Guillermo Zuloaga, el mayor accionista del canal de noticias Globovisión, acusó al presidente Hugo Chávez de ordenar su arresto para silenciar las críticas a su gobierno, reportó Reuters. El presidente venezolano había acusado el domingo al dueño de Globovisión, un medio crítico al gobierno, de darse a la fuga tras una orden de arresto dictada en su contra, reportó El Universal.
El empresario, quien además posee varias concesionarias de vehículos, está acusado de usura y asociación delictuosa por almacenar coches en una de sus residencias. Aunque Zuloaga calificó las acusaciones de falsas, según informó Associated Press, una patrulla del servicio de inteligencia se presentó en su casa el viernes para detenerlo, sin encontrarlo, explica El País.
Aparte, las autoridades venezolanas citaron “recurrentes problemas de liquidez” para intervenir el Banco Federal, una entidad privada de mediano tamaño y cuyo dueño también es accionista del cuestionado canal opositor, añade otra nota de Reuters. El gobierno insiste que la decisión no tiene motivos políticos.
Tras la suspension de las transmisiones por cable y TV satelital en enero de RCTV, otro canal opositor, Globovisión es el único medio crítico al gobierno de Chávez que aún sigue en el aire. La orden de arresto contra Zuloaga avivó el debate en torno a la libertad de expresión en Venezuela. Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) expresaron su preocupación por el caso. “Si el gobierno está usando el procesamiento de Zuloaga como un pretexto para silenciar e intimidar a la única televisora crítica, el derecho de los ciudadanos a estar informados se verá seriamente afectado”, advirtió Carlos Lauría, del CPJ.
Por su parte, Guillermo García Ponce, director del Diario Vea, afín al gobierno, acusó a Zuloaga de tergiversar la realidad e intentar manipular a los medios internacionales aparentando que se le persigue por sus ideales y no por sus presuntos delitos, según afirmó en una entrevista difundida por la Agencia Bolivariana de Noticias.
El incidente se suma a la condena a tres años y nueve meses de prisión al periodista Francisco Pérez por los delitos de ofensa a un funcionario público. Pérez fue demandado por el alcalde de Valencia, luego de haber escrito en su columna en el diario El Carabobeño que familiares del edil ocupaban altos cargos municipales. El periodista, que recibió el beneficio de libertad condicional, quedó inhabilitado “profesional y políticamente”, añade la agencia AFP. El fallo ha sido criticado duramente por los medios venezolanos y por asociaciones gremiales, que ven en la sentencia un atentado contra la libertad de expresión.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
