Los comunicadores que están amenazados a causa de su trabajo fueron oficialmente incluidos en el programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio de Derechos Humanos (MDH) de Brasil.
Hasta la semana pasada, los comunicadores en riesgo que intentaban recurrir al programa debían probar que su actividad profesional estaba relacionada a los derechos humanos para que sus casos fueran evaluados y monitoreados. Pero el 3 de septiembre el Ministerio anunció el cambio de nombre y de enfoque del programa, el cual ahora se llama oficialmente Programa de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Ambientalistas.
Según el decreto No. 300 del MDH, es considerado un defensor de los derechos humanos “el comunicador social que participa constantemente en actividades de comunicación social, ya sea en el desempeño de una actividad profesional o de carácter personal, aún si no es remunerada, para difundir información que promueva objetivamente la defensa de los derechos humanos y que, como resultado de su participación en ello, esté viviendo situaciones de amenaza o violencia que reprima o inhiba sus acciones en ese propósito”.
La medida es el resultado de más de cinco años de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la coordinación del programa, dijo Marina Iemini Atoji, gerente ejecutiva de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués), al Centro Knight.
El 10 de septiembre, Atoji y los representantes de otras organizaciones relacionadas al tema, como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artículo 19 y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj, por su acrónimo en portugués), participaron en un taller en Brasilia con el personal técnico del programa y la defensoría del MDH.
En el taller, los representantes de esas organizaciones mostraron al equipo del Ministerio las peculiaridades del trabajo de los comunicadores en el país, los perfiles de los comunicadores más vulnerables y la actual situación de amenaza del libre ejercicio de la comunicación en Brasil.
“Notamos que para muchos ahí [en el MDH] era la primera vez que escuchaban hablar sobre cómo eran las violaciones de derechos y la violencia contra comunicadores”, comentó Atoji. “Fue un momento de revelación para ellos respecto del tema”.
El equipo del programa, a su vez, presentó los datos que tenía sobre la participación de los comunicadores en la iniciativa. De acuerdo con Atoji, existe un subregistro de casos de violencia en contra de comunicadores por parte del MDH.
Por tanto, uno de los objetivos principales de las organizaciones presentes en la oficina es informar a los comunicadores las posibilidades que tienen al recurrir al programa en caso de que estén bajo amenaza por hacer su trabajo. “La visibilidad es importante porque muchas veces los comunicadores no se reconocen como defensores de derechos humanos, ni saben de las posibilidades de los canales de denuncia o no se perciben como público objetivo de ese programa. La idea es que haya ahora un esfuerzo conjunto para que eso suceda”, relató Artur Romeu, de RSF, al Centro Knight.
El canal principal para la presentación de denuncias ante el MDH es Disque 100, una central telefónica que recibe denuncias de violaciones a los derechos humanos y que funciona las 24 horas del día, inclusive sábados, domingos y feriados. “Las llamadas pueden realizarse gratuitamente desde cualquier parte de Brasil, desde cualquier terminal telefónico fijo o móvil, tan solo marcando 100”, explica el sitio del MDH.
Además de Disque 100, también existe la posibilidad de hacer una denuncia online por medio de la página de la defensoría del MDH y a través del aplicativo Proteja Brasil, disponible en dispositivos que operan en Android o iOS.
“Independientemente de cómo sea hecha la denuncia, los datos quedan registrados en el mismo sistema. Es con esa base que el programa de protección opera. Es el primer paso para que el programa entre en acción” sobre la denuncia, explicó Romeu.
Entre las medidas de protección que puede implementar el programa están la realización de visitas en el centro de labores del comunicador para analizar el caso y la situación de riesgo, la articulación institucional con los órganos locales del Poder Público para indicar la necesidad del seguimiento del caso y el monitoreo para verificar la permanencia del riesgo y de la situación de amenaza contra el comunicador.
En casos de amenazas graves, el programa puede solicitar protección de los organismos de seguridad pública para el comunicador y también proporcionar su reubicación provisional “con el objetivo de preservar la integridad física del defensor y de su familia, trasladándolos a un lugar distinto del de la amenaza”, conforme explica el decreto No. 300.
La representante de Abraji afirmó que uno de los asuntos presentados por la organizaciones al equipo del MDH es que, con frecuencia, la amenaza a un comunicador proviene de funcionarios del Estado. En 2017, por lo menos en 20 casos fueron políticos u otros funcionarios públicos los principales sospechosos de ordenar o cometer un ataque contra comunicadores, según el informe de Artículo 19. Una alternativa dada por el equipo del programa para esos casos fue acudir al Ministerio Público o a la Policía Federal, dijo Atoji.
Abraji y RSF son miembros de la Comisión Permanente de Derecho a la Comunicación y a la Libertad de Expresión creada en 2015, en el ámbito del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que fiscaliza y monitorea las políticas públicas sobre derechos humanos en Brasil.
De acuerdo con Atoji, los miembros de la Comisión decidieron en una reunión el 11 de septiembre, elaborar una base de datos de los casos de violaciones de derechos y violencia contra comunicadores y presentarla al programa de protección.
“Vimos que la defensoría no sabía o no tenía conocimiento de muchas denuncias y casos. Nosotros hacemos registros de los casos de violación. Entonces, vamos a consolidar esos datos y a hacer una base de datos con ellos, descartando duplicaciones y encontrando un denominador común mínimo, para que cada organización tenga un criterio de registro, y así ponerlo a disposición de la defensoría”, explicó Atoji.
Solamente en el primer semestre de 2018, Abraji registró 71 casos de agresiones, amenazas, atentados e intentos de asesinato contra comunicadores en el país. RSF documentó 52 casos de amenazas, agresiones y asesinatos. Hasta la fecha, cuatro comunicadores han sido asesinados en Brasil en este año, en contextos que indican que el crimen fue motivado por su labor profesional.
El objetivo de las organizaciones es que el programa utilice estos datos para elaborar medidas pertinentes a la situación específica de los comunicadores.
La comisión también va a seleccionar uno o dos casos para probar el flujo del programa para comunicadores, presentando una denuncia y haciéndole seguimiento al procedimiento, afirmó Atoji.
Artur Romeu de RSF dijo que las organizaciones civiles van a acompañar de cerca el desarrollo de esa nueva medida. “Hemos percibido, tanto en el taller como anteriormente, una apertura importante por parte del equipo del MDH para trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y reforzar ese diálogo. De ahora en adelante, la idea es continuar fortaleciendo ese diálogo y esa confianza y garantizar la presión para que esa política pública sea efectiva”, señaló.
El Centro Knight contactó al Ministerio de Derechos Humanos con preguntas sobre la inclusión de periodistas en el programa de protección, no obstante, no obtuvo respuesta alguna antes de la publicación de esta nota.
