Por Maria Hendrischke
El 24 de enero la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago aprobó una propuesta de ley que parcialmente despenalizaría la difamación. La propuesta ahora pasará al Senado.
La nueva propuesta es una enmienda a la Ley de Libelo y Difamación y revoca la sección 9 de la legislación. La enmienda protege de ser procesado por la ley a cualquiera que publique, sin saber, contenido difamatorio. Sin embargo, la sección 8 sigue intacta, lo cual significa que la difamación maliciosa sigue siendo un acto criminal.
La oposición votó en contra de la propuesta en todas las étapas. Colm Imbert, miembro de la oposición, criticó la propuesta por beneficiar demasiado a los medios de comunicación al mismo tiempo que ignora los intereses de las personas difamadas.
En una nota editorial el Trinidad Express disintió con el punto de vista de Imbert, sostuvo que aquellos que se sienten difamados pueden buscar compensación a través de las cortes civiles, y llamó a la despenalización completa de la difamación.
La directora de la organización International Press Institute (IPI) Alison Bethel McKenzie dijo que la nueva propuesta “aumentaría las protecciones no solo para la libertad de prensa en Trinidad, pero también para la libertad de los ciudadanos del país para poder expresarse públicamente”.
Sin embargo, McKenzie también dijo que IPI está “decepcionada que la propuesta no sigue el ejemplo de los vecinos de Trinidad en proveer la despenalización completa de la difamación”.
En el 2012, IPI inició una campaña pidiendo a los países caribeños que repelen sus leyes que criminalizan la difamación. Durante la campaña, IPI visitó Trinidad y Tobago, donde discutió el tema con el gobierno y la sociedad civil.
El año pasado, Jamaica se convirtió en el primer país caribeño que aprobó una ley que despenalizó por completo la difamación.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
