Luego de tener la que fue catalogada por organizaciones internacionales defensoras de libertad de expresión como la ley de comunicación más represiva del continente americano, Ecuador sigue en su lucha por borrar los últimos vestigios de esta y aprobar una nueva ley que esté acorde con estándares internacionales en la materia.
“Estamos luchando artículo por artículo”, dijo César Ricaurte, director y fundador de la ONG Fundamedios, en conversación con LatAm Journalism Review (LJR).
El camino no ha sido fácil. A pesar de que la nueva ley ya se encuentra en revisión de una comisión de la Asamblea Nacional y de los esfuerzos de la sociedad civil y de algunos asambleístas, para Ricaurte lo que parece ser una mayoría opositora en el Legislativo podría frenar estos intentos.
Debate en la comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que estudia el proyecto de ley de comunicación. (Foto: Fundamedios)
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en 2013 e impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, le trajo a Ecuador una de las épocas más oscuras para la libertad de expresión. De la mano de una de las entidades creadas por la ley, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), se impusieron multas y sanciones en varias ocasiones calificadas como “desproporcionadas” en contra de periodistas y medios.
Las decisiones de la Supercom fueron polémicas desde el inicio. La primera que tomó, por ejemplo, fue obligar al caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ a “rectificar” un trabajo. O por ejemplo cuando el diario El Universo fue sancionado con una multa equivalente al 10 por ciento de la facturación promediada de los últimos tres meses (aproximadamente US 350 mil dólares) por presuntamente no cumplir órdenes del gobierno. Según la Supercom, el diario no publicó una réplica de un artículo con el titular que exigía el gobierno.
En los cuatro primeros años de funcionamiento – según un informe de 2017 de Fundamedios – se abrieron 1.081 casos en contra de medios y periodistas. De acuerdo con ese informe, 675 terminaron en sanciones que iban desde realizar rectificaciones, réplicas, entregas de copias de programas, sanciones públicas, medidas administrativas, entre otros. De acuerdo con cálculos de Fundamedios, por concepto de multas la Supercom recaudó en esos años US $531.288.
Fue en medio de esta situación, que el expresidente Lenín Moreno, sucesor de Correa, propuso una serie de reformas a la LOC que incluía la abolición de la Supercom. En efecto, en diciembre de 2018 las primeras reformas a la LOC fueron aprobadas, incluida la eliminación de esa entidad.
En diciembre de 2020 fue aprobada una nueva reforma a la LOC, esta vez solamente del Artículo 5, con el cual la comunicación volvía a ser considerada un derecho humano y no un servicio público. Aunque este tema había quedado estipulado en las primeras reformas, “misteriosamente” en el texto aprobado no quedó incluido, según Ricaurte.
“Ese paquete de reformas lo que hacen es desactivar los organismos o los aspectos más represivos de la ley de comunicación. Todo el esquema de la Superintendencia desaparece, desaparecen las sanciones administrativas en contra de los medios de comunicación, multas, pedidos de disculpas. Todo eso desaparece. Pero queda el resto de la ley”, explica Ricaurte. “Es decir, gran parte también de los problemas de la ley de comunicación del ‘correísmo’ era que era una ley extensa que trataba de abordar todos los aspectos de la comunicación social y entre esos había una serie de normativa que no se ajustaba a estándares internacionales. Entonces nosotros siempre planteamos que el paquete de reformas del presidente Moreno con ser muy positivo, con ir en la línea correcta, no era completo”.
Según Ricaurte, faltaba abordar temas relacionados con la información pública y el acceso a esta. No estaba regulado la potestad del gobierno para ordenar cadenas nacionales, no se regulaba el tema de medios públicos ni de publicidad oficial, por mencionar algunos. “Es decir, había todavía unos vacíos”, afirmó.
Con la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia en mayo de 2021, él propuso derogar por completo la LOC, como lo había prometido en su campaña. Sin embargo, en medio de una discusión jurídica algunas voces señalaron que no era posible derogar una ley orgánica sin tener una nueva ley. Lasso propuso la llamada Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación con la cual se pretendía reemplazar por completo la LOC. Esta era una ley marco y minimalista, como la definió Ricaurte, con 14 artículos que no abarcaban el tema completo de la comunicación.
Los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez junto con Fundamedios presentaron el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación que de alguna manera buscaba “complementar” el proyecto de ley enviado por Lasso, explica Ricaurte.
“En términos generales es una ley que busca cambiar un modelo, un modelo de censura previa, directa o indirecta, a un modelo de responsabilidad ulterior y un modelo de autorregulación”, dijo la asambleísta Marjorie Chávez a LJR. “Nosotros hemos tenido una mala experiencia durante más de una década en nuestro país, donde realmente el modelo de regulación de la comunicación priorizaba la autocensura y esto generó varios problemas para el país, incluyendo sanciones arbitrarias y desmesuradas”.
El pasado 23 de agosto, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, a la que se le encargó el estudio de estas leyes, aprobó la unificación de estas dos propuestas de ley con el objetivo de tener una nueva y única ley de comunicación.
Para Chávez uno de los aspectos más importantes y que se destacan en esta nueva ley es el aporte de la sociedad civil. Así por ejemplo, el proyecto se ha socializado con la Academia, con estudiantes, con expertos y diferentes gremios, así como con otros asambleístas.
“Creo yo que es una ley bastante abarcadora que cumple todos los parámetros nacionales constitucionales, pero también todos los parámetros internacionales en términos de derechos de la comunicación”, aseguró Chávez.
El proyecto de ley toca temas como discursos protegidos, obligaciones del Estado, autorregulación periodística así como la de la responsabilidad ulterior para el cual tomaron como base decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. También toca el tema de la protección de periodistas así como de sanciones civiles por difamación.
“Es decir, el daño moral no debe de ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al demandante o simplemente castigar a la persona demandada”, explicó la asambleísta.
Según Chávez, la Comisión tiene 90 días para estudiar y modificar este proyecto – que actualmente tiene 29 artículos –, para enviarlo al pleno de la Asamblea Nacional. Como sucede con la mayoría de proyectos de ley, el pleno seguramente entregará revisiones y comentarios para que sean de nuevo estudiados por la Comisión, la que eventualmente lo devolverá al pleno para un segundo y último debate.
Aunque todo este proceso podría tomar nueve meses, la asambleísta espera no solamente que pueda reducirse a siete, sino que también encuentre un apoyo mayoritario para impulsar una ley que ella considera necesaria para el país.
“Esos procesos de ley cuando son con un componente ideológico marcado, suelen ser más difíciles de llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero esperemos que la voluntad política pase por la madurez política también y de lo que necesita nuestro país. Recordando además, que la base de este proyecto es la libertad de expresión”, dijo.
Ricaurte también espera encontrar en la Asamblea un aliado de la libertad de expresión, aunque lo ve con un poco más de temor.
“Hay una voluntad de parte del Ejecutivo, de su bloque de parlamentarios y de algunos sectores de avanzar realmente e ir por una ley que respete estándares, como dice el nombre, promueva, garantice y defienda la libertad de expresión”, dijo Ricaurte. “Pero sí hay, como digo, sectores en la Asamblea que más bien están mucho más cercanos al gobierno, al partido de Correa y que quieren más bien aprovechar esta ocasión para retroceder. E incluso retroceder a lo que era la ley de comunicación antes de las reformas de Lenín Moreno”.
Una situación bastante grave si se tiene en cuenta la “mejor atmósfera” que se vive en el país luego de eliminarse “esa inmensa presión” que venía desde la presidencia, o la “violencia estatal administrativa”, como la llama Ricaurte.
En cambio cree que el país necesita mayor atención en otros frentes como, por ejemplo, la protección y seguridad de periodistas, un tema en el que asegura “no se ha trabajado para nada”.
Algo que quedó demostrado en el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, así como en “la masiva agresión a periodistas durante las protestas sociales de octubre de 2019”, según Ricaurte.
Para él, ahora es el momento para la llegada de la nueva ley. Algo en lo que coincide Chávez.
“Yo creo que es algo que el país sí está esperando, el cambio de modelo. Y dejar de esperar que sea el Estado el que te diga qué consumir, qué tipo de información consumir y en qué condiciones, ¿verdad?”, aseguró Chávez. “Yo creo que el Ecuador está listo para dar este siguiente paso”.
