Durante el 2024, Uruguay, al igual que otros países de América Latina, atraviesa una campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Preocupados por el contexto de polarización política –a nivel mundial–, diputados oficialistas intentan penalizar la generación y difusión de contenidos engañosos durante este periodo.
El proyecto de ley, que fue presentado recientemente por los diputados Rodrigo Goñi, Sebastián Cal y Felipe Schipani, contiene un artículo único.
Votación durante las elecciones generales de 2014 en Uruguay. (Fisicamartin, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)
Allí buscan castigar a quien genere o difunda contenidos materialmente engañosos mediante imágenes, sonidos o videos, con el propósito de causar daño a un candidato o producir una desinformación notoria en relación a la campaña electoral, con una pena de seis meses a dos años de penitenciaría.
El periodo que establece el proyecto se acota a tres meses antes de las elecciones presidenciales y un mes posterior a esa fecha. También se aclara que no constituirá una conducta delictiva cuando el contenido sea una parodia o sátira, y que quedan exentos de responsabilidad los medios de comunicación y las plataformas digitales.
En diálogo con LatAm Journalism Review (LJR), Goñi expresó que el proyecto hace foco en las noticias falsas generadas con Inteligencia Artificial (IA), también llamadas deep fakes.
“La IA potencia la capacidad de falsificación, en este caso haciéndoles decir y hacer cosas a los candidatos políticos que no han dicho ni han hecho de forma casi imperceptible de si es real o no”, dijo. Por esto es que al diputado le preocupa el acceso generalizado por parte de la sociedad a esta herramienta, y el importante rol de las redes sociales en el debate público y en las campañas electorales.
Las organizaciones de la sociedad civil locales que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información pública, han demostrado su rechazo ante la propuesta por no acatar los estándares internacionales en la materia. Ellos dicen que la criminalización no es la solución frente a la creación y difusión de contenido falso.
Goñi aseguró que hay buena disposición en el Parlamento para avanzar con la propuesta y que esperan que sea aprobada antes de las elecciones presidenciales de octubre en Uruguay.
“No hay ninguna organización seria en el mundo que no advierta los riesgos graves de las fake news para la transparencia de una campaña electoral y la eventual distorsión de la voluntad popular”, dijo Goñi.
La regulación legal sobre la creación y difusión de noticias falsas, según el diputado uruguayo, busca minimizar el problema y prevenir el riesgo que estas puedan causar.
Además, aseguró que la sanción penal es la vía correcta porque en “un mundo donde la polarización [política] es la regla, somos capaces de cualquier cosa para aniquilar al adversario. ¿Podemos pensar que la sanción pecuniaria va a ser suficiente? Yo creo que no”.
Lo importante, para Goñi, no es solo la información, sino “la autenticidad y la veracidad de lo que se dice como un valor social imprescindible para la convivencia”.
El diputado dijo que él practica la “gobernanza anticipatoria”, una forma de prevenir los riesgos que pueda traer, en este caso, el uso de la IA para generar noticias falsas sobre candidatos.
“Proponer cárcel para la creación y difusión de noticias falsas es algo que no se hace desde hace muchos años en la región y que va en contra de todos los estándares internacionales de libertad de expresión”, explicó a LJR Fabián Werner.
El presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), organización local que estuvo presente en la comisión parlamentaria donde se discutió la propuesta, aseguró que este “proyecto de ley se presenta totalmente desproporcionado. Una medida que pretende atacar o combatir una situación que hoy no está planteada con esas dimensiones en Uruguay”.
Lo mismo consideró Gustavo Gómez, director de Observacom, sobre la creación y difusión de fake news o deep fakes en campaña electoral en Uruguay.
“Ninguna de las personas que fuimos a las audiencias dijimos que esto es un problema ni una amenaza en el país. No hay fenómenos extendidos de uso de bots y trolls para afectar a candidatos, partidos políticos o gobiernos”, dijo a LJR.
A Gómez tampoco le parece adecuado “aprobar una ley cada vez que aparece una tecnología, y en este caso no es una tecnología, es una reacción a la creación de deep fakes”.
Cámara de diputados del Palacio Legislativo de Uruguay. (Nachy7, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)
Werner advirtió que será muy difícil rastrear a quiénes han creado y difundido noticias falsas, además de que “creará un foro privilegiado para los candidatos de los partidos políticos, cuando los estándares internacionales dicen lo contrario, ya que las personas en política durante la campaña electoral están en su mayor escrutinio”.
Otro señalamiento del presidente de Cainfo sobre el proyecto es que la gente se va a autocensurar antes de publicar una opinión o noticia sobre un candidato.
“Se genera un peligro de ser enviado a la cárcel cuando las campañas electorales deben ser un debate vivo y vibrante donde la gente participa y se intercambia opiniones”, agregó.
Por eso es que Werner dijo que “la principal consecuencia de una ley como esta es la posibilidad de que la gente opte por no participar en el debate público”.
Gómez agregó que la normativa por su vaguedad y falta de precisión afectará la libertad de expresión, incluso al ejercicio periodístico, porque un periodista puede difundir contenido falso que esté tan bien hecho que no se percate de su falsedad.
Gómez dijo que sí pueden haber sanciones para la creación de noticias falsas, pero que no tienen por qué ser penales, pueden ser sanciones civiles, multas, o sanciones reparatorias. Por ejemplo, en vez de bajar el contenido, marcarlo, darle contexto y avisarle al usuario que ese contenido es manipulado.
Tanto Gómez como Werner, aseguraron que a las plataformas de redes sociales se les debe exigir transparencia, porque pueden ser muy útiles brindando información para identificar a las personas que originen una publicación con contenido falso. Sin embargo, el proyecto de ley propuesto por Goñi y otros diputados, según Werner, exime completamente a las plataformas.
El presidente de Cainfo hizo algunas recomendaciones para prevenir y combatir la creación de noticias falsas por fuera del ámbito penal.
Lo primero que dijo es que es “inevitable negociar con las plataformas” de redes sociales, ya que son los grandes intermediarios entre los creadores y las audiencias.
“Las plataformas se benefician porque quienes difunden noticias falsas pagan por eso. Hay un negocio inmenso ahí, por lo que hay que negociar una solución que incluya a las plataformas”, agregó.
También se refirió a la “alfabetización digital” como un camino que ya han tomado otros países para educar en el uso de las redes sociales. Y en el caso de que el delito ya haya ocurrido, Werner consideró que es más adecuado ir por la vía de lo civil, en vez de lo penal.
Además, desde el 2019 la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene una guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales que se puede consultar aquí.
