La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Ecuador que derogue los delitos de desacato y de difamación de funcionarios públicos, informó el organismo defensor de derechos humanos con sede en Nueva York.
El lunes 14 de noviembre, Human Rights Watch y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo en Argentina presentaron un memorial en calidad de amicus curiae (opinión legal de terceros) ante la Corte Constitucional de Ecuador, donde se afirma que el artículo 230 del Código Penal ecuatoriano sobre el desacato vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador.
El amicus curiae respalda la demanda de inconstitucionalidad para despenalizar el artículo 230 que presentó la organización Fundamedios ante la Corte Constitucional de Ecuador el 25 de mayo de 2011. Dicho artículo establece que: “El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a setenta y siete dólares”.
Sin embargo, este artículo contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Ecuador en 1977, la cual protege la libertad de expresión.
