En lo que va de 2018, 10 periodistas han sido asesinados en América Latina por organizaciones criminales en represalia por sus reportajes, de acuerdo con un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
(Captura de pantalla).En general, las muertes en la región están ligadas a carteles de la droga que se benefician de la proximidad con actores en el poder público, según el documento “Los periodistas, la pesadilla de la mafia”. La organización reportó asesinatos de este tipo en México (con cuatro casos), Brasil (tres) y Ecuador/Colombia (también tres). En todo el mundo, fueron 12 homicidios catalogados en esta categoría.
Otras cuatro muertes de profesionales de la prensa mexicana ocurridas este año están siendo investigadas para averiguar si hay relación con el ejercicio del periodismo. Desde 2012, la organización estima que 32 periodistas murieron por cuenta de los carteles en el país.
“Este número, de por sí preocupante, podría incrementarse debido a que en este país [México] los mafiosos y los políticos se mezclan o se alían para hacer callar a los periodistas. Además, la justicia avanza poco y arresta a falsos culpables; también puede suceder que simplemente no abra una investigación”, informa RSF en el documento.
El año pasado, otros 11 homicidios de periodistas por organizaciones criminales fueron documentados por RSF en América Latina: nueve en México, uno en Brasil y uno en Honduras.
Es definitivamente en México donde la situación es más grave para periodistas que investigan carteles de drogas, de acuerdo con RSF. El documento recuerda las muertes de los periodistas Cándido Ríos Vázquez, baleado en un supermercado el 22 de agosto de 2017, y Rubén Pat, muerto en un café el 24 de julio de este año.
Ambos casos son emblemáticos de cómo las instituciones de seguridad para profesionales de los medios no funcionan en México, según RSF. Los dos periodistas muertos estaban bajo Mecanismo de Atención y Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Para Pat, las medidas protectivas solo consistieron en un “‘botón de pánico’ y un GPS”, subrayó la organización.
“Medidas insuficientes a los ojos del periodista, que decía trabajar ‘con miedo’. En ese entonces RSF pidió que se reforzaran las medidas de protección con que contaba el reportero. Fue en vano”, señala el documento de RSF.
RSF indica que existen cuatro entidades federales de protección a periodistas en México, incluyendo al Mecanismo como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin embargo, “estos organismos – que poseen sus propias normativas y reglas de funcionamiento – funcionan a escala federal, pero por lo general, no se comunican lo suficiente entre sí”, según RSF.
La impunidad de esos crímenes es otro gran obstáculo en el país latinoamericano. RSF cita datos recopilados por la CNDH México que indica que más del 90% de los crímenes violentos contra periodistas quedan impunes. En algunos estados como Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa esta tasa está cerca del 100%.
“En un país como México, donde el número de cuerpos encontrados cada año en las calles o descubiertos en fosas comunes podrían hacer pensar en una guerra civil, los mafiosos saben que la justicia se ve sobrepasada, al igual que la policía judicial, lo que les garantiza una forma de impunidad”, dice RSF en el informe.
En muchos casos, el crimen organizado alcanza su objetivo de silenciar el periodismo crítico, al menos temporalmente. Un ejemplo es el de Oscar Arturo Cantú Murguía, exeditor del diario Norte, entrevistado para el informe. El periodista decidió cerrar el impreso tras el asesinato de la reportera Miroslava Breach, con quien era muy cercano profesionalmente.
La muerte hizo que él considerara la falta de seguridad y de garantías para el periodismo investigativo y crítico, así como la situación de impunidad, según dijo a RSF.
“Veíamos a la sociedad muy alejada, sentíamos que nos había dejado solos. En segundo lugar, estaba la actitud del gobierno del estado, en contra de los medios [de comunicación], descalificándonos sin hacer excepciones”, dijo Murguía a RSF. “Puse todo esto en una balanza y consideré que necesitábamos hacer algo diferente a lo que habíamos hecho. Lo que habíamos publicado hasta entonces no había tenido una correspondencia de la sociedad, ni del gobierno. Por eso decidí cerrar [el diario] en protesta”.
Murguía dijo que Norte ahora tiene un nuevo proyecto llamado “periodismo de contrapeso”. “El proyecto no acepta publicidad oficial, vive de patrocinios, lo estamos impulsando así desde la sociedad civil para acabar con las presiones”, dijo.
El informe de RSF también describió la situación de los periodistas en Colombia, país que sigue siendo uno de los tres mayores productores de pasta de cocaína del mundo.
El caso destacado por RSF en el país ganó la atención internacional. El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas, y el conductor Efraín Segarra, que trabajaban para el diario ecuatoriano El Comercio, fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia por el grupo armado Frente Oliver Sinisterra, disidente de la guerrilla de las Farc. Posteriormente, el gobierno de Ecuador confirmó sus muertes. Los ecuatorianos estaban trabajando en un área que alberga plantaciones de coca y producción de cocaína, así como conflictos entre las autoridades y los narcotraficantes, subrayó RSF.
