Severas restricciones a la libertad de expresión que incluyen censura y cierre de medios, ataques y agresiones a periodistas y criminalización de emisión de opiniones contrarias al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, fueron documentadas por el informe anual de país de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reporte analizó específicamente la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2017.
Protesta social y libertad de expresión es uno de los ejes principales del reporte sobre la situación venezolana. En este acápite, el informe de la CIDH fue enfático al recomendarle al gobierno de Maduro que ofrezca el máximo grado de garantías para que los periodistas no sean amenazados ni agredidos por ejercer su profesión, menos aún en el marco de una manifestación pública.
El organismo internacional también exhortó al gobierno venezolano a condenar públicamente los actos de violencia contra los comunicadores sociales y medios de comunicación para acabar con el clima de estigmatización contra los que tienen una línea crítica con el gobierno. La CIDH recomendó también remover todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden a los medios de comunicación cumplir con su misión comercial, social o pública que poseen.
Asimismo, la CIDH expresó en el informe su preocupación respecto de la aprobación de la Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica presentada por Maduro. De acuerdo a esa ley, cualquiera que promueva públicamente y mediante cualquier medio, la violencia, el odio contra cualquier grupo religioso, político, étnico, social, entre otros, podría recibir una condena de 10 a 20 años de prisión. El objetivo de esta ley es “contrarrestar la campaña de odio” promovida por los opositores extremistas.
Dicha ley, aprobada el 8 de noviembre de 2017, también prohíbe en cualquier medio de comunicación “toda propaganda y mensajes a favor de la guerra, y toda apología al odio nacional, racial, étnico, religioso, político y social”, entre otros, que incite a la discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia, señaló el informe.
En cuanto a los aspectos tratados en el capítulo sobre libertad de expresión, el documento de la CIDH consideró importante analizar las agresiones, ataques y actos de hostigamiento a periodistas, la detención y expulsión de periodistas extranjeros, la criminalización de la crítica y el trabajo periodístico, la censura indirecta y cierre masivo de medios de comunicación debido a su línea editorial, internet y libertad de expresión, y el acceso a la información pública.
Agresiones y detenciones arbitrarias contra la prensa
Según el reporte de la CIDH, periodistas y medios de comunicación venezolanos enfrentaron durante 2017 diversas situaciones de violencia mientras realizaban su trabajo. Entre estas se cuentan agresiones físicas, detenciones arbitrarias, anulación de pasaportes, robo o destrucción de equipos, materiales de trabajo y pertenencias, perpetradas tanto por funcionarios públicos, agentes de las fuerzas armadas, colectivos como por ciudadanos.
Por ejemplo, el columnista Miguel Rondón del diario crítico con el gobierno El Nacional, fue detenido en el aeropuerto internacional de Caracas, junto a toda su familia, el 17 de mayo de 2017. A todos se les anuló el pasaporte. Días antes, el 12 de mayo, el periodista había hecho comentarios en su cuenta de Twitter sobre la situación que viven los opositores del gobierno de Maduro que están en el exilio. Según Maduro, con su tuit, Rondón había promovido la persecución, y que por eso debería ir preso.
La CIDH también citó los casos de agresiones y detenciones arbitrarias denunciados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela. De acuerdo con el sindicato, fueron 106 los periodistas agredidos y 14 los detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2017.
Estas agresiones sucedieron durante las protestas ciudadanas consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de suspender las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente la noche del miércoles 29 de marzo.
Algunas de las detenciones duraron varios días, como fue el caso del periodista Yonathan Guédez, detenido el 24 de abril mientras cubría las protestas de Lara y liberado 16 días después bajo el régimen de presentación ante los tribunales, señaló el informe.
De acuerdo con la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil venezolana han denunciado que muchas de estas agresiones y actos de violencia contra la prensa permanecen impunes.
Prensa extranjera
El reporte del organismo señala que al menos 30 periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha impedido la entrada a Venezuela entre 2016 y 2017. El documento destacó los casos de Aitor Sáez, corresponsal de Deutsche Welle; los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilson Fred Oliveira de RecordTV; el periodista chileno Patricio Nunes, de Canal 13; los periodistas ingleses Ian O’Reilly y Stephen Sackur, de la BBC; los periodistas franceses Sebastián Pérez y Didier Barral de Agencia CAPA; el periodista argentino Jorge Lanata; la periodista chilena Gabriela Donoso, de Reuters; y el periodista holandés Bram Ebus.
Las detenciones y expulsiones de los mencionados periodistas tuvieron como justificación del gobierno que no estaban debidamente acreditados. Sin embargo, la CIDH y su Relatoría Especial sostuvieron en su informe que a los periodistas no se les debe exigir licencia o registro para ejercer su labor.
El documento señaló que los esquemas de acreditación y registro de periodistas solo son apropiados si son necesarios para otorgarles acceso privilegiado a lugares o a eventos. Así también, las decisiones sobre la acreditación deben ser neutrales sin discriminar el tipo de cobertura o la línea editorial.
Criminalización del trabajo periodístico
Difamación criminal, traición a la patria e instigación a la violencia son los delitos que la justicia venezolana les suelen imputar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general con el fin de inhibir las opiniones críticas, reportó el informe.
Los procesos penales por estos delitos y que no tienen evidencias o contienen pruebas falsas son prolongados e imponen medidas aflictivas para las personas y medios de comunicación, según el informe. Por ejemplo, de acuerdo con el documento, incluyen dictámenes de prisión preventiva, medidas de censura, prohibición de salida del país y fianzas elevadas.
Estas medidas violan los principios de legalidad y de los estándares interamericanos, principalmente el delito por difamación criminal, sostuvo el documento. Sobre todo, señaló el informe, porque suelen darse luego de que las altas autoridades del Estado llaman a las entidades públicas a “actuar” contra las personas procesadas.
La CIDH mencionó en este respecto los casos de los diarios El Nacional, La Patilla y Tal Cual. Los directores Henrique Miguel Otero (El Nacional), Alfredo Ravell (La Patilla) y Teodoro Petkoff (Tal Cual) fueron denunciados por difamación en abril de 2015 por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esto sucedió luego de los tres medios difundieron un reportaje del diario español ABC en el cual un exfuncionario de Cabello lo acusa de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual fue negado por el Cabello.
Cabello también denunció civilmente a los directivos por daño moral. El juicio penal contra Otero, Ravell y Petkoff, que podría condenarlos hasta a cuatro años de cárcel, continúa hasta la fecha.
La CIDH también consideró importante señalar el caso del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, periodista y director del medio Reporte Confidencial y columnista de Reporte Económico, además de conductor de programas radiales en la isla Margarita, estado de Nuevo Esparta. Jatar fue detenido sin una orden judicial por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esto sucedió el 3 de septiembre de 2016, horas después de que mostrara un video aficionado sobre la protesta ciudadana que provocó la visita de Maduro a Margarita.
Jatar pasó nueve meses en diferentes prisiones venezolanas, lo cual deterioró gravemente su salud. Gracias a la presión internacional de periodistas, de organizaciones defensoras de derechos humanos como la CIDH, y de la diplomacia del gobierno chileno, Jatar obtuvo un régimen de arresto domiciliario. El cargo que le imputan es por presunto lavado de dinero.
Cierre y censura de medios
La CIDH lamentó el cierre de más de 50 medios de comunicación durante 2017 en Venezuela. Por ejemplo, señaló el reporte, la televisión por cable retiró de su parrilla de canales a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Al respecto el viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores declaró a un medio oficial que ambos canales eran instrumentos de guerra mediática en Venezuela, y que eran una agresión a la “venezonalidad”.
Conatel también ordenó el cierre de 49 emisoras radiales a nivel nacional durante 2017.
La mayor parte de los medios de comunicación que operan en Venezuela lo hacen con sus licencias vencidas, y el organismo regulador no les garantiza la adjudicación ni la renovación de estas frecuencias, subrayó la Relatoría Especial.
En respuesta al envío del presente informe por parte de la CIDH, el estado venezolano dijo que “el proyecto de Informe de País realizado presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir en el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”. El gobierno criticó la metodología utilizada en el reporte y las fuentes consultadas, sobre las cuales dijo que ignoran la documentación brindada por el Estado.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
