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Al periodista y dueño de elPeriódico, José Rubén Zamora, el Ministerio Público de Guatemala le armó un caso por presunto lavado de dinero en tan solo 72 horas en julio de 2022, según explicó en su momento el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, a El Faro.
Con base en un único testigo, el Ministerio Público ordenó el 29 de julio de ese año la detención de Zamora y el allanamiento de las instalaciones del medio y su vivienda, y tuvo incomunicados durante 16 horas a ocho trabajadores del medio. El pasado 29 de marzo se cumplieron ya ocho meses en los que el periodista ha estado detenido en la cárcel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.
Su situación, que por sí sola ha levantado alertas de diferentes organizaciones defensoras de libertad de prensa y agremiaciones periodísticas, haría parte de un mayor entramado que incluiría a diferentes poderes del Estado con el propósito de silenciar a la prensa y opositores políticos, así como perseguir y acorralar a operadores de justicia y abogados que llevan los casos de los medios, todo en medio de una campaña electoral empañada por denuncias de corrupción e irregularidades.
José Rubén Zamora parece haberse convertido en el ejemplo perfecto para amedrentar a la prensa. Por lo menos así lo ve Marielos Monzón, periodista guatemalteca y una de las promotoras de la Iniciativa ‘No Nos Callarán’ del colectivo Prensa contra la censura. Para Monzón, Zamora es el mejor “caso ejemplarizante” que encontró el gobierno de Guatemala para decirle a la prensa las consecuencias que podría tener si continúa con su trabajo de investigación y denuncia de corrupción.
José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, fundador y director de elPeriódico. (Foto: Cortesía)
Zamora es tal vez el periodista más reconocido del país. Ha recibido, entre otros, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, ambos en 1995. En 2021, elPeriódico, medio que él fundó, recibió el Premio Rey de España como medio de comunicación destacado en Iberoamérica.
“Es una elección ejemplificante”, dijo Monzón a LatAm Journalism Review (LJR). “Lo hicieron con José Rubén [Zamora]. ¿Qué se pensó? Un periodista como José Rubén reconocido, galardonado, una persona de muchísimo peso en el país… si a él le pasó eso, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Es decir, genera una lección ejemplificante. ‘Si lo hicimos con él, lo podemos hacer con cualquiera’”.
Pero la persecución contra Zamora no solamente viene de su reconocimiento internacional, sino que sería una represalia a lo publicado por él y su equipo en elPeriódico, fundado en 1996. Desde el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei (14 de enero de 2020) y hasta el momento de la detención de Zamora, es decir, en 137 semanas, elPeriódico había publicado cada semana una investigación sobre presuntos casos de corrupción que incluían procesos irregulares o contrato entregados a amigos de la administración. La investigación que habría generado una mayor molestia sería la de un negocio con una empresa rusa para explotar una mina. Un negocio en el que el presidente Giammattei presuntamente recibió dinero.
“El fiscal Curruchiche dice que no es por su tema de periodista. ‘No’, dijo. ‘Esto no tiene nada que ver con el medio. Esto es porque él es un empresario’. Luego cancelan las cuentas del medio, luego allanan al medio, luego van e intimidan a los anunciantes del medio, entonces el medio tiene que cerrar, y ahora meten una investigación contra ocho periodistas y columnistas. Obviamente es contra el medio, contra la prensa”, agregó Monzón.
Una interpretación que también hace el abogado guatemalteco experto en derecho internacional y derechos humanos, Christian González.
“Sí parece [ser] una represalia al ejercicio de la libertad de expresión. El proceso en sí parece que es una represalia a las críticas de Zamora”, dijo González a LJR. Para el abogado, aspectos como que el día del arresto de Zamora hubieran sido detenidos sus nietos o que se le hubiera prohibido al medio seguir con su impresión, e incluso a los periodistas entrar al edificio del medio, hacen sospechar si se cumple el debido proceso.
“[Esta medida] no tendría nada que ver con el proceso, no sería una medida legal. Cosas como estas generan dudas sobre la legitimidad del proceso y si se está desarrollando conforme al debido proceso reconocido en la Constitución y en los estándares internacionales. Pareciera que el punto es quebrar a elPeriódico”, agregó el abogado.
A estas irregularidades, se suman las denuncias por el acoso a operadores de justicia y abogados defensores que ponen en duda la independencia judicial en el país. A lo largo de estos ocho meses, al menos cuatro abogados de la defensa de Zamora han renunciado e incluso uno de ellos abandonó el país, otro tuvo que enfrentar prisión y al último abogado que estuvo a cargo de la defensa se le vinculó a un proceso judicial.
Mario Castañeda, exabogado de Zamora y quien fue fiscal, fue llevado preso a una cárcel de máxima seguridad junto a peligrosos delincuentes, como narcotraficantes, a quienes había llevado presos cuando era fiscal. Eventualmente aceptó cargos para aliviar sus condiciones, perjudicando el caso judicial de Zamora.
Marielos Monzón, periodista de Guatemala. (Foto: Cortesía)
“Están acorralando a todas las personas —familiares, círculo cercano, columnistas, periodistas, abogados— para realmente dejarlo a él sin defensa, pero también tener los elementos para acusarlo y condenarlo”, dijo Monzón.
Las alertas sobre la falta de independencia judicial no son nuevas. Desde que el anterior presidente, Jimmy Morales, expulsó del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en 2019, al menos 20 operadores de justicia se han exiliado, muchos de ellos en Estados Unidos. La entonces Fiscal General, Thelma Aldana, quien tiene tres órdenes de captura actualmente, se encuentra en Washington.
Adicionalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha vinculado a al menos cinco actuales operadores de justicia a su Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos. Entre ellos se encuentra el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, quien además lidera el caso en contra de Zamora; dos jueces de cortes criminales, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también designó por “su participación en hechos significativos de corrupción” a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres.
“Estas circunstancias hacen dudar bastante de que en el caso de Zamora realmente se cumplan garantías procesales”, dijo González.
El Ministerio Público de Guatemala abrió la investigación contra Zamora luego de que el exbanquero Ronald García Navarijo denunció al periodista por haberle entregado cerca de $300.000 quetzales (cerca de US $40.000) para que presuntamente lavara ese dinero.
Zamora y su defensa han aceptado que el dinero fue entregado a García Navarijo, pero aseguran que ese dinero fue dado a Zamora y elPeriódico por parte de un empresario del país que quería ayudar al medio. Debido al boicot financiero en contra del medio, el empresario no pudo entregarlo de manera directa. Según ha denunciado el medio, desde hace años sufren boicot comercial por parte del Estado.
Zamora, que conocía a García Navarijo de años atrás por haber sido gerente del Banco de los Trabajadores y por haber sido fuente del medio, le pidió al exbanquero reingresar el dinero al sistema bancario, para entre otras cosas, pagar la nómina de elPeriódico. Según su defensa, Zamora le entregó el dinero y este le dio un cheque, que eventualmente notaron que no tenía fondos.
Estos dos aspectos los resalta su defensa porque demostrarían que el delito de lavado de dinero no se aplica en este caso: primero, el dinero tiene origen lícito porque proviene de empresarios (de hecho, en un primer momento la fiscalía habría mostrado el dinero en cuestión con las cintillos bancarios que darían cuenta que fueron retirados del sistema. Los cintillos desaparecieron cuando el dinero volvió a presentarse como prueba). Y segundo, que el dinero nunca reingresó al sistema bancario porque el cheque no tenía fondos. Para la defensa, García Navarijo no solamente habría estafado al periodista, sino que sospecha que todo fue un montaje.
Sin embargo, con base en el testimonio de García Navarijo, Zamora fue acusado de lavado de dinero y enviado a prisión. En esta misma acusación fueron incluidas la gerente de elPeriódico (quien posteriormente aceptó cargos para ser liberada) y la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz por filtración de información confidencial. La acusación contra esta fiscal también ha sido señalada por la defensa como parte de la persecución a operadores de justicia.
El caso José Rubén Zamora no solamente es peligroso por lo que representa para el propio periodista, su medio e incluso el equipo que lo conforma, sino por las implicaciones que ha tenido a nivel general para la prensa de Guatemala y para el libre ejercicio de la libertad de expresión.
El pasado 28 de febrero, por ejemplo, la Fiscalía agregó a su primera acusación un cargo por “conspiración para la obstrucción a la justicia”. De acuerdo con la fiscal Cinthia Monterroso, Zamora habría montado una campaña de desprestigio en contra de operadores de justicia a través de publicaciones de elPeriódico, con la ayuda de otras personas.
Por tal motivo, en esa misma audiencia, la fiscalía solicitó abrir investigación a siete periodistas y dos columnistas del medio por el mismo delito. Incluso, la fiscal Monterroso le solicitó al juez investigar las fuentes de financiación del medio y periodistas. El juez aceptó la solicitud de la fiscalía.
“En realidad, los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión son muy estrictos. Y cuando se trata de críticas a funcionarios públicos, son aún más estrictos. Entonces, en primer lugar, lo que está clarísimo en la jurisprudencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) es que críticas sobre asuntos de interés público, contra funcionarios públicos, no pueden generar procesos penales. Es decir, cubrir el contenido del proceso ni siquiera debería generar una responsabilidad ulterior civil, mucho menos una responsabilidad penal”, aseguró González.
“[La fiscal] dice que el reportaje del proceso judicial y algunas denuncias que hacen en los reportajes pueden constituir delito”, continuó González. “Obviamente, es una clara violación a la libertad de expresión. Primero, porque cubrir el proceso es parte del ejercicio periodístico. Y segundo, porque el proceso contra Zamora es claramente un proceso de interés público”.
En efecto, la decisión fue rechazada por organizaciones locales e internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó recientemente un comunicado en el que expresaba su preocupación por la investigación y por la autocensura que estas acusaciones generarían.
“La Relatoría Especial ve con preocupación que el Estado presuma que la cobertura periodística sobre temas trascendentales para la vida democrática de Guatemala pueda configurar el delito de obstrucción de justicia”, señala la oficina en su comunicado. “Para la Relatoría, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa, a raíz de diversas publicaciones de interés público, tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho de la sociedad a estar informada”.
Héctor Coloj del Observatorio de los Periodistas de Guatemala. (Foto: Cortesía)
Monzón y Héctor Coloj, del Observatorio de los Periodistas de Guatemala, coinciden en que esto no solamente viola el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sino que además hace parte de una estrategia para silenciar y criminalizar a la prensa: comparar su trabajo con delitos.
En un video publicado por el fiscal Curruchiche, comparó la cobertura del juicio de Zamora y de sus irregularidades con las amenazas que en su momento recibieron fiscales de la CICIG, por las que una persona cumple una pena de 12 años de prisión. “Es decir, compara a una persona que estaba cometiendo un delito claro, con el trabajo de los periodistas”, dijo Monzón.
Para Monzón, claramente abrir investigaciones a otros periodistas es un recordatorio de lo que podría pasar y que llevaría a un silenciamiento de la prensa y de la ciudadanía en general. “Cualquiera que emita una opinión en este tipo de casos va a enfrentar un proceso penal […] Es una preocupación, puede generar un silenciamiento, una especie de autocensura […] un mensaje muy grave de que quien emita opinión, incluso en redes sociales, no necesariamente siendo periodistas, puede ser perseguido. Sí es muy peligroso lo que está pasando”.
Para Coloj, la prensa del país “experimenta uno de los peores episodios de la historia” después de la instauración de la democracia, tras la firma de paz en 1996.
“Como nosotros lo hemos manifestado en informes anteriores, existe una campaña permanente de persecución, de censura, de criminalización a todas las voces críticas”, dijo Coloj a LJR, quien enfatizó lo que han visto, como persecución a estudiantes, activistas y operadores de justicia. “Esto paulatinamente ha instaurado un Estado autoritario, donde las principales instituciones que tendrían que servir de contrapeso al Gobierno central se han plegado a sus intereses”.
Desde 2020, el Observatorio ha registrado cerca de 430 casos de acciones contra la prensa la mayoría de parte de las autoridades estatales. De estos, casi 30 tuvieron lugar los primeros meses de 2023. “Lo que más ha destacado en estos últimos dos años, en 2022 y 2023, ha sido el acoso judicial o como nosotros lo llamamos en diciembre en nuestro informe, terrorismo judicial”.
Este acoso judicial ha ido mutando. En un primer momento se hizo uso de la Ley contra feminicidio para intentar censurar a periodistas, según Coloj. De hecho, el mismo Zamora sufrió demandas de funcionarias públicas, quienes ante las denuncias de presunta corrupción utilizaban esta ley para buscar acallar las críticas.
El uso de la ley sumado a la persecución a operadores de justicia que no siguen la línea de gobierno o abogados que defienden a medios y periodistas están dejando un panorama bastante difícil para quienes se enfrentan a la justicia, como Zamora.
“Encima de que las querellas son infundadas, de que no tienen razón porque están criminalizando el trabajo de los periodistas, encima de que se nos acusa, nos están dejando prácticamente indefensos, porque el mensaje a los abogados es ‘no los defiendas porque los vamos a perseguir’”, aseguró Monzón.
Ante esta estrategia, “el silencio no es una opción”, dijo contundentemente Monzón. Una vez conocieron la decisión del juez de investigar a los periodistas y columnistas, su iniciativa emitió un comunicado y lideraron un plantón al frente de la Corte Suprema de Justicia para rechazar la decisión que “tiene una repercusión directa en el derecho a la libertad de expresión, pero sobre todo el derecho a la información de la población”.
“Pero lo que está completamente claro en el ámbito de los periodistas, es no aceptar ni la censura ni la autocensura y seguir haciendo más periodismo. Esa es la respuesta que nosotros podemos dar”, dijo Monzón. “Creo que la gran mayoría de periodistas independientes de Guatemala [sabemos] que el silencio no es nuestra opción, que aunque nos sigan persiguiendo y aunque el panorama se ponga peor, lo que no podemos hacer es censurarnos y autocensurarnos. Tenemos que hacer más periodismo en las condiciones que podamos, incluso en el exilio, incluso teniendo que resguardarnos mejor, pero seguirlo haciendo”.
Monzón señaló además que aunque después de esa audiencia no ha habido una consecuencia para los periodistas vinculados a la investigación, está segura de que vendrán algunas acciones. Según dijo, por el tradicional actuar del Ministerio Público es probable que ya tengan algo planeado, así como lograron un caso contra Zamora en 72 horas.
Para Coloj, uno de los aspectos más preocupantes de toda esta estrategia es el contexto electoral: Guatemala tendrá elecciones generales el próximo 25 de junio. La prensa está siendo acallada e incluso opositores del gobierno han sido inhabilitados para inscribir su candidatura. En uno de los casos más recientes, la FECI solicitó levantar inmunidad al candidato presidencial Edmond August Mulet Leiseur y que así sea investigado por obstrucción a la justicia. El caso se abre por declaraciones dadas por el candidato en ruedas de prensa sobre el caso de Zamora y en las que según la fiscalía “manipuló la opinión pública” y buscaba “generar odio en contra de los funcionarios del sistema de justicia”.
La situación para el periodismo y para Zamora no se ve fácil en un futuro próximo. Lo que sí ha visto Monzón es una unión sin precedentes a raíz de lo que están viviendo. Especialmente porque además de esta estrategia de silenciamiento, los periodistas se han visto enfrentados a muchos obstáculos para entrevistar a autoridades, solicitar información pública e incluso acceder a ruedas de prensa.
“Sí está siendo sumamente difícil porque están convirtiendo a la prensa como en el enemigo”, dijo Monzón. “El día a día está muy difícil”.
Abogado guatemalteco Christian González. (Foto: Tomada perfil de Twitter)
Ante este escenario, ‘No nos callarán’ se ve a sí misma como una red de apoyo: para que los periodistas sepan que no están solos e incluso, en ocasiones, prestando hasta donde se pueda asesoría jurídica. Alternativas que permitan eventualmente bajar el nivel de autocensura, según Monzón.
Asimismo, ven en la presión internacional una herramienta adicional para frenar en algo las arbitrariedades que denuncian está cometiendo el Estado. Monzón, por ejemplo, cree que las declaraciones de organizaciones internacionales, como la del Departamento de Estado de Estados Unidos posterior al anuncio de investigar a periodistas que cubren el caso, han frenado en algo el accionar del Ministerio Público.
González está menos optimista sobre el escenario internacional porque ve un Estado “poco receptivo”, pero sí considera que la vía diplomática puede ayudar a largo plazo. Las sanciones a funcionarios públicos que cometen arbitrariedades o señalados de corrupción pueden tener algún efecto.
En lo que están de acuerdo las fuentes consultadas por LJR, es que las organizaciones no deben dejar de tener el ojo en Guatemala.
“[Considero] que estas organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de derechos humanos deben seguir denunciando y seguir poniendo en el ojo la situación de Guatemala y Centroamérica. Ese acompañamiento funciona”, dijo Monzón. “[Especialmente ahora] que la justicia ya dejó de ser una justicia para resolver el problema y se convirtió en un instrumento del poder de persecución. Yo creo que la gran ayuda es visibilizar lo que está pasando en Guatemala”.
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*Este artículo fue actualizado para clarificar que se abrió investigación en contra de siete periodistas y dos columnistas, y que los nietos de José Rubén Zamora estuvieron detenidos temporalmente.
