El Faro, el portal salvadoreño de periodismo investigativo pionero de América Latina, enfrenta acusaciones de lavado de dinero del presidente Nayib Bukele, y desde hace unas semanas está siendo arbitrariamente auditado por el Ministerio de Hacienda. En respuesta, periodistas y académicos de todo el mundo han salido en defensa de El Faro y de la prensa independiente en El Salvador.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele durante el discurso previo a su ingreso con los militares a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. (Foto: Carlos Barrera/El Faro).
El 24 de septiembre, Bukele anunció a nivel nacional una supuesta investigación abierta contra El Faro por presunto lavado de dinero, además de deslegitimar el trabajo periodístico de El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado principalmente.
El Faro no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Fiscalía ni del Ministerio de Hacienda sobre la investigación por lavado de dinero contra ellos, dijo José Luis Sanz, director de El Faro, a LatAm Journalism Review.
“El Presidente quiere acabar con nuestra credibilidad y está usando todas las herramientas que le da el Estado”, dijo Sanz.
Cerca de 600 periodistas e intelectuales de 47 países firmaron y enviaron una carta a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en defensa de El Faro.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente de ese país, Nayib Bukele. Ese clima de acoso y estigmatización de los medios de comunicación que fiscalizan al poder ha recrudecido en las últimas semanas y alcanzó niveles inauditos”, señaló el comunicado dirigido al Relator Edison Lanza.
El jurado de los prestigiosos premios de periodismo de la Universidad de Columbia, Maria Moors Cabot, emitió un comunicado condenando enérgicamente el aumento de los ataques, amenazas e intimidación del gobierno salvadoreño contra El Faro y su fundador, Carlos Dada. En 2011, Dada recibió el premio Cabot por la excelencia de su trabajo periodístico.
“Es alarmante que el presidente Nayib Bukele utilizara un discurso en cadena nacional el 24 de septiembre para atacar personalmente al señor Dada y anunciar que El Faro está siendo investigado por ‘lavado de dinero y evasión fiscal’, un claro acto de intimidación incompatible con los principios democráticos. Además del señor Dada y El Faro, el presidente Bukele, su gobierno y sus seguidores, incluidos trolls agresivos en las redes sociales, han atacado en forma sistemática a otros periodistas y medios de comunicación, incluidos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Revista Factum, Focos y Revista Gato Encerrado”, señaló el jurado.
Sobre la auditoría a El Faro, Sanz explicó que están siendo sometidos a una no ordinaria y coincide con la preparación y posterior publicación de un reportaje de El Faro a principios de septiembre.
El reportaje habría revelado que el actual presidente salvadoreño Nayib Bukele habría negociado beneficios carcelarios con la MS-13, la mayor organización criminal del país, a cambio de una reducción de los homicidios y apoyo electoral para las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021 de El Salvador.
Bukele negó haber negociado con las pandillas y puso en duda la credibilidad de El Faro, llamándolo ‘panfleto’.
De acuerdo con Sanz, los auditores de Hacienda han pedido a El Faro sus declaraciones de impuestos de los años 2014, 2016, 2017 y 2018. Además, dijo, les han pedido todas sus actas de reuniones de la junta directiva del año 2014 y la información de contacto de todos sus suscriptores.
“Sabemos que el Gobierno ya sabía que íbamos a publicar la investigación sobre su negociación con la Mara Salvatrucha y ese día que íbamos a publicar, nos adelantan un nuevo requerimiento, y en ese nuevo requerimiento piden un montón de información más en la que se incluye nuestros intercambios de informes con los donantes, es decir, los informes intermedios, los informes de avance de proyectos, cosas que no tienen nada que ver con la tributación”, comentó Sanz.
En consecuencia, El Faro presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por la “agresiva auditoría” de Hacienda. También solicitaron medidas cautelares para evitar que el ministerio les pida información que no esté relacionada a sus declaraciones de impuestos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), junto a otras seis organizaciones internacionales defensoras del Estado de Derecho, rechazó los intentos de criminalización que viven los periodistas de El Faro por parte del gobierno de Bukele. “Los ataques contra El Faro suceden en un contexto en el cual la libertad de expresión y el trabajo independiente de la prensa se han visto menoscabados”.
En su nota, Cejil recordó que antes de la auditoría de contabilidad que emprendió el Ministerio de Hacienda contra El Faro, el portal de noticias La Página acusó a uno de los periodistas de El Faro de cometer agresión sexual contra una colega. El Faro desmintió el hecho.
Héctor Silva, cofundador de Revista Factum de El Salvador y periodista de InsightCrime. (Foto: Cortesía)
Otro periodista salvadoreño Héctor Silva, cofundador de Revista Factum y colaborador de la organización de noticias InsightCrime con base en Guatemala, que ha sido blanco de Bukele en redes sociales desde que empezó su gobierno, se enteró a principios de septiembre a través del sitio La Página que habría una investigación de lavado de dinero en su contra por parte de la fiscalía general.
Según dijo Silva a LJR, cuando llamó a la Fiscalía General de la República logró confirmar que no existe ningún caso abierto en su contra. El mecanismo del actual gobierno y su entorno, dijo el periodista, es hacer circular noticias falsas para atacar la credibilidad de sus opositores y críticos, para “procurar la condena civil”.
“El poder propagandístico del aparato del Estado, que es enorme en el caso de Bukele, te distrae, te ocupa y te preocupa porque tenés que dedicar recursos a asistencia legal para saber qué es lo que puedes hacer, como te tenés que defender para averiguar si efectivamente hay investigaciones de la Fiscalía, si la Fiscalía está manipulando algo o etc.”, dijo Silva.
El 14 de septiembre, día de la independencia de El Salvador, Bukele llamó “adversarios” a todos sus enemigos políticos en su mensaje a la nación, publicó ElSalvador.com.
Del 1 de junio de 2019 al 10 de septiembre de 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ha registrado 87 denuncias por parte de periodistas por restricciones al ejercicio periodístico, ataques digitales y los bloqueos de acceso información pública, declaraciones estigmatizantes y acoso digital, principalmente, dijo a LJR Angélica Cárcamo, presidenta de APES.
En su última alerta del 26 de septiembre publicada en Twitter, la organización se sumó a la comunidad internacional para exigir al gobierno de Bukele que cese sus ataques a la prensa, porque estos “suponen un boicot al ejercicio periodístico y un retroceso para la democracia del país”.
Cárcamo mencionó también fue blanco de Bukele en Twitter tras criticar sus agresiones a la prensa y la modificación del gobierno al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con Cárcamo, la reforma del reglamento de la ley de acceso le da más potestad al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los cargos de los comisionados del IAIP deben ser elegidos por el gremio de periodistas y no por el Ejecutivo, como ahora, señaló Cárcamo.
“Estamos en un escenario en el que estamos viendo que el Ejecutivo está colocando a personas más afines a sus intereses que al perfil de idoneidad e independencia que corresponde a un comisionado [del Instituto de Acceso a la Información Pública]. Es un grave retroceso porque el instituto, históricamente, ha sido un referente en ser ese actor contralor cuando un ciudadano o ciudadana hace una solicitud de información ante un ente obligado, en este caso el Ejecutivo, y le pide divulgar esa información de interés público”, dijo Cárcamo.
Por ello, APES ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad del proceso de designación del cargo, comentó Cárcamo.
“Estamos en un franco deterioro de la libertad de expresión en El Salvador, del libre ejercicio del oficio del periodista”, dijo Silva. No obstante, mencionó Silva, el deterioro democrático es de toda la región centroamericana, no solo de El Salvador, al tiempo que dijo que Bukele está siguiendo los pasos de Daniel Ortega, y de su régimen autoritario en Nicaragua.
“Creo que estamos [como país] en un lugar en el que no habíamos estado antes, un lugar bastante peligroso. Y bueno, esto recién comienza, Bukele no tiene ni un año [en el poder]. No tiene ni un año y es además un presidente sumamente popular, sumamente popular”, dijo Silva.
La gente le cree, dijo Julia Gavarrete, periodista de Gato Encerrado, a LJR, refiriéndose a la popularidad de Bukele entre los salvadoreños. “Cualquier cosa que él diga pues es ‘verdad’ o está escrito en piedra”.
Julia Gavarrete, periodista de Gato Encerrado de El Salvador. (Foto: Cortesía)
Gavarrete sufrió el robo de su computadora el 2 de julio, mientras cubría una conferencia en la Casa Presidencial.
“Fue extrañísimo que cuando yo salgo tres horas, justo las únicas tres horas que había salido de mi casa esa semana [durante la cuarenta], alguien se mete y se lleva mi equipo de trabajo. Por eso preferí no minimizar este hecho, sobre todo por los tiempos en los que estamos de ataques a la prensa, de hacerlo público, por si era necesario que esto se convierta en un antecedente a futuro”, dijo Gavarrete.
Este hecho, dijo Gavarrete, la hizo reflexionar como periodista sobre la necesidad de trabajar y construir redes de apoyo, de mayor organización periodística y con fundaciones internacionales que hagan seguimiento a lo que está sucediendo con la prensa independiente en El Salvador.
“Debemos estar más organizados porque no sabemos qué es lo que venga más adelante”, agregó. “Necesitamos una capacidad de reacción”.
*LJR intentó sin éxito comunicarse con el Presidente Nayib Bukele, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Fiscalía General de la República de El Salvador.
