Cuando la periodista mexicana Alejandra Ibarra comenzó en 2018 a construir el proyecto Defensores de la Democracia, que busca conservar y catalogar el trabajo publicado por periodistas asesinados en su país, una de sus principales inquietudes era entender por qué México era una nación tan violenta para la prensa, pese a ser una democracia con todas las garantías de la ley.
Ibarra y el equipo con el que formó Defensores de la Democracia pensaban que en el trabajo de los periodistas asesinados podrían encontrar claves para entender la razón de dicha violencia, que entre los años 2000 y 2023 había cobrado la vida de al menos 162 comunicadores, de acuerdo con Artículo 19.
La periodista dijo que al principio, al revisar el trabajo de sus colegas asesinados, esperaba encontrarse con un periodismo agresivo, con revelaciones contundentes o temas delicados. Sin embargo, se topó con un periodismo que parecía de lo más inofensivo y cotidiano.
“Yo esperaba encontrarme con investigaciones muy sofisticadas, de temas muy escabrosos, del crimen organizado, que hubieran encontrado pruebas muy delicadas”, dijo Ibarra a LatAm Journalism Review (LJR). “Por el contrario, lo que me encuentro es un periodismo muy cotidiano, muy comunitario. Y ahí empieza la gran pregunta: ¿por qué ese periodismo que pareciera tan inofensivo en cierto sentido es el que causa que asesinen a los colegas?”.
A partir de la investigación y recopilación de Defensores de la Democracia, y de decenas de entrevistas para el podcast derivado del proyecto, “Voces Silenciadas”, Ibarra comenzó a tratar de encontrar patrones y de averiguar qué tienen en común los periodistas asesinados, su trabajo y el momento en el cual fueron privados de la vida. Los hallazgos de esa investigación fueron plasmados en el libro “Causa de muerte: Cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México”.
En el libro, Ibarra plantea que no es tanto la información que difunden los periodistas, sino el papel que estos juegan en su comunidad lo que los lleva a ser blanco de asesinatos. Uno de los patrones que la periodista encontró es que los comunicadores ultimados en años recientes en México eran principalmente reporteros locales o periodistas ciudadanos que ocupaban un lugar respetado en su comunidad. Eran capaces de promover cierta participación social cuando tomaban postura ante los hechos. También eran personajes que a menudo cuestionaban al poder de su localidad.
“Yo propongo que [su periodismo] es derivado de que son miembros de las comunidades que cubren. En su periodismo toman una postura. Es decir, no solamente dicen ‘este hospital no tiene medicinas’, sino que dicen ‘este hospital no tiene medicinas y es injusto’”, dijo Ibarra. “Esta toma de postura viene desde el papel que tienen como líderes sociales. Invitan a que otras personas también se posicionen, levanten la voz, se inconformen y participen en las cosas”.
Otro patrón que encontró es que los periodistas asesinados de los casos que analizó tenían mucha libertad editorial y eran fundadores de sus propios medios de comunicación, desde páginas de Facebook hasta medios impresos, o bien operaban en medios comunitarios.
Cuando los dos anteriores factores se juntan en un momento en el cual el poder local, oficial o fáctico, está atravesando momentos de inestabilidad, como campañas electorales o la disputa de un territorio entre varios cárteles de la droga, aumenta la probabilidad de violencia letal contra los periodistas que toman postura y levantan la voz, planteó Ibarra en su libro.
“Estos homicidios no son un medio para un fin. Es decir, no matan al periodista para ocultar cierta información, sino que los homicidios son el fin en sí mismo”, dijo. “Los matan para castigarlos, los matan para decir ‘esto es lo que pasa cuando me cuestionas’”.
Los casos analizados en “Causa de muerte: Cuestionar al poder” son los de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y asesinado en 2017 en Culiacán, Sinaloa; Nevith Condés, fundador del portal El Observatorio del Sur y asesinado en 2019 en el estado de México; Samir Flores, fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko y asesinado también en 2019; y Juan Antonio Salgado, un policía del estado de Baja California Sur que denunciaba en sus redes sociales malas prácticas de sus superiores y que fue asesinado en 2014.
El caso de Salgado y el de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, estos dos últimos también mencionados adicionalmente en el libro, son para la autora ejemplos que ilustran el debate que existe entre autoridades y organizaciones de defensa de la libertad de expresión sobre quiénes deben ser considerados periodistas y quiénes no al momento de clasificar un asesinato. Martínez y Bautista eran miembros de una comunidad indígena que fundaron la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en el estado de Oaxaca, y fueron asesinadas en 2016. Por su parte, Salgado, quien era policía, es considerado por Ibarra como persona que ejercía actividades periodísticas.
De acuerdo con Ibarra, dicho debate contribuye a abrir camino a la impunidad, al momento que las fiscalías descartan el trabajo periodístico como causa de los ataques cuando las víctimas no son periodistas titulados o que no se encontraban ejerciendo la profesión al momento de ser asesinados.
“Se trata de periodistas locales, hiperlocales, comunitarios y ciudadanos. Muchas veces su periodismo no es su fuente de ingresos. Tienen un taxi, que es de lo que ellos viven, o una taquería, o un café Internet”, dijo. “Yo personalmente me ciño a la definición más liberal o más progresista, que es que cualquier persona que esté documentando lo que está pasando en la realidad, y lo corrobora y lo publica para informar a otros, es un periodista”.
Ibarra dijo que las fiscalías a menudo consideran que el asesinato de un periodista solo tiene que ver con el trabajo periodístico cuando existe el elemento de censura, para impedir que cierta información salga a la luz, lo cual no siempre es el caso. En su libro, propone que no se requiere que exista censura para que el móvil sea el ejercicio periodístico.
“Creo que el propio papel de levantar la voz, de demandar, de denunciar, de exigir, que muchos de estos periodistas es lo que hacen, eso para mí también es una labor periodística”, dijo. “Tienen una voz creíble y una voz de liderazgo en la sociedad. Y no tendrían esa voz de credibilidad y ese liderazgo si no fuera por su periodismo”.
Ibarra se refirió a la impunidad casi total que impera en los asesinatos de periodistas. Esto, dijo, es simplemente el reflejo de la impunidad que existe en general en todo el sistema de justicia mexicano. En algunos de los casos se llega a dar con los autores materiales, pero casi nunca con los intelectuales.
La periodista encontró que, en los casos en los que se ha dado con los autores intelectuales, estos han resultado ser personas que ostentan cierto nivel de poder a nivel local, ya sea político o de grupos criminales.
Por ejemplo, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de México, el presunto autor intelectual del asesinato de Javier Valdez fue un capo de la droga, hijo de un colaborador de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En el caso del asesinato del periodista Moisés Sánchez en 2015 en el estado de Veracruz, el presunto asesino intelectual fue el entonces alcalde del municipio Medellín de Bravo, según dijeron autoridades.
“Una manera de verlo es muy a la tradición latinoamericana, si pensamos en caciques, o en caudillos. Históricamente en México están un poco combinados los caciques políticos con los del crimen organizado y creo que es lo que sucede todavía”, dijo Ibarra. “Yo los pienso, no como si fueran dos esferas distintas, sino como que son personas que detentan el poder en una comunidad por una razón o por otra. Pero la manera en la cual detentan el poder es muy similar”.
Si bien la tradición periodística convencional se indica que los reporteros deben ser imparciales y evitar tomar una postura ante los hechos, esto no precisamente aplica cuando se trata de periodistas ciudadanos o comunitarios, de acuerdo con Ibarra.
A lo largo de su investigación, la autora encontró que es más fácil para un periodista ser neutral y objetivo cuando el sistema político alrededor no está en cuestión, o cuando éste no le afecta directamente. Esto no ocurre con los periodistas que son asesinados en México, según el libro.
“Hay muchos periodistas hombres, cisgénero, blancos que realmente no se ven afectados por los debates políticos. Entonces sí tienen un poco ese privilegio de la distancia, para poder ser objetivos. Pero cuando el debate político te afecta, me parece mucho más complicado”, dijo Ibarra. “Si yo viviera en un municipio donde están desapareciendo a los jóvenes y yo tengo hijos de la edad de los jóvenes desaparecidos, yo no sé ni cómo ni por qué debería ser objetiva”.
Los asesinatos de periodistas son la expresión máxima de la violencia contra la prensa en México, pero no son la única. En ese país, funcionarios de todos los niveles critican frecuentemente a periodistas que cuestionan a las autoridades. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, constantemente hostiga verbalmente a periodistas y medios de comunicación, los exhibe y los acusa de opositores.
Para Ibarra, tanto en los asesinatos como en el hostigamiento verbal, la motivación para agredir a la prensa es la misma.
“Quienes violentan verbalmente a los periodistas y quienes los violentan físicamente parten del mismo principio, que es sentirse ofendidos o sentir que el periodista está saliéndose de su lugar asignado al retarlos o al cuestionarnos”, explicó. “Lo consideran una especie de osadía, en vez de entenderlo como una función democrática”.
En su opinión, que el periodismo crítico sea visto en México como una osadía y no como una manifestación de la democracia tiene que ver con una falta de educación democrática, sobre todo por parte de los funcionarios públicos. Y esto, dijo, obedece a que el país vivió más de siete décadas de gobierno de un partido hegemónico, durante las cuales el mayor parte del periodismo no ejercía un papel crítico, sino que se dedicaba a replicar los mensajes del gobierno en turno.
“Creo que sí hay una tradición desde el poder y los funcionarios públicos, que todavía no conciben el periodismo como algo distinto a eso. No creo que se entienda el valor que tiene el periodismo y se tiene esta expectativa de que los periodistas repliquen el mensaje de los funcionarios”, dijo. “Sí creo que falta mucha educación democrática por parte de los funcionarios públicos, en ese sentido”.