Los ataques a la libertad de expresión en Ecuador se redujeron en un 52% en 2018 comparado con el año anterior, según el informe anual de la organización Fundamedios. La entidad registró 144 ataques desde enero hasta diciembre de 2018, mientras que en 2017 se registraron 297 casos.
"Aunque se trata de una disminución significativa, el número de agresiones contra medios de comunicación, periodistas y activistas sigue siendo lo suficientemente importante como para bajar la guardia", señaló la organización en su informe titulado "¿El año del cambio de marea para la libertad de expresión?".
Para Fundamedios, desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia del país, se han tomado decisiones para "fortalecer una transición de un modelo autoritario hacia una democracia abierta". Sin embargo, en el país siguen pasando "hechos insólitos" que afectan a la libertad de expresión. Estos hechos van desde el enjuiciamiento de críticos a funcionarios públicos, censura en internet, ataques de presuntos partidarios del expresidente Rafael Correa a periodistas, entre otros.
El caso más grave en contra de la prensa, resalta Fundamedios, fue sin duda el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera entre Ecuador y Colombia presuntamente por parte del grupo disidente de la guerrilla colombiana de las Farc.
El Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa durante 2018 a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales, según el monitoreo. El informe aclara que se tratan de autoridades locales de provincias y funcionarios públicos, y no del Gobierno central como solía pasar. La organización resaltó el aumento de ataques por parte de actores desconocidos.
La organización destacó una diferencia en cuanto al tipo de agresión. Durante 2018 el ataque a la integridad física de periodistas fue el mayor tipo de agresión con 40 casos reportados, seguido por los ataques a los derechos digitales que incluyen censura en internet, cierre de páginas, hackeos, acosos por redes sociales, ciberamenazas, con 33 casos reportados. Según Fundamedios, en 2017, el tipo más recurrente de ataque fueron insultos o descalificaciones por parte de autoridades y figuras públicas, además del hackeo a sistemas de medios y organizaciones sociales.
Aunque abril fue el mes en el que se registraron menos agresiones, fue precisamente este mes en el que se confirmó el ataque más grave a la libertad de expresión del país cuando el día 13, el presidente Moreno confirmó el asesinato del equipo periodístico de El Comercio integrado por Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. "Este marca un hecho determinante en la historia del periodismo ecuatoriano y el principio de una ruta encaminada a la responsabilidad del Estado en el desarrollo de [una] política pública que garantice la seguridad de quienes ejercen el oficio periodístico", señala el informe.
Sobre este hecho, tanto Fundamedios como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia han manifestado su rechazo al manejo dado por la autoridades de cada país para dar con los responsables y esclarecer la verdad. "Ocho meses después de ocurrido el hecho, no existen respuestas claras", establece el informe de Fundamedios. El 21 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Walter Patricio Arizala Vernaza, alias 'Guacho', líder del grupo disidente que sería el responsables del secuestro y el asesinato, había muerto en una operación militar.
En diciembre de 2018, el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la aprobación de Ecuador para continuar con la investigación de los crímenes hasta marzo de 2019, según el informe.
"La información y las versiones presentadas por las distintas autoridades estatales es contradictoria. Por tal razón, los familiares de las víctimas no han cesado en su exigencia de verdad, justicia y reparación", señala el informe.
A pesar de que hubo una mejoría general, Fundamedios destacó un retroceso en el acceso a la información pública. Según la organización, existe una "falta de transparencia en relación a solicitudes de información realizadas a instituciones del Estado", así como impedimentos en la cobertura de algunos casos.
Para Fundamedios, el hecho de que el Gobierno haya "reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión" permitió impulsar acciones que cambiaran el "ambiente hostil y polarizado" que vivió el país desde 2007 hasta el primer semestre de 2017.
Una de esas acciones fue la propuesta de reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la que se convirtió, según Fundamedios, "en un instrumento legal de carácter punitivo que rige la actividad periodística". En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la LOC que incluyen la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), el ente sancionador de medios del país. Según el informe anual, entre octubre de 2013 y marzo de 2018, la Supercom llevó a cabo 706 procesos sancionatorios "por presuntas vulneraciones a las normas deontológicas y a la regulación de contenidos en contra de periodistas, medios de comunicación e incluso caricaturistas".
En esta misma línea de cambio de actitud, Fundamedios destacó las disculpas públicas ofrecidas por la Defensoría del Pueblo en septiembre. Según el informe, la entidad se disculpó con periodistas y miembros de otras organizaciones "por la violación de sus derechos en los casos de acoso, estigmatización y abuso de poder".
puede ver el informe completo aquí.
