Entre las décadas de 1970 y 1980 aproximadamente, los últimos regímenes dictatoriales se desplegaron con toda la represión en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. Varias décadas nos separan de estos hechos, y si bien algunos países – como Argentina – han dado pasos firmes en la conquista de justicia, aún existen miles de familias que no conocen el paradero de sus desaparecidos, y represores sin condenar. Sobre el desafío de informar sobre el pasado reciente en la actualidad, LatAm Journalism Review (LJR) conversó con integrantes del proyecto plancondor.org, una iniciativa que reúne y visibiliza información que estaba dispersa tras años de investigaciones; y con la periodista argentina especializada en derechos humanos, Lucía Cholakian Herrera.
En Argentina le llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”, a lo que en los hechos fueron dictaduras cívico-militares para reprimir y torturar a “los subversivos” o enemigos de los regímenes de los países del Cono Sur de América Latina que trabajaron en conjunto y de forma organizada. Bajo el amparo de la doctrina de Seguridad Nacional, importada de Estados Unidos, y al mandato de las fuerzas armadas latinoamericanas de restituir el “orden interno”, se realizó la violación sistemática de derechos humanos que ocurrió en esa época.
El accionar de los grupos militares y paramilitares se caracterizó por las detenciones ilegales de civiles, secuestros y desapariciones forzadas, encarcelamiento ilegal y en condiciones penosas, tortura física y psicológica, violencia y explotación sexual, asesinatos, y apropiación de bebés. Además, aplicaron políticas represoras y reformas económicas conservadoras.
Tras numerosas investigaciones y archivos que han salido a la luz se conoció más sobre la coordinación entre represores de los diferentes países. Uno de los puntos álgidos fue la creación, en 1976, del centro de represión clandestino “Automotores Orletti” en Buenos Aires, Argentina, donde se encarcelaba y torturaba a refugiados que habían huido de los regímenes dictatoriales de los países vecinos. Igualmente, se coordinaban vuelos clandestinos -popularmente conocidos como “los vuelos de la muerte”- con el fin de desechar los cuerpos de los asesinados en las aguas del Río de la Plata.
A esta campaña de represión política y terrorismo de Estado en el Cono Sur se le llamó Plan Cóndor. Se estableció en 1975 en Santiago de Chile entre los representantes de los regímenes de Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, y contó con el apoyo económico, logístico e ideológico de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
El proyecto plancondor.org es impulsado por defensores de los derechos humanos y académicos que luchan por la memoria, verdad, justicia y no repetición de los hechos ocurridos en el pasado reciente en el Cono Sur de América Latina. (Imagen: Sebastián Santana)
La investigadora italiana Francesca Lessa, a partir del 2013, residió algunos años en Buenos Aires y en Montevideo para monitorear de cerca los juicios contra los máximos represores del Plan Cóndor. Ella es profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y académica referente en el estudio de derechos humanos en América Latina. Luego de una larga y exhaustiva investigación fue amenazada de muerte en Uruguay, junto con otras 12 personas vinculadas al sistema de justicia uruguayo y a la defensa de derechos humanos.
A raíz de esa investigación, Lessa elaboró una base de datos de 805 víctimas del Plan Cóndor, en las que revela que casi el 40% de las víctimas eran militantes políticos y sociales, y que solo el 36% eran guerrilleros o pertenecían a organizaciones armadas. Dicha base de datos se encuentra albergada en el sitio web del proyecto plancondor.org. Además, comprueba los secuestros y traslados ilegales de personas y niños entre los países.
Para el 2022, publicó el libro “Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur”. También se puso en contacto con investigadores y organizaciones sociales que militan por la memoria, verdad y justicia en los diferentes países para reunir en un sitio web el material que recabó en su investigación, y poder visibilizarlo de forma didáctica e informativa.
El proyecto plancondor.org es una iniciativa colaborativa entre la Universidad de Oxford, y las organizaciones Sitios de Memoria Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, pozodeagua de Uruguay, y Londres 38 de Chile. Además de la base de datos de víctimas, el sitio web ofrece un mapeo de la trayectoria de algunas víctimas y lugares importantes para el Cóndor como cárceles y centros de detención y tortura; y un listado de causas y sentencias judiciales en tribunales nacionales e internacionales con información detallada. Además, contiene una reserva grande de documentos de prensa y de organizaciones sociales, archivos estatales, libros, artículos, audiovisuales, e infografías.
“Lo que tiene de original este proyecto, a diferencia de investigaciones académicas sobre el tema, es que el sitio web permite el acceso a toda esta información a un público que no necesariamente es especialista”, explica Mariana Risso, coordinadora de Sitios de Memoria Uruguay e integrante de plancondor.org, a LJR. “Disponibilizando información contrastada y seria, también se facilita la labor de periodistas y de abogados defensores de derechos humanos”.
Desde plancondor.org son muy conscientes del rol que ocupa el proyecto en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la memoria, verdad y justicia. Por eso, Rodrigo Barbano, también integrante del proyecto, explica a LJR: “Recibimos decenas y cientos de aportes de víctimas, y de operadores judiciales y periodistas que buscan tal o cual sentencia. Si estos proyectos funcionan, tienen un rol muy relevante a nivel informativo y en la disputa que se da en los territorios digitales”.
“Argentina, a diferencia de otros países de la región, tuvo un proceso de memoria, verdad y justicia muy grande llevado adelante por el Estado en los últimos 20 años. Es algo que está muy presente para las personas que vivieron la dictadura y para las generaciones posteriores”, explica Lucía Cholakian Herrera a LJR. Ella es periodista especializada en derechos humanos y ejerce el oficio en Buenos Aires.
Desde el punto de vista de la cobertura periodística, Cholakian explica: “Algo interesante es que la transmisión de la memoria y de las historias de la época de la dictadura se van renovando con cada generación. Nunca es redundante contar una historia de nuevo”. Para ella, al cambiar el lenguaje, las referencias, la ciudad y los lugares donde sucedieron los hechos, se tiene nuevas perspectivas para contar las mismas historias.
Pero la periodista hace hincapié en algo fundamental, en que todavía no se resolvió lo que pasó. En Argentina “seguimos teniendo 30.000 desaparecidos, son personas que no sabemos lo que les pasó. Sus hijos, y ahora sus nietos, los siguen buscando. No es nada que se haya estancado en el pasado y se pueda agotar”, dice.
Actualmente, la cobertura periodística del pasado reciente en su país se “ancla mucho en las fechas de aniversarios importantes como el 24 de marzo [el día del golpe de Estado en 1976, que devino en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia] y los avances de los juicios”, explica Cholakian. Y agrega que “los diarios más grandes del país tienen a periodistas asignados para cubrir los juicios de lesa humanidad, y eso se sostiene”.
Justamente, a medida que los juicios avanzan, la periodista considera que van apareciendo nuevas aristas y nuevos enfoques. “Nos hacemos cada vez más preguntas: ¿Qué pasó con las personas trans en dictadura? ¿Y con las mujeres en los centros de detención ilegales?”, se cuestiona. En este sentido, ella cuenta que en los últimos años se alzó la voz de las comunidades LGBTI+ para relatar cómo vivieron la dictadura, y empezaron a identificar a sus desaparecidos. “Se empezó a hablar del número 30.400, que suma las desapariciones de la comunidad LGBTI+”, agrega la periodista.
Para Cholakian, es muy importante seguir informando y produciendo material sobre las violaciones a derechos humanos del pasado reciente. Por eso dice: “no solo es cuestión de mantener la memoria viva, sino de usar los aprendizajes de esa experiencia tan terrible para prevenir la reproducción de violencias en el futuro”. Ella advierte sobre la avanzada de la nueva derecha en los países de la región, que tienen “su rama negacionista y su reivindicación del terrorismo de Estado”.
Finalmente, reflexiona: “Una parte importante de nuestro trabajo es seguir contando estas historias, porque cuando se dejan de contar y se olvidan, se corre el riesgo de la repetición. Hay que mantener esa llama encendida todo el tiempo”.
