La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió admitir el caso del diario El Universo contra el Estado de Ecuador. Luego de que el diario fue demandado por el entonces presidente Rafael Correa a partir de la publicación de una columna de opinión en 2011, un columnista y tres ejecutivos recibieron sentencias penales.
En 2012 fueron sentenciados un columnista de opinión Emilio Palacio Urrutia y tres directivos del diario, Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez, como autores coadyuvantes, a tres años de prisión y al pago de US $40 millones de indemnización, publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La justicia ecuatoriana los procesó judicialmente por la demanda por injurias que interpuso Correa a partir de la columna de opinión de Palacio, “No a las mentiras”, publicada el 6 de febrero de 2011.
En la columna, Palacio se refirió a la actuación de Correa en un supuesto intento de golpe de Estado de las fuerzas policiales que ocurrió el 30 de septiembre de 2010, el cual desató el caos y una serie de protestas y enfrentamientos en el país, publicó la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
Sobre el juicio de la demanda por injurias, César Pérez Barriga, subdirector de El Universo, dijo al Centro Knight que este “fue un proceso plagado de irregularidades en las que hubo la interferencia política del gobierno sobre las cortes”. Pérez sostuvo que “en la primera instancia, el juez nunca explicó cómo pudo redactar una sentencia de 156 páginas en pocas horas”.
“La Relatoría entendió que el proceso fue irregular, que se utilizó el derecho penal para sancionar una opinión contra un presidente que es justamente de los más altos funcionarios públicos y que la libertad de expresión protege ese tipo de críticas y opiniones”, dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, al Centro Knight.
“En una sociedad democrática, el desacato o la ofensa a un presidente por sus medidas o por las decisiones que toma no deben ser objeto de sanción penal. Y que además fue absolutamente innecesaria y desproporcionada la sanción económica, tanto a él como al medio”, agregó.
El caso fue admitido por la Corte porque el Estado ecuatoriano no cumplió dentro del plazo reglamentario con las recomendaciones que la CIDH envió en 2019 en su informe de fondo, explicó Lanza. Las recomendaciones, agregó Lanza, pedían al Estado de Ecuador que anule la sentencia contra los directivos y el periodista de El Universo, que les pague una reparación por el daño cometido y que realice una serie de reformas legales en su sistema de justicia como la despenalización de los delitos de desacato e injuria.
Sobre la admisión del caso por parte de la Corte IDH, el subdirector del diario enfatizó que este es un paso muy importante en la búsqueda de justicia en el caso de El Universo pero que “todavía falta mucho por recorrer”.
“En la Corte todavía falta, y tomará unos años, hasta conseguir una decisión final de la Corte que pueda revertir el absurdo que está plasmado en esta sentencia que logró Correa acá en Ecuador”, dijo Pérez.
A fines de febrero de 2012, Correa anunció que perdonaba al periodista y directivos de El Universo con la remisión de sus condenas, publicó CNN en Español. “Hay perdón pero no olvido”, dijo el entonces presidente ecuatoriano.
“Rafael Correa perdonó la condena. O sea, la sentencia sigue viva pero él perdonó la ejecución de la condena, que significaba la cárcel y el pago efectivamente de estos (US) 40 millones de dólares”, dijo Pérez.
“La sentencia sigue vigente y tanto así que cuando a mí me piden si tengo antecedentes penales, yo tengo que reportar que existe esa sentencia en Ecuador, en donde yo he sido sentenciado. Entonces, claro, lo que nosotros queremos es que se repare más que nada por el precedente que esto deja, para el futuro ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador. Que esto se pueda revertir y que esta sentencia no esté ahí como referente para que cualquier otro juez la pueda tomar para cometer esta barbaridad de nuevo, ¿no?”, enfatizó Pérez.
Para el Relator de la CIDH, que el caso de El Universo vaya a la Corte implica que es un caso emblemático.
“Como el gobierno de Rafael Correa fue uno de los gobiernos que presionó de distintos modos a la prensa utilizando, entre otras, la vía penal, utilizando una justicia que no contaba con garantías de independencia de autonomía y normas legales restrictivas, pues el caso va más allá de la anécdota puntual y va a tener repercusiones, yo creo que inmensas, para todo el periodismo en la región”, afirmó Lanza.
“La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conocer el caso de El Universo es un paso importante hacia la ya demorada justicia en este asunto, que fue uno de los ejemplos más extremos de los abusos cometidos contra la prensa durante la gestión de Correa”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica de la CPJ. Añadió que estas disposiciones penales sobre difamación aún vigentes en Ecuador fueron utilizadas “sistemáticamente para castigar el periodismo crítico”.
César Ricaurte, director de Fundamedios, dijo al Centro Knight que tanto para Ecuador como para los países de toda la región es muy significativo que el caso haya llegado a la Corte IDH. “Para nosotros realmente es un hito. Es el primer caso de libertad de expresión en el cual el Estado ecuatoriano es demandado y debe rendir cuentas. Para nosotros realmente marca un precedente sumamente importante” señaló.
“[A nivel nacional y regional] puede marcar justamente unos límites muy claros al abuso del poder, a cómo el poder político presiona e incluso manipula la justicia, como sucedió en este caso, para finalmente obtener sentencias a su favor. Esto ocurrió en Ecuador, pero vemos que es un mismo modus operandi que se va extendiendo en los últimos años en muchos países de la región”, expresó Ricaurte.
Respecto al actual estado de la libertad de expresión en Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno, Pérez dijo que el presidente ha dado un mensaje bien claro de querer cambiar las cosas al liderar el proceso de la modificación de la controvertida Ley de Comunicación creada por Correa, y la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Secom), entidad que se encargaba de emitir “multas exorbitantes” contra los medios.
“Hay que reconocer eso. Hay un mayor ejercicio libre en el periodismo en el Ecuador, pero falta también así [camino] por recorrer. Todavía existen otras leyes vestigio, artículos de leyes muy concretos en los que prohíben, por ejemplo, que en época de elecciones se publique cualquier tipo de información que favorezca o desfavorezca a cualquier candidato”, dijo Pérez.
Sin embargo, Ricaurte opinó que sin bien hay cosas que han cambiado con el nuevo gobierno, aún hay reformas y medidas pendientes.
El gobierno de Moreno ha propuesto una reforma judicial sobre la sanción para quienes cometen el delito de injuria o contra el honor de una persona, publicó El Universo. El Ejecutivo propone que este delito no se castigue con una pena de prisión sino con horas de trabajo comunitario, multa o cárcel por un máximo de 30 días, publicó El Universo.
Con esta reforma, “la difamación ya no es un delito propiamente dicho pero pasó a ser una contravención”, dijo Ricaurte, quien lamentó que ahora se está utilizando contra cualquier voz crítica no solo contra periodistas.
“Con contravención tú tienes penas de máximo 30 días de cárcel, pero en cambio, lo que hemos visto al ser más expedito el proceso –básicamente se resuelve en una comisaría y de una forma muy rápida, en cuestión de horas– se puede meter rápidamente a la cárcel [a cualquiera] por haber injuriado a alguien y se utiliza con más frecuencia”, explicó.
