Por Zach Dyer
El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) condenó el acoso gubernamental contra periodistas investigativos en Trinidad y Tobago y acusó al ministro de comunicaciones del país de abusar de un reglamento de radiodifusión obsoleto, informó la organización los días 4 y 5 de octubre del presente año.
Los periodistas Denyse Renne del Trinidad Guardian y Asha Javeed del Trinidad Express, fueron objeto de una campaña de desprestigio, dirigida por el gobierno, para infundir "miedo y autocensura" después de que informarán sobre un escándalo que involucra a Jack Warner, ministro de Seguridad Nacional del país caribeño, informó el IPI.
Warner fue acusado de presionar la aprobación de una reforma que protegía a dos importantes donantes del Congreso Nacional Unido (UNC, por sus siglas en inglés), partido que ocupa el poder, de un proceso judicial por lavado de dinero, según el IPI.
La organización, con sede en Viena, informó que los periodistas fueron objeto de comentarios anónimos a través de correos electrónicos que buscaban desprestigiar sus vidas privadas. Warner concedió una entrevista telefónica en la que acusó a los medios de "engañosos" y dijo que los reporteros con un "interés personal" en contra del UNC deberían primero reprocharse a sí mismos, informó el diario Trinidad Express.
El Fiscal General Anand Ramlogan se unió a la disputa, acusando a los medios de ser imparciales con el UNC, de acuerdo con el IPI.
"Los ataques personales en respuesta a los informes noticiosos no son un mecanismo válido o aceptable de desacreditar la información descubierta por los periodistas que simplemente están haciendo su trabajo", publicó la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago en su página de Facebook.
Al final de las espinosas acusaciones del gobierno contra la prensa, el ministro de Comunicaciones del país, Jamal Mohammed, anunció un plan que exige a los medios privados de radio y televisión transmitir mensajes oficiales del gobierno sin recibir compensación, informó el IPI.
La propuesta exigiría que las cadenas privadas transmitan mensajes del gobierno, de hasta cinco minutos de duración, cada hora entre las 6 a.m. y las 6 p.m. "La gente debe saber lo que el Gobierno está haciendo con sus recursos para que puedan tomar decisiones informadas", dijo el ministro Jamal Mohammed en un comunicado. De igual manera afirmó que, si "'la persuasión moral' no tuvo éxito el gobierno consideraría la legislación", según el sitio web del IPI.
La norma propuesta se basa en una concesión de radiodifusión de 2005 que permite al gobierno "razonablemente declarar cualquier asunto o evento para que sea de interés público y exigirle a los medios transmitirlos", según el IPI. A la fecha, el gobierno de la isla nunca ha hecho cumplir dicha normatividad.
Si Trinidad y Tobago sigue adelante con la norma de radiodifusión, se unirá a Venezuela y Ecuador por exigirle a los medios privados que transmitan mensajes gubernamentales sin costo alguno.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
