Un diputado de Guatemala fue señalado por las autoridades del país como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Efraín Zapón López, ocurrido el 10 de marzo de 2015, publicó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La conclusión fue hecha después de culminada la segunda fase de la investigación del crimen del periodista. Durante esta etapa, las autoridades tuvieron acceso al teléfono de Zapón López cuyos registros daban cuenta de una disputa entre él y el diputado Julio Juárez Ramírez, informaron la Fiscalía General, la CICIG y la Policía Nacional en rueda de prensa el pasado 26 de enero. El origen de la disputa habría sido la negativa de Juárez Ramírez de apoyar la candidatura a diputado de otro hombre al que el periodista sí apoyaba, agregó la CICIG.
Según publicó la CICIG, la disputa se “intensificó” entre los días 27 de febrero y 4 de marzo de 2015. Justo el 4 de marzo en horas de la tarde, Juárez Ramírez se comunicó por primera vez con los negociadores quienes serían los que entraron en contacto con los intermediarios de los sicarios que cometieron el crimen, según la investigación oficial . El 5 de marzo, por su parte, el periodista se comunicó con un fiscal de derechos humanos al que le pidió información de las bases de datos del Ministerio Público sobre el diputado. De acuerdo con las autoridades, el periodista afirmó estar realizando una investigación en contra de Juárez por presunto lavado de dinero.
Al día siguiente, Zapón López publicó en su medio digital El Sur una nota que daba cuenta de deudas que mantendría el diputado con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) del país. La nota también señalaba que el funcionario estaba demandado por el delito de “desobediencia”, informó la CICIG. Para las autoridades, la publicación pudo haber sido percibida por el funcionario “como un riesgo para su postulación como diputado al Congreso de la República de Guatemala”.
El 7 de marzo, los líderes de los sicarios y los negociadores acordaron el pago de 25.000 quetzales (aproximadamente US 3.300 dólares) por el asesinato de Zapón López y se definió la forma del operativo, agregó la CICIG.
El crimen en contra del periodista tuvo lugar a plena luz del día el 10 de marzo de 2015 en el parque central de la ciudad de Mazatenango, frente a la Gobernación de Suchitepéquez. Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta dispararon fatalmente en contra del reportero. En las conclusiones de la investigación, las autoridades señalaron que “la certeza de la impunidad hace que el hecho se cometa en pleno parque céntrico de la localidad”.
El ataque en contra de Zapón López también dejó como “víctimas circunstanciales”, según concluyeron las autoridades, a los periodistas Federico Benjamín Salazar Gerónimo, quien murió, y Marvin Túnchez, quien resultó herido.
El mismo día del crimen, el Ministerio Público informó sobre la detención de Sergio Cardona acusado de ser el que conducía la motocicleta.
En el transcurso de la investigación también fueron capturados Jorge Cabrera, quien habría sido el coordinador del asesinato del periodista junto a Nery López; Artemio de Jesús Ramírez, quien habría participado en la planificación del crimen; y Germán Almicar Morataya, quien habría suministrado la información a Eduardo Mazariegos, presunto autor material del crimen. Mazariegos no obstante se encuentra prófugo, así como Nery López, señalado de ser el líder de la estructura de los sicarios.
Las últimas capturas en el caso tuvieron lugar el 26 de enero con Marco Tulio Cano Reyna y Marco Antonio Paredes Palacios acusados de ser quienes negociaron por parte del autor intelectual con los líderes de los sicarios.
El asesinato de los periodistas fue considerado como un crimen de alto impacto por lo que en marzo de 2016, la Fiscalía General decidió trasladar el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el propósito de que ayudara al Ministerio Público y a la CICIG en la investigación.
Una de las conclusiones de la investigación señala que el “presunto autor intelectual, Juárez Ramírez, vio en el periodista Zapón López una amenaza para la consolidación de su candidatura como diputado distrital y un cuestionamiento a su poder en la zona”.
Teniendo en cuenta que “existen indicios razonables para considerar” que el diputado es el presunto autor intelectual del asesinato del periodista, el Ministerio Público y la CICIG solicitaron un antejuicio para el funcionario. Si el antejuicio es aprobado por la Corte Suprema del país, el diputado perderá su investidura como funcionario público y podrá ser juzgado como ciudadano común.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su satisfacción por los avances en la investigación y señaló que estas capturas demuestran la gran penetración del crimen organizado en el país que lo convierte en una gran amenaza al ejercicio periodístico.
“Esta entidad ha alertado en numerosas ocasiones que son esos actores una verdadera amenaza para el ejercicio periodístico y en muchos lugares han implantado la censura y la autocensura, debido al gran poder que ejercen”, dijo la APG en un comunicado.
La entidad exhortó a la Corte Suprema a “dar trámite de inmediato al antejuicio planteado contra el diputado” como una muestra de decisión de combatir la impunidad.
El aumento de la violencia contra periodistas en Guatemala ha sido un tema de preocupación para organizaciones de defensa de derechos humanos. Para los primeros seis meses de 2015, por ejemplo, se habían registrado 59 ataques contra periodistas en el país, informó en su momento el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua).
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) incluyó a Guatemala en su lista de países más mortíferos para los trabajadores de la prensa para el año 2015. Aunque en 2016 no lo incluyó en la lista, sí preparó un informe especial sobre este país en el que daba cuenta del aumento de la violencia contra periodistas en casos en los que no ha sido posible determinar como causa el trabajo periodístico.
Esta situación ha hecho intensificar la lucha de las organizaciones de la prensa para lograr la implementación de un mecanismo especial para la protección de periodistas, el cual llevan pidiendo por años.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
