Asociaciones nacionales e internacionales de periodismo emitieron un comunicado en el que rechazaron el atentado que acabó con la vida del periodista Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, conocido como Paulo Rocaro, en la madrugada del lunes 13 de febrero en Ponta Porã, en la frontera con Paraguay. Rocaro era el jefe de redacción de Jornal da Praça y de Merco Sul News, donde escribía a menudo sobre política y narcotráfico.
Las entidades subrayaron el desastroso comienzo de año para la prensa brasileña, por cuanto ésta es la segunda muerte de un periodista en menos de una semana y la tercera desde comienzos de 2012. Además de Rocaro, el pasado jueves 9 de febrero Mario Randolfo Marques Lopes fue asesinado en la ciudad de Barra do Piraí, en el estado de Río de Janeiro. Aproximadamente un mes antes, el reportero Laércio de Souza, quien había estado recibiendo amenazas telefónicas, fue asesinado a tiros.
De acuerdo con el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI, por su nombre en inglés), el año pasado Brasil fue el octavo país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupa el primer lugar en la clasificación de 2012, empatado con Siria.
“La muerte de Paulo Rocaro sube a tres el total de periodistas asesinados en Brasil en 2012, aunque motivos profesionales no parecen ser la causa del asesinato, el 3 de enero en Bahía, de Laércio de Souza. La violencia registrada a principios de este año confirma, lamentablemente, la tendencia ya observada en la última clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras, en la que Brasil ocupa el 99º lugar, después de caer 41 posiciones. ¿Hay razones para temer una situación como la mexicana o a la colombiana?”, se pregunta Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización francesa también mencionó episodios de amenazas, agresiones e incluso la destrucción de medios de comunicación, como los incendios que destruyeron la radio comunitaria Ibicoara FM, en el centro de Bahía, y la sede del diario Folha do Boqueirão, en Curitiba, las amenazas dirigidas contra el periodista político de Cuiabá Jorge Estevão y la violencia y censura contra la prensa durante la cobertura del desalojo del barrio conocido como Pinheirinho.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió una evaluación rigurosa de los hechos y resaltó el peligro del cubrimiento de noticias en la frontera entre Brasil y Paraguay, recordando las recientes amenazas de muerte hechas al corresponsal paraguayo Cándido Figueredo.
"Los asesinatos de dos periodistas en un período tan breve producen un efecto inhibidor en la prensa brasileña. Es imperioso que las autoridades investiguen a fondo estos crímenes", dijo Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas de la CPJ, en un comunicado.
En Brasil, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji por su nombre en portugués) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) también manifestaron su preocupación y lamentaron la creciente violencia. "Los crímenes que tienen como objetivo silenciar a un periodista constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión y es necesario una investigación ágil y oportuna para que no queden impunes", resaltó la Abraji.
