está en constante comunicación tanto con Ravelo como con López Fonseca. “Por el momento no ha sido notificado el reportero de ninguna demanda, denuncia o queja administrativa, hasta el momento no le consta ninguna acción legal”.

La tarde del mismo 28 de diciembre, sujetos armados intentaron ingresar a las instalaciones del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara donde se ubican las antenas transmisoras de varias cadenas de radio y televisión, entre ellas las del Canal 44. Dos guardias de seguridad fueron asesinados. Los ataques se dieron un día después de que el canal entrevistara a Ravelo y diera amplia difusión a las acciones del gobernador en su contra.

Las instalaciones del Canal 44 fueron atacadas por sujetos armados.

Las instalaciones del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara fueron atacadas por sujetos armados. (Foto: Captura de pantalla)

La organización Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 condenaron los hechos en un pronunciamiento conjunto y criticaron el comunicado en el que la Fiscalía General del Estado de Jalisco asumía que los ataques iban dirigidos a los guardias de seguridad y no al medio de comunicación, sin haber iniciado una investigación.

“Es preocupante [...] que la Fiscalía en menos de 24 horas emita dicho posicionamiento sin considerar como una línea de investigación al medio informativo, pues de facto desestima la labor informativa del medio”, indicaron las organizaciones en su alerta. “Es imperante que el atentado contra Canal 44 se investigue considerando su labor periodística como eje principal”.

Artículo 19 aclaró que siguen documentando y analizando si los ataques a las instalaciones del canal están vinculadas a las declaraciones del gobernador Alfaro o a la cobertura sobre el caso de Ravelo.

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los ataques y llamó a las autoridades a esclarecer el caso. Por su parte, la CNDH solicitó medidas cautelares a autoridades federales y de Jalisco para salvaguardar la seguridad del personal del Canal 44.

En 2021 se registraron en Jalisco al menos 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares, según el recién creado Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara.

Una tendencia preocupante 

Ricardo Ravelo tiene experiencia en documentar los vínculos de autoridades mexicanas con el crimen organizado. En 2021 publicó el libro “Los Narcopolíticos”, en el que expone los vínculos criminales de gobernadores y personajes de la política. Su investigación sobre el gobernador de Jalisco no está incluida en su más reciente libro debido a que supo del caso después de haber finalizado la edición, según contó en entrevista para el portal RegeneraciónMX.

Ricardo Ravelo publicó en 2021 el libro "Los Narco Políticos".

En "Los Narco Políticos", Ravelo habla de los nexos de políticos con el crimen organizado.

Pero Ravelo no es el primer comunicador que recibe amenazas o asedio legal por parte de autoridades mexicanas tras la publicación de libros de investigaciones periodísticas. En 2005, Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de la entonces Primera Dama de México, demandó por daño moral a la periodista argentina Olga Wornat por mencionar en su libro “Crónicas Malditas” el supuesto enriquecimiento ilícito de los hijos de Sahagún.

En 2018, el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila demandó por daño moral al periodista Humberto Padgett por un texto publicado en el libro “Los Suspirantes 2018”, en el que señala supuestas conductas sexuales inapropiadas de Ávila con hombres menores de edad.

Uno de los casos más emblemáticos en México es el de la periodista Lydia Cacho, quien en 2005 fue detenida y torturada por policías del estado de Puebla, tras ser acusada por el entonces gobernador Mario Marín de difamación y calumnia. Las acusaciones surgieron a raíz de la publicación del libro "Los Demonios del Edén", en el que Cacho denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos.

“Definitivamente vemos ahí una tendencia. [...] La reacción del gobernador [de Jalisco] da mucho qué desear. Se nota ahí justamente la intolerancia”, dijo Edgardo Calderón. “Sí es comparable con el tema por ejemplo de Lidia Cacho o de Anabel Hernández, quien ha sido demandada también inclusive por este mismo gobernador. Sí es una tendencia y es una reacción de intolerancia y de censura ante estos temas”.

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