Cuando un grupo de hombres ingresó a las oficinas de El Heraldo de León en Sillao, en septiembre pasado, amenazando y golpeando a la reportera Karla Silva, el caso se convirtió en emblemático para la campaña de aprobación de una ley de protección para periodistas en el estado de Guanajuato.
Poco después del ataque, periodistas y miembros de la comunidad iniciaron una petición para instar al Congreso del Estado de Guanajuato a aprobar una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato, la cual ha reportado ningún progreso desde su presentación en junio pasado.
“Los periodistas no se sienten protegidos, dado que hay un clima de impunidad y de corrupción asociados a la agresión, ya que aunque se han detenido a los autores materiales, no queda claro si las autoridades han sido los autores intelectuales de los hechos y cual es su responsabilidad”, dijo Raymundo Sandoval, activista y creador de la petición. “Tampoco hay justicia integral o garantías para el Heraldo y otros medios".
La petición para la Ley de Protección en Guanajuato es un ejemplo de cómo periodistas y defensores de los Derechos Humanos a lo largo del país, están buscando ayuda de los gobiernos estatales y federal para combatir lo que algunos ven como el deterioro de la libertad de expresión en México.
La petición se ha presentado en medio de una ola de violentos ataques a periodistas en todo el país. El lunes, un líder comunitario fue asesinado mientras conducía un programa de radio en el estado en Sinaloa y el jueves, la muerte de un periodista ciudadana en Tamaulipas fue anunciada por los asesinos a través de su cuenta de Twitter.
La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, relevó que la violencia contra la prensa incrementó en el 2013, con 330 ataques documentados a periodistas, incluyendo el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de otro. El reporte de la organización dice que el 59 por ciento de los ataques contra periodistas fueron perpetrados por servidores públicos.
A pesar de eso, de los 32 estados mexicanos, Guerrero e Hidalgo son los únicos que han establecido mecanismos de protección local para periodistas de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Mecanismos similares están pendientes o siendo discutidos en Nayarit, Quintana Roo, Chihuahua, el Distrito Federal y Oaxaca.
En términos de violencia contra periodistas, el Distrito Federal y Veracruz ocupan los primeros puestos de acuerdo con el reporte de Artículo 19.
De acuerdo con IMDHD, los mecanismos propuestos por el gobierno son deficientes debido a que se enfocan más en mejorar la calidad de vida a través de iniciativas financieras y de salud, y no en el “verdadero problema” de proveer seguridad.
En junio del 2012 el congreso de federal de México aprobó una enmienda constitucional para implementar la Ley Federal de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley creó el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
El pasado junio, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos expresó su preocupación por “los continuos defectos en el cumplimiento de las medidas de protección del Mecanismo”.
La organización envió una carta a la Secretaría de Gobernación pidiendo apoyo para el Mecanismo de Protección a nivel de los gobiernos federal y estatal y detallando aquello que perciben como obstáculos interponiéndose en la implementación del mismo, los que incluyen escasez de personal y retrasos en las peticiones de protección.
El Centro Knight para Periodismo en las Américas ha reportado la frustración de los periodistas con el Mecanismo. En mayo del 2013, un periodista que corría el riesgo de perder la protección armada que prestaba el estado, habló con el Centro Knight sobre los supuestos retrasos en el programa federal. Ese mismo mes, el Centro reportó que un periodista mexicano en el exilio dijo a Reporteros sin Fronteras que ella dudaba de la “efectividad” del Mecanismo.
La efectividad del la oficina federal del Fiscal Especial para la Atención de Crímenes Contra la Libertad de Expresión, la misma que fue reestructurada en el 2010, ha sido cuestionada por grupos activistas como Artículo 19.
A finales de septiembre de 2014, el director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas escribió un artículo sobre la importancia de garantizar la libertad de prensa para promover un gobierno abierto.
“La promulgación de la enmienda constitucional que otorga a las autoridades federales mayor jurisdicción en los crímenes contra la libertad de expresión es un importante paso adelante para cambiar el marco jurídico de protección de este derecho humano fundamental,” dice en el artículo. “Pero para fortalecer la idea de un verdadero gobierno abierto, transparente y que rinda cuentas, el presidente Peña Nieto necesita realizar muchos más esfuerzos.”
En su reporte, IMDHD propuso que un sistema central de protección de periodistas y defensores de derechos humanos “debería ser reforzado a través de una coordinación exclusiva entre el gobierno federal y los estados.”
Mientras los gobiernos federal y estatales consideran la legislación y los mecanismos que abordarán efectivamente los problemas de protección de periodistas y la libertad de expresión, la comunidad espera por repuestas de casos que se encuentran en juicio actualmente.
En Silao, el fiscal del estado en el caso de Karla Silva ha encontrado resistencia por parte del alcalde, quien se ha rehusado a responder a llamados de la oficina del fiscal en relación con la investigación, de acuerdo con am. Las autoridades han arrestado a cuatro hombres, incluyendo a un sub-director de la Policía Municipal, en conexión con el ataque. El director de la Policía Municipal quien, de acuerdo con el fiscal, fue que ordenó el ataque, está fugado.
Después de la golpiza a Silva y ataques a otros periodistas mexicanos hacia finales de este verano, la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y UNESCO publicaron un comunicado pidiendo al gobierno que “tomara las medidas necesarias para que, a nivel federal y estatal, se garanticen los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los periodistas”.
El fiscal estatal que ve el caso de Silva recientemente se reunió con representantes de la ONU y reafirmó su compromiso de proteger la libertad de expresión.
Mientras tanto, la petición para impulsar la creación de una nueva ley en Guanajuato continúa acumulando firmas. Hasta el viernes por la mañana más de 8,700 persona habían firmado mostrando su apoyo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
