“Mi vida ha cambiado radicalmente. Siento dolor en la cintura, la cadera y la cabeza, donde me golpearon con más frecuencia y desarrollé un problema pulmonar. Sobre todo, tengo miedo de trabajar en mi estudio”, dijo el periodista argentino Luis Mancini a LatAm Journalism Review (LJR) ocho meses después del cobarde asalto que sufrió mientras presentaba su programa en vivo por FM Horizonte, en la ciudad de Villa Río Bermejito, provincia de Chaco. El dolor frecuente es el resultado del ataque, que provocó un traumatismo de cráneo y tórax y una lesión pulmonar.
Luis Mancini: ocho meses después de la golpiza, dolor y miedo. (Foto: cortesía)
El caso de Mancini es uno de los 82 ataques a periodistas y comunicadores registrados en Argentina el año pasado según el Informe del Monitoreo de Libertad de Expresión 2020 del Foro de Periodismo Argentinos (Fopea). Después de dos años de relativa estabilidad, los ataques a periodistas aumentaron un 41%. En 2019, se registraron 58 ataques, mientras que 2018 hubo 51.
El entonces secretario municipal de Obras Públicas César Gavilán y su hermano fueron detenidos en ese momento, pero fueron liberados y responden al proceso en libertad. Fueron fácilmente identificados porque el ataque fue grabado por la cámara del estudio.
“Me siguen amenazando”, dijo Mancini, quien agregó que cambió a su hijo de escuela porque allí trabaja un familiar de sus atacantes. Pese a ello, sigue trabajando en la radio y en su sitio web Horizonte Impenetrable.
Antes de las agresiones, Mancini había denunciado irregularidades en la construcción de casas populares y el cobro ilegal del auxilio social (Ingreso Familiar de Emergencia, IFE) por familiares del alcalde de Villa Río Bermejito.
En Chaco, donde vive Mancini, lidera el número de registros de ataques contra la libertad de expresión en la encuesta de Fopea cuando se tienen en cuenta solamente las provincias del interior – excluyendo así la provincia de Buenos Aires y la capital argentina. En Chaco, que concentra el 2,6% de la población argentina, hubo siete casos de violencia contra periodistas en 2020, el 8,5% del total.
“Estaba tomando fotos. Cuando me di cuenta, [los atacantes] ya estaban encima de mí”, dijo a LJR el periodista Raúl Oscar Argañaraz, de Radio FM Contacto 94.5 y del sitio Panorama Informativo Digital. “Eran cuatro personas, tenían ladrillos en la mano, me empujaban. Decían que no tenía permiso para tomar fotos. No les dejé tomar mi teléfono, pero me quitaron la cámara”.
Argañaraz, agredido durante una manifestación en Miraflores, Chaco: “las denuncias no prosperan”. Crédito: cortesía
Algarañaz cubría una manifestación de miembros de los pueblos originarios frente a la sede del municipio de Miraflores, también en Chaco, el 16 de octubre de 2020, cuando sufrió el ataque. Le dijo a LJR que pudo identificar y denunciar a los agresores más tarde, pero, según él, la denuncia no llegó a ninguna parte.
La situación del Chaco refleja una tendencia hacia un incremento de la violencia contra periodistas en el interior de Argentina, según datos de Fopea. Si bien la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen el 46% de la población argentina, estas concentraron solo el 35% de los casos en 2020.
Las demás provincias registraron el 65% de los ataques a periodistas, un aumento de 14 puntos porcentuales en la proporción de casos en comparación con 2019, cuando las demás provincias del interior concentraron el 51% de los ataques contra la libertad de expresión.
“A medida que mejoramos nuestro sistema de alerta en el territorio logramos visibilizar más situaciones, y desnaturalizar aquellas que nos parecen agresiones a la prensa. Tenemos a los monitores de cada provincia en mayor contacto con el resto de los monitores del país, y también incorporamos una red legal de consulta más extendida. También han crecido los casos porque en las protestas públicas creció la agresión a los periodistas, algo que está ocurriendo también en otros países de América Latina”, dijo a LJR Fernando Ruiz, presidente de Fopea.
Profesionales de la radio, como Mancini y Argañaraz, se encuentran entre los que más ataques sufrieron en Argentina en 2020: el 21% de los casos monitoreados por Fopea ocurrieron a trabajadores de este medio. Los periodistas de televisión lideran el recorte en un 23%.
Además, los ataques físicos y psicológicos así como a la propiedad representan más de la mitad del total de violaciones registradas en la encuesta de Fopea, con 43 casos. Como intimidación fueron categorizados 19 casos, como las amenazas que sufrió el periodista Diego Brancatelli, de América TV, luego de que se filtrara en internet el número de su teléfono personal.
“Todos estamos acostumbrados al insulto, no nos molesta la libertad de expresión, opinamos distinto y ya está. Pero esta vez hubo amenazas concretas de muchos grupos”, dijo Brancatelli en América TV. “Todas iban a lo mismo: ‘Te vamos hacer desaparecer’, ‘Te vamos a subir al Falcon verde’, ‘Hay que exterminarte’, ‘Te vamos a meter un balazo en la cabeza’, cuestiones que hasta me dan vergüenza reproducir”.
El periodista presentó una denuncia luego de que las amenazas comenzaran a dirigirse a su familia, incluidos sus hijos.
“Lo más grave que tenemos es que existen gobiernos a nivel provincial y nacional que tienen voces que hostigan las prácticas periodísticas. [...] Entre todos esos sectores, intentan intimidar a los principales periodistas de investigación, y también genera un efecto de autocensura en el resto. El uso de las redes sociales para hacer campañas de destrucción del prestigio de los periodistas es quizás la principal amenaza que tenemos hoy”, dijo Ruiz.
“Me gustaría que hubiera consecuencias [para los agresores], que se respete la libertad de expresión, que podamos trabajar libremente”, dijo Algarañaz. “Pero las denuncias no prosperan”.
Aún así, bajo riesgo y amenazas, el trabajo de los periodistas en Argentina sigue teniendo un impacto positivo en la sociedad. Una investigación de Mancini, por malversación de fondos para la construcción de casas populares, resultó en la incautación de bienes de un exalcalde de la ciudad: seis propiedades, 20 vehículos y más de 3 millones de pesos argentinos en efectivo (cerca de US $32.000). La Justicia Federal confirmó la sentencia en segunda instancia y los fondos serán devueltos a las arcas públicas.
“Una satisfacción”, dijo Mancini.
*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.
