Por Alejandro Martínez
El periódico costarricense Diario Extra acusó al poder judicial de esa nación de espiar las llamadas de uno de sus reporteros en un incidente que Reporteros Sin Fronteras describió como un caso muy similar al espionaje que sufrió la Associated Press por parte del gobierno de Estados Unidos.
Diario Extra dijo haber obtenido un expediente de más de 200 páginas por parte de una fuente judicial anónima en el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ordena el rastreo de las llamadas y mensajes de texto entre el periodista Manuel Estrada y sus fuentes. El periódico acusó al OIJ de trabajar con la Fiscalía de Crimen Organizado, la sección de Estupefacientes y la Oficina de Análisis Criminal para rastrear la información durante un periodo de diez meses.
Según la subdirectora del periódico Patricia Hernández, el objetivo era obtener los nombres de funcionarios que han servido como fuentes para el rotativo sobre temas de crimen organizado y seguridad nacional.
El diario llamó el caso de posible espionaje “un hecho sin precedentes y propio de los regímenes autoritarios y dictaduras”.
Las autoridades negaron las acusaciones. Según La Nación de Costa Rica, el subdirector de la OIJ Gerald Campos justificó el rastreo diciendo que existe una investigación penal y la autorización de un juez para investigar a una funcionaria de la agencia, quien acusan de revelar información delicada a Diario Extra sobre dos casos de secuestro que ocurrieron el año pasado.
La Nación agregó que el fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, negó que se tratara de un caso de espionaje o un intento por coartar la libertad de prensa, pero admitió que se ordenó el rastreo porque la información filtrada “puso en peligro la vida de víctimas, testigos e investigadores en dos casos de secuestros”. Según Chavarría, no se intervino el teléfono de periodistas, sino que se buscaron bases de datos para saber los números telefónicos a los que la funcionaria marcó y de los que recibió llamadas, reportó CRHoy.com.
Hernández dijo que cuando los reportajes de Estrada fueron publicados las víctimas de los secuestros ya habían sido liberadas y sus vidas ya no corrían riesgo.
El diario anunció que presentará una demanda contra el Poder Judicial, informó El País de Costa Rica. También considera anteponer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Varias organizaciones de periodismo nacionales e internacionales expresaron su preocupación por el incidente. Dada la posible participación de las altas esferas del poder en Costa Rica, RSF llamó a la creación de una comisión parlamentaria para que investigue las acusaciones del diario.
“Este caso recuerda mucho el escándalo generado por el espionaje que padeció The Associated Press (AP) en Estados Unidos. Estas maniobras, que constituyen violaciones a un pilar de la profesión, como lo es la protección de fuentes, perjudican la seguridad y la labor de los periodistas”, dijo la organización. “Tras la adopción, incluso enmendada, de la muy polémica Ley de Delitos Informáticos, la libertad de información padece otro grave revés en un país donde ésta posee un nivel más bien envidiable”.
En mayo del año pasado, la AP reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos espió las llamadas de cientos de llamadas de la agencia de noticias. El escándalo condujo a una revisión de los protocolos del Departamento de Justicia en cuanto a sus investigaciones relacionadas a la prensa.
Tras la denuncia del Diario Extra, el periodista del rotativo Manuel Estrada también anunció que el año pasado fue golpeado por las autoridades durante un simulacro de secuestro, donde se invitó a los periodistas a participar. Estrada se ofreció como voluntario para el ejercicio y dijo haber sido pateado y lastimado. Las autoridades dijeron que investigarían este incidente.
A principios de 2013, RSF calificó a Costa Rica como el segundo país en el continente americano con más libertad de prensa, después de Jamaica. Sin embargo, la promulgación de la nueva Ley de Delitos Informáticos, que permite imponer penas de prisión a periodistas que revelen “información política secreta”, causó preocupación en el país el año pasado.
Haga click aquí para ver una entrevista del canal de televisión Teletica con la subdirectora de Diario Extra Paola Hernández sobre el caso.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
