El reciente caso de estigmatización en contra del columnista de la revista Semana Daniel Samper Ospina es solo un ejemplo de los nuevos tipos de amenazas que están experimentando los periodistas en Colombia cuando la violencia letal de décadas pasadas parece haber reducido sus cifras.
Para Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), aunque en el país se han reducido las cifras de asesinatos a periodistas por motivos relacionados con su trabajo (en 2016 no se registraron asesinatos de periodistas y en lo que va de 2017 la cifra se mantiene en cero), otros tipos de violaciones a la prensa van en aumento.
“Hay otro tipo de violencia distinto al asesinato que se mantiene en Colombia que tiene que ver con amenazas a periodistas por su trabajo, obstrucciones al trabajo periodístico, incluso casos de secuestros se han presentado este año lo cual marca un poco la violencia como un recurso de censura que utilizan los actores que quieren silenciar a la prensa”, dijo Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, al Centro Knight.
De hecho, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 26 de julio un comunicado en el que expresaba su preocupación por la “estigmatización y violencia contra periodistas” en el país.
La entidad instó al Estado a “fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia” en los casos que afecten a los periodistas como parte de su obligación internacional.
Precisamente, uno de los casos mencionados en el comunicado fue el de Samper Ospina quien denunció ante la justicia del país al expresidente y actual senador Álvaro Uribe luego de que este lo llamara “violador de niños” a través de su cuenta de Twitter.
En trino publicado por Uribe daba cuenta de una carta enviada por un suscriptor de la revista Semana quien se quejaba de las columnas de Samper Ospina; razón por la que cancelaba su suscripción. “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”, decía el trino.
Tras la polémica generada, el exmandatario no demostró evidencia que sustentara la acusación en contra de Samper, sino que intentó explicar lo escrito al señalar que el columnista era un “violador de los derechos de los niños” al burlarse del nombre de la hija de una senadora del mismo partido de Uribe. Asimismo, agregó que cuando Samper dirigió la revista SOHO “hizo publicaciones pornográficas con menores”, informó El Espectador.
El columnista interpuso una acción de tutela en contra de Uribe “por vulnerar su derecho al buen nombre”, según la FLIP.
El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista y ordenó al senador que “emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de ‘violador de niños’ y de la afirmación acerca de que éste hizo ‘publicaciones pornográficas’, a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista”, según la sentencia.
El Tribunal le otorgó a Uribe 48 horas después de emitido la resolución para hacer esta retractación.
“A pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños. Nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños. En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el Tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión, providencia que acato, por ende, tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”, inicia la retractación de Uribe.
No obstante, en su escrito, Uribe ofrece sus razones por las cuales considera que el columnista ha afectado los derechos de menores de edad, así como que ha utilizado aspectos físicos para burlarse de algunas personas, entre otros señalamientos.
Por su parte, Samper publicó un video en el que expresó su satisfacción por la decisión de la justicia y aunque aceptó que el expresidente hizo la rectificación “muy a su manera, considero su rectificación como un nuevo lindero”.
Agregó que continuará con su ejercicio de “crítica y sátira política respecto de quien tenga que hacerlo, inclusive de quien tuvo que rectificar sus injurias y calumnias en mi contra”.
Estigmatización a periodistas en medio de polarización
El caso de Samper Ospina ha sido uno de los que más titulares ha acaparado en la prensa nacional e incluso de la región no solo por la gravedad de la acusación en su contra, sino también por el peso político que aún tiene el expresidente Uribe en el país.
En medio de la polémica causada por la acusación de Uribe, más de 50 periodistas firmaron una carta en la que le exigían al senador que se acogiera a la ley y dejara su campaña de estigmatización y señalamientos en contra de la prensa.
“Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal”, comenzaba la carta. “El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias”.
De acuerdo con la carta, lo que diga Uribe es suficiente para acabar con el nombre de cualquier persona razón por la cual él debe ser un “líder responsable y digno”.
Esta no era la primera ocasión en la que Uribe se refería en términos estigamatizantes a Samper. Lo había llamado “bandidito”, “maltratador de niñas recién nacidas”, “payaso”, según la FLIP.
Por eso para Samper, la decisión en su caso puede sentar un precedente para evitar no solo que Uribe realicé señalamientos de este tipo, sino a otros funcionarios públicos.
“Espero que mi caso sirva de precedente para que personajes de la política como Álvaro Uribe no puedan lanzar campañas de difamación a través de las redes (a las que suelen acudir para saltarse la intermediación de los medios tradicionales, precisamente) de forma tan impune”, dijo Samper al Centro Knight. “Al menos esta vez se encontró con una reacción de los mismos periodistas, una llamada de atención de la Relatoría de la OEA y una sentencia de un magistrado en su contra, con regaño incluido. […]. Ojalá la suma de unos tras otros sirvan de talanquera para que cada vez le cueste más trabajo activar el manual de su difamación, que siempre es el mismo”.
Samper tampoco ha sido el único periodista al que Uribe ha atacado. El pasado mayo señaló al reportero de Noticias Uno Julián Martínez como “pro Farc”. Todo a raíz de una nota que daba cuenta de que presuntamente Uribe utilizó dinero del Estado en sus propiedades cuando aún era presidente, informó la FLIP.
La lista de periodistas incluye también a Daniel Coronell, Gonzalo Guillén y Hollman Morris entre otros, agregó la FLIP.
El caso ha permitido a analizar la situación de polarización del país así como del uso del redes sociales. La sentencia que obligó a Uribe a rectificar, por ejemplo, también da cuenta de la obligación de funcionarios públicos respecto a ser más tolerantes a la crítica e instó a que el uso de redes sociales, especialmente por líderes de opinión (incluidos periodistas), se hiciera con mayor responsabilidad.
“El fomento de odios de cualquiera naturaleza, tan en boga hoy en día, podrá rendir frutos pasajeros para alguna bandera pero no hace honor a la condición humana de sus propaladores y más temprano que tarde se reflejará en fenómenos como los que ya se lamentan en países cercanos y amigos”, establece una reflexión de la sentencia.
Para Vaca, de la FLIP, lo que más preocupa a su organización es el uso de la estigmatización contra periodistas por parte de los funcionarios públicos que en un ambiente polarizado como el colombiano pone en riesgo la vida de los reporteros.
“Más que medios polarizados, lo que hay [en Colombia] es una sociedad polarizada donde, lo que a nosotros más nos preocupa, es que los funcionarios públicos o las personas en liderazgos sociales no solo no contribuyen a un ambiente favorable sino que incentivan la violencia contra periodistas”, dijo Vaca. “Los funcionarios públicos no responden a las críticas o denuncias de los periodistas sino que atacan vía estigmatización”.
Pero los señalamientos no solo llegan por parte de funcionarios públicos. La sociedad civil también ha tomado parte en estos procesos de estigmatización. Antes del caso de Samper, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y NTN24, denunció que fue víctima de una campaña de hostigamiento por redes sociales, según la Relatoría Especial.
En Twitter tomó fuerza la etiqueta #GurisattiAUCN24 vinculándola con el extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La periodista aseguró que recibe siete trinos por minuto en su contra. “Quienes me estigmatizan ponen en peligro mi integridad”, aseguró en medio de la campaña de hostigamiento del pasado julio.
Colombia, como lo explicó Vaca, no ha estado ajena a la tendencia mundial en la que los medios se han vuelto objeto de críticas por su rol al momento de informar así como de ser acusados de transmitir ‘fake news’.
“Hoy más que nunca se requiere transparencia por parte de los medios de comunicación”, aseguró Vaca. “Es importante que los medios ofrezcan de manera transparente información que pueda ser de interés de las audiencia como quiénes lo conforman, qué intereses pueden tener tanto a nivel político como económico. Eso es clave”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
