Fue Spotlight, la película ganadora del Oscar basada en la historia de los periodistas del Boston Globe que expusieron los casos de pederastia en la Iglesia Católica de esa ciudad, la que inspiró al periodista colombiano Juan Pablo Barrientos empezar a indagar sobre estos casos en Medellín, capital del departamento de Antioquia.
Medellín era la única ciudad de Colombia que aparecía en la lista final de esta película que señalaba otros casos de pederastia en el mundo. A Barrientos le impactó la cifra de la película que daba cuenta que entre el 7 y el 10 por ciento de los curas de la Arquidiócesis de Boston estaban acusados de pederastia, y quería saber si en la ciudad de donde es oriundo también pasaba lo mismo.
Así comenzó en 2018 un camino lleno de batallas judiciales en las que aún hoy, y tras dos decisiones de la Corte Constitucional de Colombia que apoyan su reclamo de información, no parece llegar a su fin.
Periodista colombiano Juan Pablo Barrientos. (Foto: Cortesía)
El pasado 18 de agosto, por ejemplo, un día antes de que se cumpliera el plazo dado por la Corte para que la Arquidiócesis entregara los datos de 915 curas que hacen parte de ella, el Arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, publicó un video en el que aseguraba que entregaría la información una vez la Corte le aclara algunos puntos de su decisión.
“Esto es una estrategia y una medida dilatoria que utilizó el Arzobispo para no responder, para seguir dilatando [...] para no entregar la información”, le dijo Barrientos a LatAm Journalism Review (LJR).
Barrientos interpuso un incidente de desacato en contra del Arzobispo ante un juzgado de Medellín el cual le dio 48 horas al prelado para enviar los documentos solicitados. El 25 de agosto, la Arquidiócesis respondió parcialmente al pedido de información al entregar los datos de 36 de los 915 curas.
Ante esta respuesta, el periodista presentó nuevamente un incidente de desacato, pero esta vez la jueza le informó que debía esperar a que la Corte Constitucional le aclarara las preguntas al Arzobispo.
“Esos puntos que él no tiene claros son básicamente para seguir dilatando y dilatando, para no entregar información porque él lo tiene todo absolutamente claro”, enfatizó Barrientos a LJR. “Una vez la Corte Constitucional le aclare estos puntos al Arzobispo, de inmediato yo le pediré a la jueza que por favor arreste al arzobispo de Medellín hasta que entregue la información solicitada que es la información sobre los 915 curas”.
La información que solicita el periodista es básica: la trayectoria de los sacedortes y si estos sacerdotes habían sido denunciados por abuso sexual a menores de edad.
Barrientos señala que no tiene ningún problema en contra de la religión católica ni mucho menos contra la gente que la sigue. Pero sí enfatiza que quiere encontrar la verdad y especialmente demostrar “que nadie está por encima de la ley”.
En la respuesta más reciente dada por el Arzobispo y que fue hecha pública, se conoció que 25 sacerdotes - de los 36 de los que suministró información - habían sido denunciados por abuso sexual entre 1995 y 2018. Según informó la arquidiócesis, de estos 25, ocho se encuentran suspendidos, dos están siendo investigados, dos se encuentran con el “ministerio limitado”, seis expulsados por haber sido hallados culpables y seis están activos. También habla de 11 sacerdotes cuyas denuncias fueron “desestimadas”.
“No. Usted [Arzobispo] no es nadie para desestimar esos casos, eso le corresponde a un fiscal y a un juez de la república”, dijo Barrientos. “Me parece gravísimo que haya curas que hayan violado niños, los suspendieron un tiempo y hayan vuelto a ser curas. Y eso queda demostrado en la respuesta porque dice que ‘ya cumplió su pena canónica’. De cuándo a acá un pederasta puede aliviarse - por llamarlo de alguna manera. Alguien que viole niños no puede estar alrededor de niños de nuevo y esta gente pone en peligro a más niños. ¡Es una vergüenza!”.
Barrientos también destaca que la mayoría de estos casos fueron informados a la Fiscalía el mismo 25 de agosto, el día en que se respondió el derecho de petición. “Eso se llama obstrucción a la justicia porque él debe informarle de inmediato a las autoridades civiles porque son casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”.
LJR solicitó una entrevista a la Arquidiócesis de Medellín, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
Además de las decisiones judiciales en casos de violación a menores de edad que puedan lograr las investigaciones periodísticas de Barrientos, sus batallas legales también han marcado un logro para la libertad de expresión y el acceso a la información. En dos sentencias diferentes, la Corte Constitucional ha afirmado el derecho de acceder a esa información.
En 2020 fue cuando tuvo la primera victoria legal a través de una tutela. Barrientos, quien es cofundador del medio nativo digital Vorágine, trabajaba en 2018 con la emisora W Radio en donde publicó una investigación sobre el presunto encubrimiento de la Arquidiócesis de Medellín a 17 curas denunciados por pederastia. A esta le siguió una segunda investigación, “Dejad que los niños vengan a mí” en la que Barrientos expondría 45 casos no solo en Medellín sino en el país.
Después de estas investigaciones, Barrientos notó cómo desde la Arquidiócesis le empezaron a negar llamadas, responder sus preguntas o dilatar información, y por eso decidió irse por derechos de petición y tutelas. “Todas las tutelas que puse las perdí. Los jueces decían ‘no, la Arquidiócesis tiene razón, esa información tiene reserva, tiene reserva, tiene reserva’”.
Hasta que en 2020, la Corte emitió la sentencia T-091/20 en la señaló que la información debería ser pública y entregada. En su sentencia, la Corte estableció la diferencia entre información privada, reservada y semiprivada. En este caso, se trataban de datos semiprivados, señaló la Corte. Asimismo, señaló que ante una disputa entre dos derechos (acceso a la información e intimidad) se debe evaluar si otros derechos fundamentales (niñez) están siendo protegidos, por ejemplo, mediante la publicación de información semiprivada. Y en ese sentido, podría limitarse el derecho a la intimidad.
Con sentencia en mano, Barrientos fue solicitando los datos de diferentes sacerdotes hasta recibir la de 105 curas. De ellos, según explicó, 30 habían sido denunciados por abuso sexual. “Dije, ‘esto es muy grande’. Más o menos el 30 por ciento está metido en esto”, explicó el periodista quien ante el dato decidió solicitar información de la totalidad de los sacerdotes que hacen parte de la Arquidiócesis de Medellín el 19 de febrero de 2021, es decir, de 915 curas.
Como el Arzobispo se negó a responder, de nuevo Barrientos interpuso una tutela que ganó en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín. La jueza le informó al Arzobispo que estaba obligado a responder por la sentencia constitucional. Sin embargo, el prelado impugnó y el Tribunal Superior de Medellín revocó la primera decisión “ilegalmente”. “Digo ilegalmente porque había un precedente constitucional. Y un precedente constitucional hay que respetarlo”, agregó Barrientos.
En un caso excepcional, la tutela de Barrientos de nuevo fue elegida por la Corte Constitucional para revisión (al año la Corte puede recibir más de 600 mil tutelas y de esas elige algunas), y en sentencia del 2 de junio de 2022 reiteró el deber de entregar información semiprivada considerada de interés público.
“Ahora hay un precedente Constitucional de la Corte que no solo abarca a la Iglesia Católica, sino a cualquier institución pública o privada que tenga bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes. Y a mí me parece maravilloso. Ya cualquier ciudadano, cualquier periodista, puede enviar un derecho de petición a cualquier institución, sea de Iglesia Católica o no”, dijo Barrientos. “Es muy valioso para entender algo muy triste en Colombia y es que a los niños no los cuidamos”.
Y es que para Barrientos lo importante de la decisión es que aunque se relaciona con la iglesia católica, la información de este tipo puede solicitarse a colegios u otras instituciones - como Boy Scouts - que tengan bajo su cuidado menores de edad. Un tema que no es menor especialmente si se tienen en cuenta las cifras de abuso sexual a menores en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo en el primer trimestre de 2022 las denuncias por este delito aumentaron un 9,5% comparada con el mismo periodo del año anterior.
Investigar a la Iglesia Católica - en un país donde la encuesta más reciente señala que más del 57% de la población se identifica como católica - no es fácil.
En un video y en el marco de la respuesta dada el 25 de agosto, el arzobispo Tobón señaló a Barrientos de promover “una agresiva campaña de desprestigio contra la Iglesia en Colombia”. El periodista, cuyos datos estaban en esa respuesta, recibió un gran número de amenazas e insultos.
Pero no es la primera vez. Después de su primera investigación, la cadena Caracol (a la que pertenece W Radio) recibió una carta con 46.000 firmas solicitando la retractación de Barrientos y su despido. En Medellín, la gente salió a marchar, pero no en contra de los delitos, sino en apoyo de uno de los sacerdotes de la ciudad quien cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. Posteriormente, el Vaticano suspendió a este sacerdote.
Desde hace años Barrientos cerró sus redes sociales y toma muchas medidas de precaución. “Es preocupante, yo no le paro [mucha atención], pero me cuido mucho, me cuido mucho. Yo soy de Medellín y allá casi ni volví porque el ambiente es pesado”, dijo el periodista.
También ha sido víctima de acoso judicial e intentos de censura. Sus investigaciones por ejemplo lo han llevado a escribir dos libros “Dejad que los niños vengan a mí” y “Este es el cordero de Dios”, y antes de la publicación del segundo el periodista recibió en un mes más de siete acciones de tutela “que pretendían violar la reserva de su fuente y censurar la publicación de su libro”, denunció en su momento la FLIP.
Aunque Barrientos señala que el acoso judicial sí puede afectar su trabajo, también señala que entiende el derecho de cualquier persona a usar los recursos legales. Y agrega que aprovecha esta oportunidad para aprender de temas judiciales.
“La gente cree que es un ataque contra la iglesia. ¡No! Si ves mis publicaciones, yo jamás me meto ni con la religiosidad de la gente ni con los dogmas [...] Yo soy respetuosísimo de eso, la gente cree en lo que quiere creer y eso es respetable”, dijo Barrientos. “Lo mío son unas denuncias por unos delitos que son muy graves, que son los más graves además, según la Constitución de Colombia: los derechos de los niños están por encima del derecho de cualquier persona”.
