"El proyecto de ley en estudio se enfoca en la urgencia de proteger el honor, la dignidad, la buena reputación y la intimidad personal del individuo y familia, a través de nuestros estamentos jurídicos, sancionando [a personas] con el incremento de la pena por el uso indebido de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web que afectan derechos fundamentales de la persona protegidos por nuestro ordenamiento jurídico”.
Con este lenguaje, los legisladores peruanos buscan justificar el Proyecto de Ley 2862, ya pre aprobado tras una votación en el Congreso, que aumenta hasta cuatro años de prisión la pena para las personas condenadas por el delito de difamación. Apodada “Ley Mordaza” y pendiente de una nueva votación para su confirmación, la iniciativa ha despertado el temor y la ira en los círculos periodísticos del país, que ven en el proyecto un intento más, entre muchos, de coartar la libertad de expresión y acallar las voces independientes.
La primera votación de la ley, el día 4 de este mes, duró sólo 11 minutos, sin ningún debate previo y sin tener en cuenta la posición de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos. En esa ocasión, la ley fue aprobada con 69 votos a favor y 28 en contra.
La segunda votación, de la que depende que el proyecto se convierta en ley, estaba prevista para el pasado jueves 18, pero fue postergada debido a la fuerte reacción de la sociedad civil y de los partidos que cambiaron su postura frente a la propuesta. El Presidente del Congreso, José Williams, declaró que la votación decisiva tendrá lugar este jueves, 25 de mayo.
El éxito de la presión ejercida por las asociaciones de periodistas podría significar que el Congreso acabe rechazando la iniciativa en la próxima votación. Esto no significa, sin embargo, que la prensa peruana quede protegida. Desde el jueves, varios otros proyectos de ley han sido presentados con el potencial de inhibir la libertad de expresión en Perú, con lo que suman casi 100 propuestas con este tipo de contenido desde 2006.
En general, la actitud de la clase política del país hacia la prensa es de ataque. La ofensiva se inscribe en un ambiente general de deterioro de las condiciones democráticas, provocado por la aguda inestabilidad política y la desconfianza generalizada de la población en las instituciones.
De acuerdo con Rodrigo Salazar Zimmermann, del CPP, proyectos de ley para penalizar la difamación se han presentado varias veces en los últimos tres o cuatro años. Aunque el que se discute actualmente sea rechazado, otros surgirán.
Independientemente del resultado de la votación de este jueves sobre la Ley Mordaza, los periodistas peruanos están lejos de poder respirar tranquilos.
“En el Perú, estas cosas nunca mueren”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), una organización que representa a los principales medios de comunicación del país. “Este tipo de proyectos de ley para penalizar la difamación y aumentar la pena de cárcel han surgido en los últimos tres años o cuatro años, una vez al año más o menos. Por más que este [actual] finalmente sea votado en contra, surgirá otro eventualmente. De alguna manera eso [el rechazo] puede incluso hasta envalentonar a algunos congresistas a proponer más proyectos de ley lesivos”.
Perú ya cuenta con una ley que castiga a los culpables de difamación con hasta tres años de prisión y multa. El cambio propuesto aumenta el castigo a hasta cuatro años y una multa.
Según un estudio del diario El Comercio, entre 2019 y 2022, al menos 74 periodistas y medios de comunicación fueron denunciados o procesados tras difundir información sobre políticos, empresarios, organizaciones religiosas, funcionarios públicos y otras personas en posiciones de poder. Los cargos por difamación, calumnia o injuria aparecen en 37 demandas.
Según Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú, la gran mayoría de los acusados son absueltos. Sin embargo, esto no significa que las acusaciones no generen daños y perjuicios: en Perú, un proceso de este tipo puede extenderse hasta que prescriba el plazo máximo, correspondiente a la duración de la pena de prisión sumada a la mitad de la misma, es decir, una duración equivalente al 150 por ciento de la pena máxima.
Con la ley actual, que prevé penas de hasta tres años, los casos pueden correr durante un máximo de cuatro años y medio. Si se aprueba la nueva legislación, los procesos podrían durar hasta seis años.
“La mayoría de los periodistas son absueltos, pero el castigo para ellos es el proceso, que es una tortura. Si el proceso es más largo, la tortura judicial será más larga”, declaró Lainez a LJR. “Para los periodistas de las regiones [fuera de Lima], es insostenible parar seis años para organizar una defensa legal. Muchos enfrentan condiciones precarias y terminan en la defensoría pública, que también es muy precaria”.
Responsable del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León señala que los periodistas no pueden salir del país mientras están siendo juzgados, y generalmente tienen que gastar dinero para defenderse. Coincide en que la sola acusación de difamación ya impone un castigo. “No es tanto el objetivo de meter a la cárcel al periodista, sino es cansarlo, agotarlo”, dijo León a LJR.
La posibilidad de sancionar penalmente los delitos contra el honor en el ámbito penal va en contra de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirma que “la protección al honor en estos casos ha de darse en sede civil, en virtud de que la sanción penal podría inhibir el control de la función pública necesario en una sociedad democrática”.
“El proyecto va en contra de todos los estándares interamericanos establecidos sobre el honor. El sistema interamericano siempre ha enfatizado que los países deben resguardar la protección al honor en el ámbito civil”, dijo Lainez.
La mayoría de los periodistas son absueltos, pero el castigo para ellos es el proceso, que es una tortura. Si el proceso es más largo, la tortura judicial será más larga, dijo Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
Como en otros países, las campañas virtuales atacando a figuras públicas, a menudo con trolls y bots, se han convertido en algo habitual en Perú. Ante la prensa peruana, los legisladores trataron de argumentar que la propuesta de ley no va dirigida contra los periodistas reales, sino contra quienes promueven campañas de difamación. “A los periodistas sanos e inteligentes no les tiene que preocupar este asunto”, dijo Jorge Montoya, del partido conservador Renovación Popular, a Infobae.
La ley, sin embargo, no proporciona ningún instrumento nuevo para frenar la desinformación, y abarca a todo el mundo, por lo que podría emplearse fácilmente contra los periodistas.
“Como está puesta la ley, tú nunca vas a saber quién está detrás de perfiles difamadores en Twitter. No creo que con esta ley se combata la difamación o el acoso virtual. Más bien, es una ley que dice claramente que serán castigados los que publiquen en medios de comunicación o en redes sociales”, dijo León.
La Ley Mordaza fue propuesta por Perú Libre (PL), partido de izquierda que ganó en las últimas elecciones con la candidatura de Pedro Castillo, quien fue encarcelado en diciembre del año pasado tras un fallido intento de golpe de Estado.
Además del PL, en la primera votación dieron su apoyo los partidos Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magistral de Coordinación Nacional (BM-CN), Renovación Popular (RP), Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD-JPP), Podemos Perú (PP), Perú Bicentenario (PB) y Somos Perú (SP), que incluyen siglas desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
Decididas a bloquear el proyecto de ley, las cinco principales asociaciones de periodistas de Perú, que incluyen desde sindicatos patronales hasta organizaciones más cercanas a los medios independientes, formaron un amplio frente e iniciaron una intensa campaña de movilización. Una de las primeras iniciativas fue el propio apodo de Ley Mordaza que se dio al Proyecto de Ley 2862. “Fue un gran acierto nombrarlo así. Sin duda, [a los políticos] no les gustó mucho. Pero en el país ya se utiliza el marco legal para tratar de silenciar las investigaciones”, dijo Lainez.
La semana pasada, el frente de defensa se reunió con legisladores de prácticamente todas las fuerzas políticas durante los tres primeros días de la semana, mientras que la votación estaba prevista para el jueves. Los periodistas dicen haber escuchado prácticamente confesiones de congresistas que buscaban intimidar a la prensa.
“Intentamos entender por qué esta norma era la correcta. Muchos de ellos nos dijeron que votaban a favor de estos proyectos de ley como una especie de revancha o de venganza contra el trabajo de los periodistas que investigan sus fechorías e investigan sus asuntos de corrupción, que los tildan de adjetivos o los incomodan durante las entrevistas”, dijo Salazar Zimmermann, del CPP. “Muchos congresistas, lo que buscan es vengarse de la prensa, a pesar de que es un proyecto lesivo a la ciudadanía”.
León, quien también participó en las conversaciones, dice que éstas dejaron en claro que “muchos congresistas legislan sin leer [la propuesta], y están siempre motivados sus votos por sus pasiones o sus emociones”. De acuerdo con León, el trabajo de persuasión dejó en claro que gran parte de los legisladores no entiende la función social del periodismo.
“Decían: ‘yo voté por la ley porque odio a Juliana [Oxenford]’, una periodista. ‘Voté porque la odio, yo no leí el proyecto’. O entonces ‘mis asesores me han dicho que no es contra los periodistas’. O sea, tienen una visión errada de lo que es el ejercicio del periodismo”, dijo León.
El objetivo no es tanto meter al periodista en la cárcel, sino cansarlo, agotarlo, dijo Adriana León, de IPYS.
A pesar de las dificultades, la labor de persuasión tuvo éxito. Congresistas de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Perú Bicentenario retiraron su apoyo, dejando la iniciativa sin votos para su aprobación. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, de Perú Libre, pidió un receso para evaluar algunas de las observaciones y “si se puede, mejorar este texto”.
“Han visto que nosotros estamos bastante bien organizados. Tenemos un frente de defensa bastante fuerte y contamos con, digamos, bastante acceso”, dijo Salazar Zimmermann. “Pedro Vaca, el Relator de Libertad de Expresión para la CIDH, ha dicho que en pocos países de la región ha visto un frente tan unido y tan fuerte de defensa hacia el periodismo. Sin duda, tenemos diferencias en algunos textos, pero son más fuertes las razones que nos unen”.
El jueves, cuando la ley sea votada, si es que eso sucede, ésta puede tener varios destinos. Podría ser simplemente rechazada, alejando de momento el peligro. Si se aprueba con modificaciones, esto invalida la primera votación, y será necesaria otra. El texto también podría volver a la Comisión de Justicia, reiniciando todo su proceso legislativo. “Para nosotros, lo mejor sería votarlo y rechazarlo”, dijo Lainez.
Pero aunque eso ocurra, la prensa peruana debe seguir esperando los ataques de la clase política. La ofensiva se produce en medio de una serie de escándalos de corrupción y una prolongada crisis política.
Desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente y la oposición vinculada al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), que tenía la mayoría en el Congreso, no aceptó el resultado, ha habido siete intentos de destituir a presidentes peruanos, y tres de ellos tuvieron éxito (contra Kuczynski en 2017, Martín Vizcarra en noviembre de 2020 y Pedro Castillo en 2022).
El país no ha logrado estabilizarse desde los escándalos de corrupción en el marco del llamado caso Odebrecht a partir de 2017. Incluso antes, los partidos tradicionales que dominaron la política peruana durante la mayor parte del siglo 20 perdieron fuerza con la crisis económica de los años 80, el estado de excepción durante la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso y el golpe de Fujimori en 1992.
De acuerdo con un sondeo de El Comercio, 25 de los 69 legisladores que apoyaron el proyecto de la “Ley Mordaza” en la primera votación afrontan investigaciones, algunas de ellas basadas en casos denunciados por la prensa. La propia ley se basó en el caso conocido como “mocha sueldo”, revelado por la unidad de investigación de la emisora Latina, en el que legisladores fueron acusados de embolsarse parte de los sueldos de sus empleados.
“Todo tiene que ver con que nuestros políticos están implicados en situaciones graves. En muchos casos, delitos de todo tipo, y la prensa está ahí mirando”, dijo León. De acuerdo con Salazar Zimmermann, “muchos de los que votarán en contra realmente querían votar a favor, pero no lo hacen porque justamente están en vitrina y no quieren quedar peor con la ciudadanía”.
Esto explica otros proyectos en curso que podrían amenazar a la prensa peruana. Frente a una derrota inminente, Perú Libre reforzó una campaña en favor de una iniciativa para imponer cuotas de contenido cultural nacional en las emisoras de radio y televisión. En Renovación Popular, una congresista presentó una iniciativa que exige que quienes quieran ejercer el periodismo tengan un título profesional.
La ofensiva contra la prensa se produce en medio de otras amenazas a la prensa, como la agresión de policías a periodistas durante protestas y el endurecimiento de los ataques de grupos de extrema derecha vinculados al fujimorismo contra periodistas y medios de comunicación.
Paralelamente, también hay un debilitamiento de otras instancias de control del poder, como la disminución de la autonomía del Tribunal Constitucional en relación al Congreso y la elección de un defensor del Pueblo -responsable de velar por los derechos humanos y constitucionales- con vínculos políticos, sin antecedentes de actuación en el área y con acusaciones de conflicto de intereses.
“Los proyectos de ley e iniciativas contra periodistas no pueden ser vistos fuera del contexto general de la política peruana. El Perú sigue un camino incesante hacia convertirse en autocracia. El Perú está dejando cada semana de ser una democracia para convertirse en algo como El Salvador o como Guatemala”, dijo Salazar Zimmermann.
De acuerdo con León, “desde la crisis política, están pasando cosas que antes no pasaban en el Perú. Yo creo que hay un periodismo muy activo en el Perú, que está mirando, que está fiscalizando, y eso es algo que saca de quicio a los políticos en el Perú. Porque todos tienen acá, como decimos, rabo de paja. Todos tienen algo que esconden”.
