Por Maira Magro
Desde que se promulgó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en Bolivia, el 8 de octubre, el periódico La Patria, de la ciudad de Oruro, comenzó a publicar el siguiente aviso en sus páginas dedicadas a artículos de opinión: “Editorial LA PATRIA Ltda. se reserva el derecho de publicación y de rechazar cualquier aviso, información y/o nota de opinión que pueda perjudicarle. En consecuencia, no se podrá alegar contra el medio, discriminación, parcialización, autocensura o atropello al derecho a la libre expresión”.
El periódico argumentó que el objetivo era evitar acciones judiciales basadas en la normativa antirracismo, que ha generado polémica por imponer severas sanciones como el cierre de los medios o la cárcel para los periodistas que publiquen ideas consideradas racistas.
Pero fue la misma nota que La Patria insistió en divulgar cada día la que acabó poniendo al diario en problemas. El ex presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza, dijo que la nota viola “el derecho a la libre expresión de los habitantes de Oruro” y anunció que presentó ante la Fiscalía de Distrito seis denuncias en contra del medio por delitos referidos a discriminación. También declaró que tiene en carpeta otras 27 denuncias más.
Las denuncias están dirigidas contra el gerente, la directora, el jefe de redacción y dos periodistas de La Patria, reportó el sitio cash24horas. Asimismo, Apaza afirmó que pedirá el presidio para la familia Miralles, propietaria del matutino, por haber publicado notas que hirieron su dignidad.
De visita en Bolivia, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la sudafricana Navanethem Pillay, dijo que el discurso racista, del odio y de la incitación a la violencia racial son inaceptables en una sociedad democrática y no pueden estar protegidos por la libertad de expresión. Pero agregó que la ley contra el racismo también debe tener límites para respetar la “legítima” libertad de expresión.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), Iván Rodríguez, consideró los procesos en contra de La Patria como una “persecución y amedrentamiento” de los trabajadores de la prensa. La CTPB convocó a los periodistas a entregar un documento al gobierno con 700.000 firmas que pide la modificación de los artículos más polémicos de la ley.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
